Exencargado de la División de Organizaciones Sociales denunció a exseremi de Gobierno por falsificación
Dos documentos y la misma firma. Fechas distintas. Ese es el núcleo de la denuncia penal que Daniel Oyarzo Vargas presentó este martes ante la Fiscalía de Punta Arenas, acusando que su rúbrica fue extraída de un contrato legítimo e insertada en un documento elaborado para reducir su contrato a honorarios de doce a tres meses, dejándolo fuera de su cargo en la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de Magallanes.
Oyarzo se desempeñaba como encargado de la División de Organizaciones Sociales de la seremi desde 2023. Como cada año, fue convocado a la oficina del entonces seremi Andro Mimica para la renovación de su contrato -del 1 de enero al 31 de diciembre- . “Lo leí en su oficina, lo firmé en su oficina y me fui”, relata.
Solicitó que le enviaran el documento digitalizado. El 26 de enero de 2026 recibió ese contrato desde el Ministerio: fecha de término, 31 de diciembre, con su firma. El 1 de abril llegó a la oficina y encontró una notificación: su contrato había terminado el 31 de marzo.
Al revisar la resolución adjunta, encontró un contrato con su firma -la misma firma- pero con una fecha distinta. Ese documento era el que había sido enviado a Contraloría para tomar razón. “Acá está el contrato que yo firmé con fecha 31 de diciembre y acá está el contrato que me envía el ministerio que dice 31 de marzo”, explica.
“La falsificación de una firma es un delito. Y el uso de esa firma en ese instrumento falso también es otro delito”. Lo que agrava el caso es que el documento falsificado no quedó en el ámbito interno -fue enviado a Contraloría- .
“En enero ya fue enviado un documento falsificado a nivel central”, afirma. Oyarzo pide al Ministerio Público que investigue la trazabilidad completa del contrato desde su origen en Santiago hasta su ingreso a Contraloría, y ha solicitado la intervención de la Brigada de Delitos Económicos y el Laboratorio de Criminalística de la PDI. La versión de Mimica El exseremi rechazó cualquier vinculación con los hechos en conversación con La Prensa Austral.
Su argumento central es institucional: “Ni el seremi actual, ni yo, ni los seremis anteriores de la Secretaría General de Gobierno tienen poder de firma. Eso se ve directamente entre el funcionario y la Subsecretaría”, indicó el exseremi de Gobierno, Andro Mimica. Agrega que no participó en el proceso contractual: “Yo no participé como ministro de fe, ni como notario, nada.
Cualquier problema que haya tenido con los contratos, está en la justicia, que se investigue”. Por otro lado, Mimica confirma que solicitó la salida de Oyarzo antes del cambio de mando. “Le solicité la renuncia tal como a mi jefe de gabinete y a mi encargada de comunicaciones, porque era un cargo de confianza”, explica.
Ante la denuncia propiamente tal, es directo: “Acá evidentemente viene con un tinte político por fuera. Me trata de involucrar en algo que no tengo por dónde”, indicó Mimica. Un historial de conflicto La denuncia de este martes no es el primer episodio que enfrenta a Oyarzo con la administración de Mimica.
En febrero pasado, La Prensa Austral informó que una denuncia Ley Karin había sido presentada contra el entonces seremi por una funcionaria identificada con las iniciales D. O. V.
-que corresponden a Daniel Oyarzo Vargas- . Esa denuncia fue resuelta y desestimada por el propio Ministerio Secretaría General de Gobierno mediante la Resolución Reservada N°35/2026, de fecha 25 de febrero. En esa instancia, Oyarzo acusaba restricciones para aparecer en medios de comunicación y haber sido excluido de grupos de coordinación interna, entre otras conductas que calificó como acoso laboral.
Los plazos del caso son reveladores. El contrato habría sido manipulado en enero -dos meses antes del cambio de mando, pero en plena gestión saliente- y fue Oyarzo quien se negó a renunciar cuando Mimica se lo solicitó. “A mí no me corresponde calificar las intenciones”, dice el denunciante Oyarzo.
“Fue una falsificación de firma y eso es lo que pido que se investigue”, agrega. La causa penal fue ingresada este martes. Aún no tiene fiscal asignado.
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