Emergencia y Estado de Derecho

El gobierno llegó al poder con una narrativa en torno a la emergencia, cuyas implicancias recién estamos descifrando. Conforme pasan los días, y el discurso de campaña se transmuta en discurso oficial, la doctrina del gobierno de emergencia empieza a tomar forma, en la boca de algunas autoridades. Formulada mediante ideas simples, pero efectistas (de esas que sirven como “cuñas” comunicacionales), ella supone que: existe una crisis múltiple (“el país se cae a pedazos”), agravada por “un Estado en quiebra”, lo que obliga a “trabajar en serio” (léase, frenéticamente), para la “reconstrucción nacional” y “recuperar el Estado de Derecho”.

Un gobierno de emergencia debe “tomar decisiones difíciles”, que previsiblemente arrojarán como resultado “un país más pobre, pero feliz”. Examinemos esta doctrina. Por supuesto, el concepto de emergencia es evocativo de una crisis.

Una emergencia es una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Emergencia y urgencia son dos caras de la misma moneda. Pero, como han destacado numerosas voces, no todo problema, incluso si es urgente y grave, es siempre una emergencia desde el punto de vista jurídico-político.

La idea de emergencia está reservada a las crisis repentinas e inesperadas que no pueden resolverse mediante el funcionamiento normal del Estado y de sus instituciones. Es algo muy parecido a una fuerza mayor. He ahí el primer problema.

Resulta que nuestra legislación es previsora. Incluso los impactos de una guerra internacional en el precio de los combustibles están regulados a través del Mepco. Es discutible, por esas y otras razones, que haya una verdadera situación de emergencia.

La doctrina elaborada por el oficialismo también afirma que un gobierno de emergencia permite recuperar el Estado de Derecho. Esa afirmación es aún más discutible. Vivir bajo el imperio del derecho no significa que no hayan abusos de poder, infracciones de distinto tipo– incluidas violaciones de derechos humanos– tampoco excluye alteraciones del orden público.

El Estado de Derecho existe para combatir todo eso, mediante reglas jurídicas, adoptadas democráticamente y aplicadas por órganos competentes. Nada indica que Chile no sea un Estado de Derecho, todo lo contrario. Sostener que un gobierno de emergencia conduce per se al Estado de Derecho es aún más llamativo.

Entre ambos elementos hay una relación tensa, a ratos peligrosa. Si el Estado de Derecho equilibra la salvaguardia del orden público con la protección de derechos fundamentales, el discurso de la emergencia hace lo contrario: provoca un desequilibrio en favor de la seguridad. Como ilustran los gobiernos de Bukele y Trump, suele legitimar la violencia estatal pura, genera una relación ambigua e instrumental con el derecho y los derechos, gracias al uso exorbitante de potestades ejecutivas.

Más que una herramienta de regularización del imperio del derecho, el discurso de la emergencia se comporta como un arma muy efectiva para su suspensión.