Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

Para Elisa Alcaíno, socióloga y presidenta de la Red de Acción Carcelaria (RAC), la justicia en Chile tiene un punto ciego que se agudiza con el género. No se trata solo de cifras de seguridad, sino de trayectorias de vida marcadas por una vulnerabilidad que el Estado parece no querer ver, y que hoy enfrenta su momento más crítico. Tras su reciente participación en la Asamblea de Mujeres de la ONU en Nueva York, la experta regresa con una certeza incómoda: mientras la región avanza en enfoques feministas de acceso a la justicia, Chile parece estar retrocediendo hacia un punitivismo que llena cárceles, pero vacía de sentido la reinserción.

Y así lo muestran las cifras. Hoy, el 45% de las mujeres en las cárceles son imputadas, es decir no tienen una condena. Se trata de una cifra que supera por 11,1 puntos porcentuales a la de los hombres en la misma condición.

Este uso de la medida cautelar más gravosa ocurre en un contexto donde el número de mujeres presas sin condena saltó de 1. 415 a 2. 305 en solo cuatro años, lo que significa que casi la mitad de la población penal femenina permanece tras las rejas a la espera de un juicio o sentencia definitiva.

Según Alcaíno “hemos visto que ha predominado un debate y la promulgación de leyes que han estado fuertemente enmarcadas por el populismo penal. Básicamente, son respuestas rápidas por parte del Ejecutivo y del Congreso, centradas principalmente en el aumento de las penas y la expansión del encarcelamiento en general como principal herramienta frente a la seguridad”. Solamente en los últimos cuatro años —del 2022 a marzo del 2026— se publicaron 80 leyes que tienen algún efecto en el sistema penitenciario.

Entre ellas está la ampliación de criterios para decretar prisión preventiva y donde se han restringido beneficios carcelarios; todo ha ido en línea de mantener más personas privadas de libertad. “Ahí es donde siempre hemos querido poner el punto como Red de Acción Carcelaria”, agrega Elisa. “Evidentemente hay un montón de medidas que podrían estar en línea con avanzar en seguridad pública y tener un sistema penitenciario un poco más eficiente, pero la gran mayoría de las políticas han tenido una rápida tramitación y no han tenido ninguna base en la evidencia.

Se han centrado principalmente en meter más personas a la cárcel como si eso fuera garantía de avanzar en más seguridad. En el fondo, estas leyes no han sido objeto de una evaluación sistemática y no hemos podido verificar tampoco su verdadero impacto”. —¿Cómo crees que esto evolucione en un nuevo gobierno en el que la seguridad pública es prioridad?

—La administración que entra recibirá un sistema penitenciario en crisis. Se acaba de promulgar la ley que pasa a Gendarmería al Ministerio de Seguridad y crea el servicio de reinserción social, un cambio administrativo clave que marcará cómo funcionará el sistema. En este escenario, y con un gobierno de extrema derecha, es probable que veamos un enfoque fuertemente punitivista.

Cuando el foco es simplemente meter a más personas presas —como ocurrió cuando el entonces candidato José Antonio Kast le pedía consejos a Bukele en El Salvador para administrar el sistema—, vemos un afán superficial. El análisis de la Red de Acción Carcelaria no se queda solo en la frontera local. Recientemente, su directiva participó en la Asamblea de Mujeres de la ONU en Nueva York, en el panel “Enfoques Feministas del Acceso a la Justicia”, para contrastar la realidad chilena con la regional.

—Por lo que pudieron ver en esta experiencia, ¿el aumento del encarcelamiento femenino es un fenómeno local o responde a una tendencia más amplia en la región? —Nuestra participación en la Asamblea de Mujeres de la ONU, invitadas por la profesora Pilar Larroulet, nos permitió confirmar que el aumento del encarcelamiento femenino no es un fenómeno aislado: en la región, cerca del 8% de la población penal son mujeres, lo cual es impulsado por políticas cada vez más populistas y punitivas. Sin embargo, Chile tiene una brecha alarmante, aquí no tenemos casi nada institucionalizado en temas de reinserción social, la oferta estatal es mínima y el trabajo descansa casi totalmente en organizaciones de la sociedad civil.

Además, en Chile estamos muy atrás en estadísticas. No tenemos datos actualizados que muestren la realidad cruda de los efectos de la cárcel, el último estudio serio tiene diez años. Sin evidencia, el discurso de ‘meter más gente presa’ resulta muy atractivo y hace sentido en la opinión pública, pero es un populismo que no mide el impacto real.

—¿Por qué cree que la realidad de las mujeres presas sigue siendo un tema tan invisible? Estar en Nueva York nos sirvió para entender que, aunque este es un tema profundamente impopular, no podemos dejar que lo importante se nuble por lo urgente. En esos espacios nosotras nos sentimos como una organización que está tratando de remar e instalando el tema junto a otros, pero somos pocos.

A nadie le importa la realidad de las mujeres presas; es más, la gran mayoría de los ciudadanos cree que estas mujeres no merecen tener ni siquiera derechos básicos. Pero los temas de seguridad pública no van en contraposición a los de reinserción social, son parte de una misma agenda común. La consecuencia más dramática del encierro de estas mujeres es la infancia que crece tras las rejas.

El rostro del encarcelamiento femenino en Chile es, ante todo, el de una madre. De hecho, según el último informe de la Red de Acción Carcelaria (RAC), el 82,5% de las mujeres tras las rejas tiene hijos, una cifra que revela el impacto colateral de un sistema que hoy mantiene a 9. 803 niños, niñas y adolescentes con sus referentes de cuidado en prisión.

Esta realidad (abordada también en el reportaje “Niñez tras las rejas”), proyecta un escenario crítico para el futuro cercano. Para Elisa Alcaíno, estos menores son las víctimas invisibles del sistema penal. “Hay una complicación para las mujeres que viven con sus hijos, porque esos niños se crían literalmente en la cárcel”, explica la socióloga.

Advierte que, cuando una madre cae presa, el efecto es un dominó de exclusión: en muchos casos los niños terminan en residencias del Estado, rompiendo vínculos fundamentales. Bajo esta lógica, el encarcelamiento femenino no es un hecho aislado, sino un fenómeno que golpea a familias y comunidades enteras con un costo brutal para el Estado. Para la presidenta de la RAC, mientras la población penal femenina siga creciendo, la reproducción de facetas de riesgo para las nuevas generaciones será inevitable.

“Ahí es donde deberíamos poner el foco. A esos niños hay que garantizarles derechos mínimos, no porque vivan con sus madres privadas de libertad podemos pasar a llevar las garantías de la infancia”, afirma. —El aumento de mujeres extranjeras en prisión también ha sido significativo.

¿Qué factores han visto ustedes que están detrás de esto? —La mujer extranjera vive situaciones similares a las que viven las mujeres chilenas privadas de libertad. Evidentemente ha habido un aumento, pero tiene un correlato en el incremento general de la población penal femenina.

Estamos haciendo un análisis para estudiar si hay alguna ley concreta, como la Ley de Migraciones, que haya tenido un impacto más profundo en que caigan privadas de libertad en Chile. —¿Que otros factores se suman? —En cuanto a la vivencia de esas mujeres, se le suma el estar lejos de su familia, el desconocimiento de cómo funciona el sistema penal y el tener menos apoyo.

Eso es lo que hemos visto sobre todo en el norte del país, en las cárceles de Iquique y Alto Hospicio. Ahí vemos una población de mujeres migrantes e incluso indígenas que salen de sus países esperando volver y se quedan aquí detenidas. Se genera un problema importante al estar lejos de sus familias y no ser visitadas, lo que va reproduciendo otro tipo de exclusiones.

Tienen condiciones de habitabilidad similares a las chilenas, pero con una falta crítica de redes de apoyo. Prioridad legislativa En los últimos cuatro años, la población privada de libertad aumentó en más de un 60%, impulsada por decenas de leyes que expanden el encarcelamiento mientras el presupuesto para reinserción casi no varía. En este escenario, la prioridad legislativa de la actual administración ha despertado una crítica profunda en la Red de Acción Carcelaria, especialmente al contrastar el estancamiento de la Ley Sayén –presentada tras el caso de Lorenza Cayuhan, una mujer mapuche que dio a luz en 2016 engrillada en un hospital mientras cumplía condena– con la rapidez de otras iniciativas.

Para Elisa Alcaíno, esta diferencia de trato revela qué vulnerabilidades está priorizando el sistema penal. “Llevamos años discutiendo la Ley Sayén con el objetivo de avanzar en cuidados para niños de entre cero y dos años que viven en la cárcel; la administración anterior dijo que le pondría urgencia y nunca salió”, denuncia la socióloga. Para la RAC, resulta “impresentable” que el concepto de dignidad se utilice de forma selectiva para beneficiar a condenados por los crímenes más complejos de la legislación, mientras se ignora a la primera infancia invisibilizada.

La frustración de la organización radica en lo que Alcaíno describe como un uso político de la humanidad: “Vemos que en unos pocos meses se tramita un proyecto de ley para conmutar penas a violadores de derechos humanos. Es bien indignante cuando ese interés se cubre de dignidad, sabiendo claramente que a este grupo nunca le ha importado realmente avanzar en mínimos básicos para la población penal general. Es cuando les conviene”, afirma.

—¿Cómo proyectan la voluntad política del gobierno actual, específicamente de la ministra de la Mujer, para impulsar los cambios que la Red busca? —Desde la Red de Acción Carcelaria vamos a trabajar con todos los gobiernos que sea necesario para impulsar transformaciones en el sistema penal y avanzar en la reinserción social, sobre todo de las mujeres privadas de libertad. Evidentemente podemos tener muchas diferencias con la ministra de la Mujer que asumió o incluso tener valores distintos, pero nosotras no nos vamos a perder en que nuestro foco está en avanzar en derechos, en reinserción e impulsar transformaciones, porque nos falta mucho en esta materia.