Escudo Fronterizo con problemas de caja para financiamiento permanente

A menos de una semana de asumir el cargo, el Presidente José Antonio Kast llegó este lunes hasta la Región de Arica y Parinacota para dar el puntapié inicial a la ejecución del Plan Escudo Fronterizo, una de sus más mediáticas promesas de campaña y que es en realidad un plan completo antimigración irregular, con proyectos de ley, decretos, obras y retroexcavadora. Acompañado de una comitiva de ministros de Estado, el Mandatario encabezó la inauguración de la iniciativa que forma parte de los primeros decretos firmados tras su arribo a La Moneda. “Hoy comienza a tomar forma este plan fronterizo, que no solo contempla las obras visibles a nuestras espaldas y otras complementarias, sino también una serie de medidas administrativas y legislativas que se irán implementando en los próximos días”, anticipó el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

De acuerdo con las proyecciones del Ejecutivo, el sistema de obstáculos alcanzaría una extensión de 500 kilómetros en distintos puntos de la frontera norte. En Arica –donde actualmente existen cerca de tres kilómetros de zanja– la meta de la primera etapa es ampliar esa longitud a 30 kilómetros en un plazo de 90 días. En paralelo, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, estrenaba su cargo en el Congreso, mediante el ingreso de una batería urgencias legislativas a 20 proyectos que ya se encontraban en tramitación en materias de seguridad, migración y crimen organizado El Ejecutivo puso urgencia al proyecto que busca tipificar el ingreso irregular al país como un delito, con el objetivo de que la Cámara lo despache en seis días mediante discusión inmediata.

Asimismo, La Moneda impulsará modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería para limitar el acceso de extranjeros irregulares a beneficios sociales. Si bien el titular de la Segpres afirmó que el objetivo es impedir, por ejemplo, la postulación a proyectos y a distintos beneficios de carácter social, se mantendrán derechos como educación y salud. De esta forma, los anuncios responderían a una primera fase de Escudo Fronterizo, donde además –según las autoridades– se ingresarán al Parlamento iniciativas que tienen relación con sanciones a quienes transporten o trasladen a migrantes irregulares.

Dudas sobre el financiamiento de la expulsión masiva: “Pretendemos sacarles los recursos de la AFP” Otra de las etapas que contempla el documento publicado durante el periodo de campaña implica la instalación de “centros de internación y expulsión de inmigrantes ilegales”, con el fin de retener a toda persona en condición irregular a la espera de “su expulsión inmediata”. Hasta el momento, según lo comunicado desde el Ministerio del Interior, no estaría en agenda el anuncio de esta medida, por lo que se sumaría a una serie de puntos cuya materialización quedaría pendiente, entre ellos, sanciones a ONGs que “entorpezcan” procesos de expulsión, o la prohibición del arriendo de viviendas y del envío de dinero fuera del país. Consultado por El Mostrador, el exdiputado y futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, adelantó parte de las prioridades que tendrá el servicio durante la actual administración y que se suman a las medidas anunciadas.

La autoridad afirmó que existen 37. 564 órdenes de expulsión, con decretos firmados, que serán materializadas, además de un inicio de procedimiento de expulsión que llega a más de 85 mil personas. No obstante, Sauerbaum advirtió la urgencia de conseguir financiamiento permanente para acelerar los procedimientos, considerando que cada una de las expulsiones tiene un costo de 3 millones de pesos aproximadamente.

“Además, tenemos que llegar a un acuerdo consular, ojalá con Venezuela, para que reciban a los expulsados. La mitad de los expulsados que hoy tienen un decreto firmado son justamente venezolanos. Se debe llegar a un acuerdo similar al que se tiene con Bolivia, Perú y Colombia, para que reciban a los expulsados”, declaró.

El futuro director de SERMIG afirmó que el servicio cumplirá un rol activo en fiscalización, por lo mismo, propondrá al Presidente de la República el control de personas que trabajan en Chile siendo irregulares. “Hoy en día hay cientos de personas que tienen un contrato de trabajo, pagando incluso sus cotizaciones previsionales, y tienen su situación migratoria irregular. Eso vamos a modificarlo, porque es un incentivo perverso para que entren inmigrantes”, dijo.

“También hay un proyecto de ley que sanciona el traslado de personas ilegales. Hay todo un negocio en torno a las personas que atraviesan ilegalmente la frontera, y ese es un proyecto que está presentado en el Congreso ya hace largo tiempo y el Gobierno le ha dado suma urgencia también para tramitarlo pronto”, añadió. Cabe mencionar que uno de los aspectos que ha generado mayor incertidumbre, a propósito del estado actual de las arcas fiscales, es la forma en que se financiarán las expulsiones masivas.

Al respecto, Sauerbaum reafirmó que se buscará que los propios migrantes asuman el costo de sus pasajes. “En algunos casos lo van a pagar ellos, los que están cotizando, pretendemos sacarles los recursos de la AFP, e incluso entregárselos para que se los lleven, y seguramente una parte de eso va a poder solventar el gasto”, dijo en entrevista con T13. Además agregó que quienes salgan voluntariamente podrían tener un beneficio y rebajar, por ejemplo, la pena que hoy día existe por entregar ilegal a Chile.

“Cuando entras ilegal al país y sales no puedes volver a entrar en cinco años. Eso lo podemos conversar con el Presidente para buscar flexibilidad”, puntualizó. “Las medidas no apuntan a gestionar la migración irregular que ya existe en Chile” Sin embargo, a juicio de expertos, las acciones implementadas por el Gobierno hasta ahora no se hacen cargo de la cuenta regresiva para la expulsión de inmigrantes irregulares que el Presidente Kast utilizó como su principal bandera de campaña.

“Hay que tener muy en cuenta de que estas medidas no apuntan y no son suficientes para gestionar la migración que hoy día tenemos en nuestro país”, afirmó Olaya Grau, profesora asociada de la Escuela de Trabajo Social UC e investigadora principal núcleo milenio MIGRA. En conversación con El Mostrador, la también directora del Centro de Políticas Migratorias advirtió que hay que igualmente mirar “qué se está haciendo hoy día con la gente que ya está en Chile, ya que no es suficiente pensar en barreras físicas y en escudos fronterizos cuando tenemos un gran número de población migrante que efectivamente está en situación irregular, pero en condiciones muy precarias y donde no se han impulsado medidas para su integración, en pro de la cohesión social”. “En ese sentido, pensar en una política migratoria integral creo que debe ser siempre el eje de cualquier medida que intente de alguna forma cuidar y resguardar que la migración sea regular, esté ordenada y que las personas que ya están en nuestro país puedan tener una mejor condición de vida”, indicó.

Por otro lado, Grau señaló que el tipificar el ingreso clandestino como delito no es una solución efectiva. “Antes de la ley actual ya teníamos esta tipificación y costaba mucho más realizar expulsiones, ya que era mucho más engorroso para el Estado. Tampoco tuvo un impacto en la migración irregular.

Y, por otro lado, también hay que tener en cuenta los posibles efectos negativos que tienen este tipo de medidas. (…) Evita que las personas migrantes entren en contacto con el Estado y eso también es muy perjudicial, porque de alguna manera favorece la invisibilización de los migrantes y limita las posibilidades de acceso a la institucionalidad”, agregó. En relación con los eventuales centros de internación, la experta enfatizó que “la evidencia muestra que los lugares que tienen estos centros acumulan mucha población extranjera, donde termina siendo muy difícil la gestión migratoria justamente de esa población”.

Asimismo, afirmó que son espacios que “muchas veces caen en vulneraciones de derechos”, además de ser una medida con “un costo bastante alto, lo que impactaría las finanzas públicas”. En esa línea, el exdirector del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Sandoval, también advirtió que la zanja contemplada en el plan Escudo Fronterizo implica altos costos de mantención, debido a las condiciones geográficas del desierto. En entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler, Sandoval insistió en que el tema del control fronterizo no es equivalente al control migratorio.

“Lo que se logra con el control fronterizo –si es que funciona– es que haya menos aumento de la migración irregular, pero no hace nada para resolver la migración irregular que ya se encuentra en Chile, y estamos hablando de más de 400 mil personas”, afirmó. El exjefe de Extranjería criticó que, independientemente de las medidas anunciadas, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta sobre cómo se materializará la expulsión masiva que el Presidente José Antonio Kast prometió a la población. “Mientras él muestre dureza, como la que está mostrando en la frontera, va a tener un espacio político que es mayor al espacio material que tiene para cumplir lo que ofreció.

Yo soy un convencido de que tarde o temprano este Gobierno va a tener que dar un mecanismo de regularización, le va a poner otro nombre como un visado especial, pero de algún modo va a tener que dar una salida administrativa. No veo viable la gestión de la migración en Chile, la gestión social del territorio, sin una respuesta para estas más de 400 mil personas”, sentenció.