¿Es Chile un "país rentable para secuestros"?: Parlamentarios coinciden con Valencia, pero la PDI matiza

La madrugada del pasado miércoles, un empresario de 84 años de San Miguel fue encontrado en Colina tras estar ocho días en cautiverio, caso que encendió las alarmas en los equipos policiales e investigativos. El hecho, que marcó un precedente en la configuración del delito en el país, terminó con cuatro sujetos detenidos -tres venezolanos y un chileno-, quienes durante el secuestro golpearon a la víctima, provocándole lesiones en su cabeza, enviaron videos extorsivos y consiguieron depósitos que superarían los $40 millones, de acuerdo con El Mercurio. Este sábado, el Fiscal nacional, Ángel Valencia, dio un duro diagnóstico al describir el escenario actual del país frente a la evolución del delito de secuestro, cuya configuración ha avanzado hacia estructuras más organizadas y con mayor planificación, explicó la autoridad.

En diálogo con T13, Valencia señaló que "estamos enfrentando un fenómeno que ha ido incrementándose en la capacidad logística y número", que "no hemos conseguido detener el aumento de secuestros extorsivos" y que "Chile es un lugar rentable" para cometer este delito. Frente a ello, no solo la preocupación a nivel nacional aumentó, sino que parlamentarios del diverso espectro político, si bien consideraron "profundamente preocupantes" las declaraciones del Fiscal Nacional, "lamentablemente" dicen algunos, coinciden con él. "Estamos llegando tarde" El consenso entre parlamentarios integrantes de las comisiones de Seguridad del Senado y de la Cámara Baja es claro: el aumento de este delito "resulta especialmente preocupante".

Así lo cataloga el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien sostiene que el delito se posiciona como "uno de los preferidos por organizaciones criminales transnacionales presentes en el país". "A ello se suma la interrogante sobre la cifra negra de secuestros que no son denunciados, ya sea por temor a represalias o por la percepción de ineficacia del sistema penal. Lamentablemente, hoy se advierte una preocupación centrada principalmente en la persecución del delito, dejando en segundo plano la prevención, que constituye el principal desafío", sostiene Longton.

Cristian Araya (P. Rep), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara Baja, le atribuye la responsabilidad al Gobierno anterior, argumentando que "somos 'rentables' porque el expresidente Gabriel Boric instaló una oferta irresistible para el crimen organizado: fronteras abiertas, policías de manos atadas y una justicia que muchas veces parece más preocupada de los derechos del delincuente que de la vida de las víctimas". "Cuando el riesgo de delinquir es bajo y la ganancia es alta, el resultado es el que estamos viendo hoy: una expansión del crimen organizado y delitos como el secuestro extorsivo que antes no existían en Chile.

Pero esto no se revierte solo con más policías. Se requiere un Ministerio Público firme que investigue y persiga con decisión, y tribunales que aseguren sanciones ejemplares y oportunas. Cuando el delito no tiene consecuencias, se incentiva su crecimiento", añade.

Con el Fiscal también coincide el diputado Mauro González (RN), quien dice que sus declaraciones "son profundamente preocupantes. Hoy el secuestro dejó de ser un delito entre bandas para transformarse en una amenaza real para cualquier familia chilena. Y eso exige actuar con decisión".

"Desde Renovación Nacional impulsamos un proyecto de ley antisecuestros que busca endurecer las sanciones, reducir los plazos para configurar este delito y entregar más herramientas a las policías y al Ministerio Público para perseguir eficazmente a estas bandas. Aquí no basta con diagnosticar el problema. Se requiere voluntad política y urgencia legislativa", agrega, en relación a la propuesta formulada los últimos días por la bancada republicana.

A ellos se suma el diputado Enrique Bassaletti (IND-P. Rep), quien dice que "compartimos hace muchos años el diagnóstico". "El Tren de Aragua no llegó la semana pasada.

Entró, se instaló y consolidó sus células en Chile mientras no se trataba la crisis migratoria con fuerza y el control fronterizo era débil", manifiesta. "No vemos una reacción por parte del Gobierno" El diputado Patricio Pinilla (DC) también, "lamentablemente" coincide con Ángel Valencia, y apunta al Gobierno actual. "Lo hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo, de que se está notando un aumento de los directos más complejos, homicidios, secuestros, extorsión.

Están aumentando el número, cantidad, frecuencia y peligrosidad. Y, sin embargo, no vemos una reacción por parte del Gobierno. Hay una ministra de seguridad que justamente debe encargarse de estos temas, y su actuar ha sido más bien enfocado en otras temáticas y explicaciones y acciones que no tienen que ver mucho con la mejora en materia de seguridad", añade.

Por ello, dice, se "justifica plenamente la citación a sesión especial de la Cámara que hemos hecho para el 19 de mayo, con otros diputados y diputadas, para que la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, pueda dar explicaciones adecuadas de lo que es hoy día ese plan para enfrentar esta nueva situación de delincuencia, que lejos de disminuir ha aumentado. El principal responsable es el Gobierno". Juan Marcelo Valenzuela, jefe de la bancada PDG, también dice que "las declaraciones son absolutamente preocupantes, y los números también lo son.

Del 2014 al 2024, hay más de 6. 000 delitos de secuestro ingresado a fiscalía. En promedio, eso significan 50 secuestros mensuales, más de 1 diario.

Por tanto, este delito lo que ha mostrado es que se ha ido sofisticando, perfeccionando, incluso complejizando en el sentido operativo. Las organizaciones criminales tienen la capacidad de poder tener en cautiverio a una persona 8 días". "Eso habla de que estamos llegando tarde como autoridades, estamos llegando tarde como sociedad", agrega.

Desde la oposición, Raúl Leiva (PS) también comparte con Valencia "lo preocupante y complejo que es el tema de secuestros extorsivos en nuestro país". "Es un tema muy complejo y que desconocemos de alguna política pública o algún proyecto de ley que haya ingresado al Congreso Nacional para hacerse cargo de estas materias, que son fundamentales y tienen que ser desarrolladas de manera proactiva, y no reaccionando frente a la realidad", cuestiona. Bajo costo punitivo No solo parlamentarios, sino que expertos en seguridad, quienes conversaron con Emol, también dan un diagnóstico complejo en cuanto al alza de los secuestros en Chile.

Y, si bien algunos coinciden con la "rentabilidad" a la cual alude el Fiscal nacional, el experto en seguridad y coronel (r) de Carabineros, Pedro Valdivia, cree que "Chile ha sido un país rentable desde el año 2018 en adelante para el crimen organizado". Para el excarabinero, esta rentabilidad pasa por una serie de análisis, "como por ejemplo la penalidad, el concepto garantista que tiene nuestra actual legislación penal o la situación benevolente de algunos fiscales. Eso es lo que lo ha hecho relativamente rentable".

En la misma línea, Sydney Houston, especialista en seguridad y ex oficial de Carabineros, quien "concuerdo plenamente" con Valencia, critica también un carácter "garantista" de la reforma procesal penal. "Hace que las organizaciones criminales vean que Chile un país absolutamente rentable para la comisión de delitos", sostiene. "Hoy día yo puedo matar a alguien y me puedo ir a dormir a la casa con un arresto domiciliario (...

) Todas las intervenciones criminales ven en Chile un país interesante donde delinquir por la rentabilidad que es tener penas laxas", cuestiona Houston. Por su parte, Pablo Galain, profesor titular y experto en seguridad de la Universidad Andrés Bello, cree que hay distintos factores que cooperan con el aumento del secuestro extorsivo en Chile, siendo uno de ellos "el alto poder adquisitivo de un sector de la población chilena, lo cual hace también más atractiva la posibilidad de trabajar en este mercado". "El objetivo siempre detrás los secuestros es obtener financiación, es obtener dinero.

Es un objetivo económico", explica. Con él coincide la investigadora y experta en seguridad, Pilar Lizana, quien señala que el secuestro "viene a transformarse en una fuente adicional de ingreso de probablemente medios de organizaciones criminales mayores". PDI lo niegaSin embargo, desde la Policía de Investigaciones discrepan con el duro análisis realizado por el jefe del Ministerio Público.

Y lo hace el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros, justamente el departamento encargado de este tipo de delitos. Consultado en Radio Cooperativa sobre si Chile se ha vuelto un lugar rentable para el secuestro, el policía afirmó que "yo digo que no. El trabajo que desarrollamos es para evitar que estas organizaciones establezcan el secuestro como una empresa lucrativa".

"Respecto a si estamos ya en un camino sin fin respecto a que se establezca el delito de secuestro en nuestro país, yo digo que no", enfatizó. Cerró con que "no hay que tener miedo, hay que confiar en las autoridades. La recomendación principal es hacer la denuncia inmediata para activar los protocolos y no perder tiempo negociando por cuenta propia".