El Valor Público no es una opción, es un deber

La inversión de recursos estatales en sectores históricamente postergados, como nuestras comunas en zona de rezago, nace de un imperativo ético: acortar brechas y entregar herramientas de dignidad para el fomento productivo. Sin embargo, la voluntad política y el financiamiento no bastan si no van acompañados de un seguimiento riguroso que garantice lo que denominamos valor público. Recientemente, tras un exhaustivo proceso de fiscalización en San Juan de la Costa, hemos logrado cinco acuerdos estratégicos para rescatar y regularizar el programa de micromódulos de procesamiento de alimentos.

De un total de 14 unidades, ocho avanzan hacia su resolución sanitaria y patente de Microempresa Familiar (MEF), mientras que otras serán reasignadas al municipio tras presentar deficiencias de funcionamiento insalvables. Este escenario no es aislado. Tanto el programa de micromódulos como el de los 16 carros food-trucks instalados en nuestro litoral, presentan deficiencias estructurales que se repiten en diversos puntos de la Región de Los Lagos.

Hablamos de iniciativas diseñadas para las comunas con mayores desafíos de conectividad y desarrollo, donde el error administrativo o la falta de acompañamiento técnico se traduce, directamente, en una oportunidad perdida para una familia emprendedora. Como representantes de la ciudadanía, nuestra labor no termina con la aprobación de un presupuesto en el Consejo Regional. El verdadero valor público se genera cuando el bien entregado por el Estado —ya sea un módulo de procesos o un carro de ventas— se transforma en un motor activo de la economía local.

Si un dispositivo financiado con fondos públicos termina en desuso, oxidándose por falta de gestión o normativa, estamos fallando en la custodia de los recursos que pertenecen a todos los chilenos. Por ello, desde la Comisión Osorno, hemos tomado la determinación de ejercer un rol fiscalizador activo y transparente. No basta con entregar; hay que georreferenciar, evaluar el uso comercial y, si es necesario, denunciar las falencias de implementación.

La experiencia en San Juan de la Costa nos servirá de modelo para revisar cada programa regional, buscando que la División de Fomento Productivo (DIFOI) equipe y fortalezca lo que hoy está subutilizado. Nuestra meta es clara: asegurar que cada peso invertido en el litoral osornino y en toda la región cumpla su objetivo original. Agregar valor público es, en definitiva, garantizar que el Estado sea un aliado real y eficiente para quienes buscan, con su trabajo, el desarrollo de sus comunidades.