En la calle y sin respuestas: asistentes de la educación exponen crisis salarial

En medio de la movilización del Día del Trabajador/a, asistentes de la educación se hicieron presentes en la marcha para exponer públicamente una problemática que, según señalaron, se ha extendido por meses sin solución, marcada por recortes en sus remuneraciones, retrasos en pagos comprometidos y el incumplimiento de derechos adquiridos tras su traspaso al Slep. Luego de participar en la marcha del 1 de mayo, Claudia González, Jennifer Velázquez y Patricia Vila, dieron cuenta de un malestar acumulado que no es reciente, sino que se arrastra desde el proceso de transición desde sindicatos a asociaciones de funcionarios, exigido por la normativa vigente desde 2024. En ese contexto, explicaron que el cambio de figura no ha significado un resguardo efectivo de las condiciones laborales previamente acordadas.

“Nuestro malestar es por los incumplimientos que ha tenido el Slep desde su traspaso, porque los derechos adquiridos en nuestro convenio como sindicato no se están cumpliendo”, plantearon. Acusan que se trata de una situación sostenida en el tiempo. El punto de mayor tensión se instaló en febrero, cuando comenzaron a percibir una reducción significativa en sus ingresos mensuales, situación que, según relataron, se ha mantenido sin regularización.

“Empezamos en el mes de febrero con el 40% de nuestras remuneraciones que fueron quitadas. Estamos esperando un dictamen que en 15 días más la Contraloría va a dar respuesta, si se retoma ese 40% o definitivamente tenemos que judicializarlo”, señalaron, dando cuenta de un escenario que no sólo afecta el presente, sino que abre la posibilidad de iniciar acciones legales. A esta disminución se suma la falta de pago del bono trimestral correspondiente a marzo, beneficio que, de acuerdo con lo expuesto, tampoco fue cancelado en los plazos establecidos, profundizando la incertidumbre financiera.

En abril, expusieron, la situación no presentó cambios sustantivos, manteniéndose los sueldos incompletos y sin claridad respecto a la restitución de los montos adeudados. En ese contexto, cuestionaron que los anuncios de pago se han repetido sin concretarse, lo que ha debilitado la confianza en la información entregada por las autoridades. El impacto de este escenario ya se refleja en la vida cotidiana de los trabajadores, quienes han debido enfrentar la prolongación del conflicto sin respuestas claras.

“La mayoría de la gente ha tenido que repactar deuda y otros dejaron de pagar compromisos”, manifestaron. Junto con la afectación directa en los sueldos, las trabajadoras también advirtieron sobre la incertidumbre que enfrentan respecto a eventuales pagos retroactivos, ya que no existe claridad sobre si los montos adeudados serán restituidos en su totalidad. En esa línea, expresaron desconfianza frente a comunicaciones informales que han anunciado fechas de pago sin respaldo efectivo.

“No hay una respuesta definitiva, tienes que estar llamando todos los días y no se entrega una respuesta clara”. El conflicto, además, se extiende a otras situaciones pendientes dentro del sistema, como los retiros voluntarios, donde -según sostienen- existen funcionarios que llevan años esperando la asignación de recursos para concretar su salida. En ese contexto, advirtieron que hay casos de postulaciones realizadas en 2022 que aún no reciben financiamiento, afectando especialmente a personas con enfermedades crónicas o condiciones de salud complejas.

En ese marco, agradecieron el apoyo y la invitación de la Anef a la marcha del 1 de mayo, que se transformó en una instancia clave para exponer una problemática que, aseguran, ha sido reiteradamente planteada sin obtener soluciones concretas. Desde ahí, insistieron en la necesidad de respuestas formales, plazos definidos y certezas administrativas.