Ex gobierno de Boric se defiende por auditoría a Plan Habitacional: "Observaciones apuntan a riesgos, no a irregularidades"

Esto, según publicó Meganoticias, en referencia al Informe Final N°421, como resultado de una exhaustiva auditoría a las compras de terrenos realizados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre mayo de 2022 y diciembre de 2024. De acuerdo al citado medio, el informe de 149 páginas "la adquisición de suelos para el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) estuvo marcada por irregularidades sistemáticas, descontrol de precios, incumplimientos de procedimientos legales y una opacidad de la gestión que el propio organismo fiscalizador califica como 'contraria a los principios de eficiencia, eficacia y control' que exige la ley a toda administración del Estado", señala el reportaje. Entre los hallazgos se destaca que "el reglamento que la ley exigía en 180 días nunca se dictó, y aun así el Minvu compró más de 600 hectáreas de terrenos sin marco legal".

También se detalla que "el 42% de esas compras se hizo en regiones donde el propio plan decía que no se necesitaban suelos. En la Región Metropolitana, varios predios se pagaron el doble del valor de referencia. En La Florida, más del triple".

Asimismo, se habría detectado que en 6 terrenos de la RM se pagó el doble del valor de referencia. "El informe no califica operaciones como ilegales" Consultado por Emol sobre estos hallazgos, Vicente Burgos Salas, ex jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu (entre 2022 y 2026), departamento que estaba a cargo de la gestión de suelo, entregó una declaración pública al respecto. "En relación con la nota emitida por Mega Investiga con fecha 15 de abril de 2026, basada en el Informe Final N° 421 de la Contraloría General de la República sobre la gestión de suelo del Plan de Emergencia Habitacional (PEH), declaramos lo siguiente: Valoramos el rol fiscalizador de la Contraloría y reconocemos que su informe constituye una auditoría seria, que identifica aspectos procedimentales susceptibles de mejora en la gestión de suelo.

Dichas observaciones serán abordadas con la responsabilidad institucional que corresponde", plantearon. Sin embargo, "manifestamos nuestra preocupación por la forma en que el contenido de dicho informe ha sido presentado públicamente, construyendo un relato que excede lo que el propio documento establece", sostienen. "En primer lugar, es importante precisar que el Informe N° 421 no ordena la invalidación de actos administrativos, ni la restitución de recursos, ni califica operaciones como ilegales.

Las medidas instruidas son de carácter prospectivo y procedimental, orientadas a fortalecer mecanismos de control, supervisión y gestión futura", señalan. Agregan que "el concepto de 'sobreprecio', utilizado en la nota, no aparece en el informe. Los valores de adquisición observados fueron respaldados por tasaciones comerciales, incluyendo informes de entidades externas, conforme a los estándares técnicos vigentes.

Las observaciones de la Contraloría apuntan a riesgos presupuestarios derivados de la ausencia de rangos formales, no a irregularidades en los precios pagados". Respecto del marco normativo, enfatizan que "los mecanismos utilizados para la adquisición de terrenos fueron habilitados mediante glosas de las Leyes de Presupuesto aprobadas por el Congreso Nacional en los años 2022, 2023 y 2024. La observación relativa a la falta de un reglamento específico corresponde a una materia reconocida como compleja, cuya resolución ha trascendido distintas administraciones".

En cuanto a la distribución territorial de las compras, enfatizan que "estas respondieron, en parte, a una estrategia de conformación de reservas de suelo para facilitar el desarrollo de proyectos futuros, en línea con las facultades que la legislación vigente otorga al Ministerio". "Del mismo modo, la existencia de terrenos sin proyecto habitacional inmediato no constituye un abandono ni un uso indebido de recursos, sino que refleja la naturaleza del ciclo de desarrollo habitacional, donde múltiples variables técnicas y sociales se resuelven en etapas posteriores a la adquisición del suelo", remarcan. Agregan que las observaciones relativas a las Mesas Regionales de Coordinación de Suelo "dicen relación principalmente con deficiencias en los registros y trazabilidad de las sesiones, y no necesariamente con la inexistencia de instancias de coordinación".

"En síntesis, el Informe N° 421 identifica oportunidades de mejora en la gestión, pero no establece los hechos ni las calificaciones que han sido difundidas públicamente", enfatizan. Por último, expresan que "reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos y el fortalecimiento continuo de los procesos institucionales. Llamamos a un tratamiento responsable de la información técnica, que distinga con claridad entre los hallazgos de los organismos fiscalizadores y las interpretaciones que puedan derivarse de ellos", cierran.