El verdadero legado de Boric

No basta con haber gobernado razonablemente, haber administrado conflictos, aprobado reformas útiles o evitado desastres. No, al parecer cada paso por La Moneda tendría que coronarse con una obra mayor, una pieza monumental, algo destinado a figurar en mármol y en los manuales de historia. La palabra misma delata el problema.

“Legado” ya no parece querer decir huella, balance o contribución. Quiere decir grandeza, algo inolvidable e imperecedero y que permita a los partidarios mirar hacia atrás con emoción y repetir que allí hubo un antes y un después. De ahí también la ansiedad de mandatarios, asesores, partidos y entornos por encontrar, aunque sea a la fuerza, esa herencia gloriosa que justifique retrospectivamente un gobierno.

En esa ansiedad hay casi siempre un olorcillo refundacional. La vieja tentación chilena de creer que la historia empieza de nuevo cada cuatro años. Como si gobernar no consistiera en conducir un país real, sino que en inaugurar una era.

En esa visión (porque de eso se trata, de visión) la administración de buenas políticas públicas, la reforma posible, la consolidación institucional, o incluso la simple normalidad republicana fueran logros menores y solo burocráticos. Gabriel Boric, por cierto, puede exhibir reformas concretas que no son desdeñables. La reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas se aprobó en 2023; el royalty minero también quedó establecido ese año; y su propio gobierno destacó entre sus avances otras medidas como el aumento del salario mínimo, el Copago Cero y, ya al final del período, la reforma previsional.

Nada de eso es despreciable, al contrario, son políticas públicas con efectos reales, algunas de las cuales probablemente perduren más allá del clima político que las vio nacer. Pero el principal legado de Boric no está ahí. Su legado mayor, aunque suene menos glorioso y más sobrio, fue otro: haber devuelto a Chile a la normalidad democrática e institucional después del largo ciclo de agitación abierto por el estallido social, prolongado por el experimento constituyente y rematado por dos plebiscitos de salida que rechazaron dos propuestas constitucionales muy distintas entre sí.

En 2022, la propuesta de la Convención fue rechazada con una participación histórica; en 2023, la nueva propuesta volvió a ser derrotada, esta vez por la opción En Contra. Y después de todo ese agotador carrusel, Chile tuvo en 2025 una elección presidencial competitiva, con alta participación y un traspaso de mando institucionalmente ordenado que culminó con la proclamación oficial de José Antonio Kast por el Tricel. Eso, en un país que pocos años antes parecía deslizarse hacia la excepcionalidad permanente, no es una cuestión menor, es el pilar de la solidez democrática de Chile.

Dicho de otro modo, el gran logro de Boric no fue fundar un nuevo régimen, sino clausurar democráticamente la pulsión de vivir en uno provisional, no fue consumar la promesa de la refundación, sino ayudar a que Chile saliera de ella. Tampoco fue incendiar otra vez la imaginación maximalista del país, sino contribuir a que las instituciones recuperaran gravitación, que las elecciones volvieran a ser elecciones y no plebiscitos existenciales, y que el adversario pudiera ganar sin que el sistema se viniese abajo. Eso puede sonar “fome” para los aficionados a la revolución permanente, puede parecer poco atractivo para quienes solo reconocen la política cuando viene acompañada de consignas y promesas de grandiosas transformaciones.

Pero las democracias maduras no viven en permanente estado de gracia, viven de la alternancia, de los contrapesos, de la continuidad del Estado y de la modesta seriedad de las reglas. Lo excepcional, por definición, no puede ser la dieta cotidiana de una república. La historia chilena lo muestra bastante bien.

También el retorno a la democracia en 1990 tuvo su instante fundacional, cargado de emoción histórica, esperanza moral y promesa de renacimiento. Pero ese momento no duró mucho, porque no podía durar en exceso. Muy pronto entró la supuesta grisura concertacionista, esa normalidad tantas veces despreciada por falta de sueños, pero que terminó entregando crecimiento sostenido, una fuerte reducción de la pobreza y una gobernabilidad que convirtió a Chile en polo de atracción para cientos de miles de latinoamericanos.

Lo que en su momento pareció aburrida práctica administrativa, con los años se reveló como una relevante obra. Por supuesto, existen legados de gran calado, reformas de verdad estructurales, de esas que reordenan el país y sobreviven a quienes las impulsaron. Pedro Aguirre Cerda dejó la creación de la CORFO, nacida en 1939, como punto de partida del impulso industrial y de una idea más activa del Estado en el desarrollo económico.

Eduardo Frei Montalva profundizó la reforma agraria que buscó redistribuir la tierra y alterar una estructura rural largamente oligárquica. Salvador Allende completó la nacionalización del cobre mediante la reforma constitucional aprobada por unanimidad en 1971, afirmando la propiedad estatal sobre la gran minería. Ricardo Lagos, a su vez, promulgó en 2005 una de las reformas constitucionales más importantes desde 1990, la que, entre otros cambios, eliminó enclaves autoritarios y dejó vigente un texto que hasta hoy rige el orden constitucional chileno.

Boric no entra, al menos por ahora, en esa galería de presidentes asociados a una gran transformación de época. Creo que sus ardientes partidarios se equivocan cuando intentan forzar esa imagen. No necesita ser presentado como un refundador frustrado ni como el autor de una obra descomunal que los chilenos simplemente no hemos comprendido.

Esa lectura, además de poco convincente, reincide en el vicio de medir los gobiernos solo por su potencia simbólica. Tal vez convenga decirlo de manera más simple: después de años en que Chile estuvo fascinado con su propia crisis, con sus pulsiones de ruptura, con su agotamiento constitucional y con la teatralidad de vivir siempre al borde de un gran recomienzo, el principal aporte del gobierno de Boric fue que el país volvió a parecerse a una democracia normal. Una democracia discutida, desigual, a ratos mediocre, pero democracia al fin, con elecciones irreprochables, con cauces institucionales, con mayorías y minorías alternándose sin desgarros terminales.

Por eso mismo harían bien sus partidarios en defenderlo sin complejos. La normalidad democrática no es una renuncia, a veces es una conquista. Y también haría bien el nuevo gobierno de Kast en reconocerlo honestamente, en vez de insistir en relatos forzados de “emergencia” y “reconstrucción”, como si Chile hubiese salido de un derrumbe total, y no de un proceso que, precisamente, terminó probando la resiliencia de su institucionalidad.

La alternancia no desmiente ese legado, lo confirma. Porque a veces el verdadero legado de un presidente no consiste en dejar un país fundado de nuevo. Consiste, más sobriamente, en entregarlo funcionando bien.