Escuelas Protegidas en suspenso tras choque por gratuidad, “antipobres” y “estallido delictual”

El proyecto “Escuelas Protegidas” no logró despejar su votación este lunes en la Cámara de Diputados y quedó finalmente para este martes, en una jornada que estuvo lejos de ser ordenada y que terminó exhibiendo el nivel de ruido político que arrastra la iniciativa del gobierno de José Antonio Kast. La sesión, que se extendió por horas y tuvo 83 diputados inscritos para intervenir, terminó desbordando los tiempos legislativos y obligando a postergar la definición. En los hechos, el Ejecutivo llegó con la expectativa de avanzar con rapidez, pero terminó enfrentando un debate largo, cruzado y con votos aún en duda.

El gobierno estuvo representado en Sala por los ministros José García y María Paz Arzola, además del subsecretario Daniel Rodríguez. Y fue precisamente Arzola una de las que marcó el tono más duro del día, al defender el eje más controvertido del proyecto —la pérdida de gratuidad para estudiantes condenados por violencia escolar— con una frase que encendió de inmediato la polémica: “Si usted no quiere perder el acceso a la gratuidad, entonces piénselo dos veces antes de cometer un delito”. La declaración fue rápidamente cuestionada por sectores de la oposición, que acusaron un enfoque punitivo y advirtieron que el proyecto cruza la línea entre convivencia escolar y sanción social, especialmente por el impacto directo en el acceso a beneficios educativos.

“Antipobres” El debate ya venía cargado desde antes. El proyecto busca fortalecer las atribuciones de los establecimientos educacionales, incluyendo revisión de mochilas bajo protocolos, sanciones por interrupción de clases, facultades disciplinarias ampliadas para docentes y la prohibición de elementos que impidan la identificación de estudiantes, como capuchas o pasamontañas. A eso se suma el punto más sensible: condicionar la gratuidad en educación superior a no tener condenas por delitos asociados a violencia o daño a la infraestructura pública.

Ese diseño ha generado un efecto dominó político. En la oposición, la diputada Daniela Serrano (PC) lo calificó como una iniciativa “antipobres” e “inconstitucional”, acusando que en lugar de resolver la violencia escolar, “enfrenta a las comunidades educativas” y abre flancos en materia de derechos. La respuesta no tardó en llegar desde Chile Vamos.

Diego Schalper (RN) salió a cuestionar esa crítica y devolvió el golpe político con dureza: “Lo único antipobres que conozco es un sector político que ha capturado los liceos públicos del Estado al servicio de la violencia”, marcando uno de los cruces más tensos de la jornada. “Estallido delictual” El clima se siguió caldeando cuando la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, llevó la discusión a un plano aún más político al vincular la discusión con el expresidente Gabriel Boric, acusándolo de haber “liderado un estallido delictual” y responsabilizándolo de la escalada de violencia en establecimientos educacionales. Sus dichos obligaron a la mesa a intervenir para llamarla a ceñirse al proyecto.

Cabe mencionar que el debate legislativo se complicó por el alto número de indicaciones y solicitudes de votación separada, especialmente en el artículo que regula la pérdida de gratuidad. El Ejecutivo incluso pidió a sus propias fuerzas no introducir nuevas indicaciones en esta etapa, buscando ordenar el trámite y dejar los ajustes para el Senado, pero el control político se volvió difícil en una Cámara fragmentada. La incertidumbre también se trasladó a los votos.

El PDG aparece dividido y el PS con reparos. El PC ya adelantó que evalúa ir al Tribunal Constitucional por posibles problemas de inconstitucionalidad, mientras otros sectores siguen abiertos a negociar algunos cambios. Con ese escenario, el proyecto “Escuelas Protegidas” llega a su votación de este martes con un cuadro abierto: un Ejecutivo intentando ordenar su coalición, una oposición parcialmente dispuesta a negociar pero con advertencias constitucionales, y un Congreso que terminó convirtiendo una discusión sobre convivencia escolar en una disputa política de alto voltaje.