¿Escuelas vigiladas o escuelas educadoras?

Ante esto, surgen propuestas que buscan asegurar la protección de los niños y de toda la comunidad escolar. Algunos sugieren medidas similares a las de los conciertos, los estadios o aeropuertos: detectores de metales, revisión de mochilas. Una madre que trabaja en la educación me dice con claridad: “si un niño violento agrede a su hija, la pregunta inmediata será por qué la escuela no hizo nada”.

La violencia —psicológica, verbal y física— existe, y no solo afecta a los estudiantes. También a profesores, auxiliares, directivos. En su testimonio aparece incluso una rectora que dejó de atender presencialmente por miedo a ser agredida.

La situación es grave. Y la preocupación de los padres es razonable. Sin embargo, no todos están de acuerdo con estas medidas.

Un dirigente poblacional advierte que pueden vulnerarse derechos fundamentales, especialmente tratándose de menores de edad. “¿Bajo qué criterio se decide a quién revisar y a quién no? ¿Qué tipo de sociedad se configura cuando la sospecha se instala en la entrada de una escuela?

”. La comparación con los aeropuertos no es del todo pertinente: allí los usuarios son adultos que consienten ciertas condiciones. En un colegio, en cambio, se trata de niños, incluso de kínder.

La distinción es relevante. Además, estas medidas pueden abrir una discusión más amplia, ya conocida en el país: la de la detención por sospecha. ¿Se revisará más a quien viste de cierta manera, a quien proviene de ciertos sectores?

El riesgo de discriminación no es menor. Y, como señala el mismo dirigente, hay un trasfondo más profundo: “una sociedad que, frente al miedo, está dispuesta a ceder derechos a cambio de seguridad”. Las encuestas lo confirman.

Y en ese terreno, las respuestas tienden a ser cada vez más policiales. Pero, en medio de estas posiciones, hay una convicción que no puede perderse: es la educación la que está fallando. Así lo expresa con fuerza un psicólogo experto, quien vive también en el mundo popular, quien ve en estas propuestas no solo una respuesta insuficiente, sino el signo de un fracaso más hondo: “la incapacidad de abordar el dolor de la infancia y la juventud, del cual la violencia es solo un síntoma”.

Por eso, antes de multiplicar los dispositivos de control, convendría preguntarse por las causas. ¿Qué está pasando en las familias, en las comunidades, en las escuelas mismas? ¿Por qué los vínculos se han deteriorado al punto de que la agresión parece una salida posible?

Lo dice el mismo dirigente: “es necesario volver a conversar, a conversar y a conversar. No hay atajos para recomponer el tejido social”. Cabe, entonces, una advertencia.

Una sobrerreacción —por comprensible que sea— puede terminar reforzando la sensación de vivir en una sociedad histérica y peligrosa, donde la única salida es la vigilancia permanente. Y en ese camino, los más pobres corren el riesgo de ser tratados como sospechosos antes que como niños que necesitan ser educados y cuidados. Se trata, en definitiva, de no perder el horizonte.

La seguridad es necesaria. Pero una escuela no puede convertirse en un espacio de control policial sin renunciar a su misión más propia: educar. Y educar supone algo más difícil, más lento y más decisivo: formar personas capaces de convivir, de respetar y de reconocer al otro como un hermano.