Escuelas protegidas: ¿solución o ilusión?

Nuestro país, fiel a su lógica reactiva, vuelve a intentar erradicar un problema estructural mediante la aparente solución de un mágico libro llamado “Código Penal”. La nueva propuesta del Gobierno, denominada “escuelas protegidas”, busca enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales, como quien pretende llegar a la meta mediante un atajo, sin recorrer el camino completo. La violencia que hoy vemos en los colegios no es un fenómeno aislado, ni tampoco uno que debiese sorprendernos.

Era solo cuestión de tiempo para que se hiciera evidente, incómoda a la vista, y recién entonces decidiéramos hacernos cargo. Lo que ocurre en los colegios es, en realidad, el reflejo de una sociedad que, de forma sostenida, ha ido cediendo terreno frente a la violencia. Hace apenas una década nuestras calles comenzaron a cambiar: lanzazos, motochorros, encerronas y portonazos pasaron a formar parte de nuestra vida cotidiana.

Hoy, ese mismo fenómeno ha cruzado las rejas de los colegios. Y cuando la violencia se instala, lo hace para quedarse. Tal como ocurrió en los estadios y eventos deportivos, se arraiga y se vuelve difícil de erradicar simplemente con programas como “Estadios Seguros” o, en este caso, “Escuelas Protegidas”.

Más que eliminarla, terminamos aspirando, modestamente, a contenerla o, en el peor de los casos, a que no se expanda tan rápido. Frente a esto, la respuesta penal produce un efecto placebo, inmediato y aparentemente eficiente, pero más sonoro que concreto, que más allá de provocar una calma superficial, no cura la enfermedad. La experiencia ya lo ha demostrado.

Si revisamos, por ejemplo, el efecto de la llamada “Ley Emilia”, veremos que logró, en sus primeros meses, una baja relevante en la conducción en estado de ebriedad. Sin embargo, sin un soporte real de políticas públicas y cambios culturales, ese efecto se diluyó con el tiempo. La gravedad del problema que enfrentamos es estremecedora.

Si la violencia no se erradica realmente de los colegios el futuro de toda nuestra sociedad se compromete, porque donde se debe enseñar, se terminará enseñando violencia. No debemos olvidar que niños y jóvenes aprenden más del ejemplo que de la cátedra, siendo más receptivos a lo que ven que a lo que leen o escuchan. He ahí la real gravedad de la situación.

A lo anterior se suma una deficiente técnica legislativa que, pese a sus buenas intenciones, pretende solucionar problemas estructurales con respuestas simples. El proyecto cae en una simplificación preocupante, que obliga a preguntarse si realmente se comprende el problema de fondo. Agravar las penas de delitos por el solo hecho de cometerse en un establecimiento educacional en nada contribuye a resolver la crisis y más bien evidencia que no se está atacando su raíz.

Se agravan, por ejemplo, con esta genérica redacción y como consecuencia de esta pobre técnica legislativa, hurtos, robos o delitos sexuales, que no constituyen el núcleo del fenómeno de violencia que se pretende enfrentar. Además, se introducen medidas como la revisión de mochilas, instalando desde temprana edad una tensión compleja entre seguridad y privacidad que los menores difícilmente pueden dimensionar y que, sin duda, incidirá en su desarrollo como individuos. Normalizar la intervención en la esfera íntima de los estudiantes tendrá efectos profundos que, como sociedad, no nos hemos detenido a pensar, y que moldearán la forma en que las futuras generaciones entenderán sus derechos.

La pregunta de fondo sigue intacta: ¿queremos dar una señal simbólica o enfrentar seriamente el problema?