En vigencia las 42 horas: Comercio advierte complejidad operativa y expertos alertan impacto en costos y empleo

La entrada en vigencia de la segunda etapa de la Ley de las 40 horas, que redujo la jornada ordinaria de trabajo desde 44 a 42 horas semanales para los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, reactivó el debate sobre sus efectos en los costos laborales, el empleo y la productividad. La normativa, aprobada en 2023, contempla una implementación gradual hasta alcanzar las 40 horas semanales en abril de 2028. Sin embargo, diversos actores advierten que esta nueva fase representa un impacto mayor para las empresas que el ajuste inicial.

El director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, sostuvo a El Mercurio que "hasta el momento la reducción había sido relativamente pequeña, al igual que el aumento de costo, pero el importante viene ahora este año y en la próxima etapa, que habrá disminución de 2 horas". En esa línea, afirmó que la rebaja de la jornada implica un incremento de 4,8% en los costos laborales, dado que los trabajadores mantienen sus remuneraciones por menos horas trabajadas. "Los trabajadores tienen la misma remuneración, pero con dos horas menos y los costos crecen", señaló.

Asimismo, advirtió sobre el efecto que esto podría tener en el mercado laboral. "Preocupa el golpe que esto implica en el empleo sin que haya aumentado la productividad, que continúa muy estancada", indicó. El director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, coincidió y añadió que el efecto en los costos será relevante en actividades donde no existan márgenes suficientes para reorganizar procesos.

"El aumento del costo salarial por hora respecto al escenario actual sería de 4,8% en aquellos segmentos en que no haya opciones de realizar reorganizaciones productivas que permitan producir lo mismo en menor tiempo", indicó a Emol. "Esto afecta particularmente a ocupaciones en donde lo relevante es estar disponible más que cumplir con ciertas métricas de producción, por ejemplo, las ligadas a atención a público, labores de vigilancia, cuidadores, choferes, etc. ", dijo.

Frente a ello, y planteando que el sistema laboral está débil y que existe un desplome del empleo asalariado formal en las mipymes, Bravo propuso perfeccionar los mecanismos de adaptabilidad ya contenidos en la ley. Entre sus propuestas, mencionó ampliar el máximo de días libres compensatorios por horas extraordinarias —hoy limitado a cinco al año— y avanzar hacia sistemas de jornada promedio en períodos más extensos. Actualmente, la ley permite distribuir las horas sobre la base de un promedio semanal en ciclos de hasta cuatro semanas, plazo que, según el experto, resulta insuficiente para sectores con estacionalidad marcada.

A su juicio, esquemas aplicados en economías desarrolladas permiten distribuir mejor el tiempo de trabajo entre temporadas altas y bajas, amortiguando los efectos colaterales de una menor jornada ordinaria. Impacto en comercio Desde el sector del comercio, uno de los mayores generadores de empleo del país, también alertaron sobre las exigencias operativas que trae consigo la nueva etapa de la ley. La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, afirmó a El Mercurio que las empresas llevan dos años preparando esta transición, aunque subrayó que se trata de "un cambio profundo en la forma en que organizan el trabajo".

"Este nuevo escenario exige rediseñar procesos, turnos, dotaciones y sistemas de control", sostuvo. Añadió que el principal desafío está en mantener los niveles de servicio, la cobertura horaria y la productividad con menos horas por trabajador, lo que, a su juicio, eleva las exigencias de gestión. Vial también puso el foco en el mayor costo para las compañías.

"Esto obliga a las empresas a absorber el impacto mediante mayor dotación o redistribución de horas, incremento en costos laborales, reforzamiento de turnos y mayor complejidad en la gestión y cumplimiento normativo. La reducción de jornada no reduce costos: los redistribuye y, en muchos casos, los aumenta", afirmó. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, señaló a Emol que el gremio enfrenta este proceso "con el compromiso de mejorar la calidad de vida, pero alertando sobre un aumento en el costo laboral directo de las empresas".

El dirigente recordó que el comercio está compuesto en un 96% por pymes, por lo que el impacto puede ser especialmente sensible en firmas de menor tamaño. Según explicó, las empresas han debido readecuar turnos y actualizar sistemas de marcaje, en un contexto marcado por recientes ajustes interpretativos de la Dirección del Trabajo. "Valoramos que se reconozca que la mera disponibilidad de tecnología no equivale a supervisión, devolviendo sensatez y el uso correcto al Artículo 22", sostuvo.