Entre tensiones y acuerdos: Los protagonistas que marcaron el debut legislativo del Gobierno de Kast

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este lunes que el precio de los combustibles subiría cerca de $370 a partir del jueves. Ante este escenario, el Ejecutivo presentó un paquete de medidas para amortiguar el impacto, que incluyó el congelamiento de tarifas del transporte público, subsidios y otras acciones de apoyo. Dado que parte de estas iniciativas requería aprobación legislativa, el proyecto fue ingresado el mismo martes a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde fue rápidamente aprobado y enviado al Senado para su segundo trámite constitucional.

Durante el miércoles, la Cámara Alta discutió la iniciativa y la despachó a un tercer trámite, lo que permitió que regresara a la Cámara Baja para su votación final. Finalmente, el proyecto fue aprobado cerca de las 23:30 horas, quedando listo para convertirse en ley antes de que comenzara a regir el alza en los combustibles. De esta forma, la iniciativa se transformó en el primer proyecto tramitado por la administración del Presidente José Antonio Kast, en un proceso marcado por su rapidez y por intensas negociaciones políticas que dejaron varios protagonistas en el camino.

Dupla García Ruminot-Alvarado El avance del proyecto para mitigar el alza de los combustibles estuvo marcado por intensas negociaciones encabezadas por los ministros Claudio Alvarado (Interior) y José García Ruminot (Segpres), quienes asumieron el rol de ordenar al oficialismo y tender puentes con la oposición en el Congreso. Su primera tarea fue asegurar respaldo en las filas propias. Para ello, desplegaron gestiones con parlamentarios de la UDI y RN, en medio de temores por eventuales descuelgues.

Las conversaciones permitieron alinear los votos del sector y evitar fracturas en una votación clave para el debut legislativo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En paralelo, el Ejecutivo abrió tratativas con la oposición, especialmente con la DC y el PPD, cuyos votos eran determinantes. Desde un inicio, estos sectores manifestaron reparos al mecanismo de financiamiento del proyecto, que afectaba por igual a grandes empresas y pymes, y advirtieron que no lo respaldarían sin cambios.

El punto de mayor tensión fue el artículo que modificaba el tratamiento tributario del diésel. Aunque el Gobierno inicialmente se negó a ajustarlo, terminó cediendo ante el riesgo de un rechazo en Sala, aceptando excluir a las pequeñas y medianas empresas de la medida para destrabar el avance de la iniciativa. Junto con ello, también se incorporó otra modificación relevante: extender el bono mensual de $100 mil a transportistas escolares, beneficio que en su diseño original solo contemplaba a dueños de taxis y colectivos, ampliando así su cobertura.

Con estos ajustes, el Ejecutivo logró reunir los apoyos necesarios para aprobar el proyecto en la Cámara y enviarlo al Senado para asegurar su despacho antes del alza de los combustibles. Ministro Quiroz Este proyecto marcó el debut legislativo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El titular de cartera tuvo un rol central en la tramitación del proyecto para mitigar el alza de los combustibles, liderando tanto el diseño de las medidas como las negociaciones políticas para su aprobación, sobre todo en ambas comisiones de Hacienda.

Inicialmente, defendió el contenido original de la iniciativa, especialmente el mecanismo de financiamiento que generó resistencia en la oposición por su impacto en las pymes. Durante la primera parte del debate, se mostró reticente a introducir cambios, sin embargo, durante la comisión de Hacienda de la Cámara se logró agregar las indicaciones que incluían en el subsidio a los conductores de taxi y vehículos escolares. Posteriormente, en plena sesión de la Cámara Baja, anunció que acogería la solicitud de modificar el proyecto para excluir a las pequeñas y medianas empresas, lo que permitió destrabar el avance de la iniciativa.

Tras el despacho de la ley, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el avance del proyecto y destacó sus efectos esperados en el corto plazo. En esa línea, aseguró que "espero que prontamente esta ley quede publicada en el Diario Oficial, y tan pronto como eso ocurra, el precio de la parafina va a volver a los niveles que tenía en febrero y se va a mantener esos niveles por el resto del año". Asimismo, abordó las medidas vinculadas al transporte público, reiterando que la "tarifa del Transantiago" se mantendrá sin cambios durante todo lo que queda de este año.

"Con el ministro del Interior y en coordinación con el ministro de Transportes, mañana veremos cómo hacer que estos fondos incrementales con los cuales se mantendrá la tarifa del Transantiago, cuando se transfieran a regiones, nos aseguremos de que efectivamente vayan en apoyo de la locomoción colectiva y no se desvíen a otro tipo de uso, infraestructura o cualquier otro tipo de proyecto", explicó. Dupla Brito-Manouchehri La tramitación del proyecto para mitigar el alza de los combustibles dio un giro clave en la Cámara de Diputadas y Diputados, marcado por el rol de los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (FA), quienes lograron reordenar a la oposición en torno a un punto crítico del texto: el impacto en las pymes. Durante el debate, ambos parlamentarios -junto a sus equipos- detectaron que uno de los artículos del proyecto afectaba directamente a pequeñas y medianas empresas, al limitar beneficios tributarios vinculados al uso de diésel.

El hallazgo permitió instalar un nuevo eje de crítica, en momentos en que la oposición no lograba articular una postura común frente a la iniciativa. Mientras Manouchehri impulsó indicaciones para excluir a las pymes de este efecto, Brito fue más allá y planteó derechamente rechazar el artículo, advirtiendo que el Ejecutivo no había transparentado adecuadamente sus alcances. Esa estrategia terminó alineando a distintos sectores, que comenzaron a cuestionar no solo la falta de medidas para la bencina, sino también el impacto en emprendedores.

El movimiento dejó al gobierno en una posición compleja. Con los votos en riesgo, el Ejecutivo se vio obligado a abrir negociaciones de última hora, ante la posibilidad de que el artículo clave -y con ello el financiamiento del proyecto- fuera rechazado en Sala. En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, terminó cediendo y anunció que se acogería la solicitud de excluir a las pymes.

La definición se produjo en medio de la sesión, tras intensas conversaciones con bancadas clave, marcando un cambio respecto de la postura que había sostenido durante toda la jornada. Aunque la indicación no pudo formalizarse en ese momento, el gobierno se comprometió a ingresarla en el Senado. Con esa garantía, la DC y el PPD terminaron entregando sus votos, destrabando así el avance del proyecto.

Javier Macaya El senador Javier Macaya (UDI) asumió la presidencia de la comisión de Hacienda del Senado de manera anticipada, incluso antes de que se oficializara la conformación definitiva de las comisiones. Su liderazgo se dio en un contexto de urgencia legislativa, con el objetivo de analizar y despachar el proyecto dentro de los plazos definidos por el Ejecutivo. En medio del debate en Sala, Macaya explicó que "los miembros de la Comisión escuchamos al ministro de Hacienda y se plantearon otras fórmulas para contener el alza y sus efectos".

Entre los ajustes incorporados al proyecto, se amplió el alcance del bono mensual de $100 mil, incluyendo no solo a dueños de taxis colectivos y transporte escolar, sino también a colectivos que operan entre Arica y Tacna, además de una flota en la región de Aysén, que originalmente no estaba considerada. Asimismo, se determinó excluir a las pequeñas y medianas empresas del reintegro del impuesto específico a los combustibles, y se adelantó la entrada en vigencia de la normativa mediante un decreto exento que deberá dictarse dentro de los diez días posteriores a su publicación. Gael Yeomans y Matías Fernández Durante la discusión en tercer trámite del proyecto, los diputados Gael Yeomans (FA) y Matías Fernández (FA) emplazaron al ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Esto, luego de que recordara que el líder de cartera mantenía vínculos -previo a asumir- con el rubro de los combustibles a través de la Sociedad de Inversiones El Alba Ltda. , firma que participa en la venta de combustibles, gas licuado y productos asociados a vehículos. La empresa, con base en Quellón, ha operado una estación de servicio vinculada históricamente a distribuidoras del sector petrolero.

A través de su intervención, la parlamentaria le señaló "ministro Alvarado. Quiero preguntarle, para que le responda al Congreso y al país, ¿no le parece razonable que usted debía haberse abstenido de intervenir en esta discusión por su anterior participación en empresas ligada al rubro de las petroleras como lo es la sociedad de inversiones El Alba que anunció un medio de comunicación? No solo hay que ser imparcial, también hay que parecerlo".

Mientras que su compañero de bancada, el diputado Fernández indicó que "Chile merece una explicación del ministro Alvarado. No transparentó su participación en una empresa del petróleo y recién se habría desvinculado en febrero. Mientras las familias pagan más por los combustibles, esto huele a conflicto de interés".

Tras esto, Alvarado manifestó que "mis declaraciones de patrimonio e intereses son públicas, y si algunos quieren utilizar de mala fe, o producto de que no les gusta un proyecto de ley, sacar a colación situaciones de carácter personal que no se ajustan a la realidad". "Tengo el legítimo derecho de tener actividades comerciales, y estas se desarrollan familiarmente desde la década del 80. Por lo tanto, consciente de que asumí una responsabilidad en el Gobierno, desde febrero están las escrituras públicas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces que acreditan que dejé la administración de esa sociedad a la cual se hace mención", zanjó.