“Escuelas Protegidas”: proyecto avanza al Senado pero oposición iría al TC

El gobierno salió a respaldar el diseño del proyecto "Escuelas Protegidas ", luego de las críticas surgidas durante su tramitación, destacando su carácter “flexible” como un elemento clave para su implementación en los establecimientos. Desde el ejecutivo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el respaldo transversal que obtuvo la iniciativa en su primer trámite, aunque defendió la estructura del texto frente a quienes han cuestionado la falta de mayor detalle en sus disposiciones. Según explicó la autoridad, una regulación excesiva puede terminar dificultando la aplicación práctica de las medidas propuestas.

En ese sentido, indicó que el proyecto busca evitar una sobrecarga normativa que complique a las comunidades educativas al momento de enfrentar situaciones complejas, como hechos de violencia al interior de los recintos. “Existe la tentación de querer sobreregular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas. Por eso hemos optado por un proyecto que no entre tanto en detalle y que permita a los colegios incorporar, en sus reglamentos internos, herramientas para prevenir y abordar estos casos”, señaló.

La ministra agregó que el enfoque apunta a entregar mayor autonomía a los establecimientos, de modo que puedan adaptar las medidas a sus propias realidades, sin quedar sujetos a exigencias que resulten difíciles de cumplir. En ese sentido, la diputada Paula Olmos del PDG, afirmó que su partido "no está en contra de la seguridad, pero sí vamos a velar por cuidar a nuestros docentes y asistentes de la educación, este proyecto tiene vacíos importantes y no fuimos escuchados donde correspondía”. Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri cuestionó el rechazo de indicaciones que — según planteó — buscaban establecer límites y garantías mínimas para estudiantes.

Entre ellas, mencionó la necesidad de evitar revisiones forzosas a menores de 14 años, limitar el contacto físico, resguardar la privacidad, incorporar a apoderados y establecer controles al actuar policial. Con este escenario, la iniciativa continuará su tramitación en el Senado, en medio de un debate que no solo ha generado tensiones en el Congreso, sino que también abre la puerta a eventuales acciones ante el Tribunal Constitucional como lo anunciaron algunos parlamentarios de oposición, quienes acusan que la propuesta viola algunos derechos fundamentales.