El tsunami judicial de casi US$ 600 millones que amenaza al Fisco por las cuotas pesqueras

“Somos empleados del pueblo, no de los poderes fácticos o las grandes empresas. Por eso este proyecto se enmarca dentro de nuestro principio de que la riqueza es para quienes la producen”, proclamaba lleno de entusiasmo el entonces Presidente Gabriel Boric el 10 de julio del año pasado en La Moneda, cuando promulgaba la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero. Menos de un año después, el Estado chileno enfrenta el riesgo de tener que pagar unos US$ 600 millones en indemnizaciones a las empresas que, por ese cambio legal, perdieron cuotas de captura.

La amenaza de este tsunami judicial coincide además con la decisión de la nueva administración de José Antonio Kast de sacar del Congreso el proyecto de ley que prometía complementar la reforma al sector que impulsaba el gobierno anterior, un cambio que, en todo caso, no se esperaban tan pronto en la industria. El proyecto de Boric consideraba nuevas reglas para las subastas y modificaciones a las cuotas de extracción. En los juzgados civiles ya se tramitan dos millonarias demandas contra la ley de fraccionamiento vigente desde 2025: Camanchaca, por unos US$ 100 millones, y Blumar, por US$ 204,7 millones.

En paralelo, Landes, Alimar y la noruega Austevoll Seafood ASA anunciaron acciones legales por US$ 70,1 millones, US$ 100 millones y US$ 100 millones respectivamente, las que hasta el cierre de esta edición no habían ingresado formalmente a los tribunales. Con todo eso, el Fisco de Chile podría enfrentar un pasivo potencial de US$ 586 millones con las familias y conglomerados que controlan más del 60% de la captura industrial de jurel en Chile. Por si fuera poco, en Iquique trabajadores pesqueros aseguran que también están evaluando demandar al Estado por los despidos que, acusan, ya ha ocasionado esta norma.

La ley promulgada en julio de 2025 modificó anticipadamente el fraccionamiento de la cuota global de captura entre el sector artesanal e industrial, derogando el esquema fijado en 2013 por la Ley 20. 657 -más conocida como la Ley Longueira-, que garantizaba esos porcentajes hasta, al menos, 2032. En el jurel -el recurso pelágico más relevante de Chile, con cuotas globales que en 2025 superaron el millón de toneladas- la fracción industrial pasó del 90% al 70% en la macrozona centro-sur, y en las regiones del norte las reducciones alcanzaron 20 puntos porcentuales.

La cuota global se fija anualmente en toneladas y el fraccionamiento define qué porcentaje de esas toneladas se puede capturar. Para las empresas, un menor porcentaje equivale a menos toneladas, menor utilización de flota, plantas, personal y pérdida de ingresos proyectados. Eso es lo que reclaman en tribunales, y por eso fijaron en montos tan altos los eventuales daños al sector, sumando todo lo que dejarán de extraer, procesar, vender y realizar.

Denuncian que a eso se añade que la norma contempla el pago de un impuesto adicional por la compra de pescado para complementar cuotas, algo que, según las firmas, dificulta y encarece más su operación. Ahora, las miradas están puestas en lo que haga el nuevo gobierno, mientras en tribunales el Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue notificado el 3 de marzo de la demanda de Camanchaca. El 31 de marzo, Marcelo Chandia, abogado Procurador Fiscal de Santiago del CDE, acreditó su personería.

Ingresada al Tercer Juzgado Civil de Santiago, el 18 de febrero de 2026, la demanda de Camanchaca -controlada por las familias Fernández y Stengel- exige al Fisco $90. 000 millones. El argumento central de los abogados Jorge Bofill, Sebastián Yanine y Vanessa Facuse es que las licencias son “bienes incorporales protegidos por la Constitución” y su valor depende directamente del porcentaje de la cuota global al que dan acceso.

Reducir ese porcentaje sin compensación “es privar al titular de un atributo esencial de su propiedad”, argumentan. Antes de llevar el caso a tribunales, Camanchaca transparentó sus números ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En su análisis razonado al 31 de diciembre de 2025, la empresa reportó utilidades por US$ 41,3 millones -más del doble que en 2024-, pero provisionó la contingencia legal, dividiendo el daño en dos tramos de lucro cesante: $58.

000 millones hasta 2032, el plazo que la Ley garantizaba expresamente, y $32. 000 millones entre 2032 y 2040 por la “expectativa legítima” de renovación que la misma norma generaba. Estiman 33 mil toneladas de jurel menos en 2025 producto de la reducción del fraccionamiento.

Hay un segundo perjuicio que la empresa documentó ante la CMF: la “patente especial” de 1,3 UTM por tonelada sobre cuotas adquiridas internacionalmente. En 2025, Camanchaca compró cerca de 60. 000 toneladas de jurel y la aplicación de ese impuesto le significa un costo cercano a US$ 6 millones en un solo ejercicio.

El 5 de febrero de 2026, el gerente general de Blumar S. A. , Gerardo Balbontín, estampó su firma en el escrito que exige al Fisco de Chile $194.

431 millones (unos US$ 204 millones). Encabezada por el abogado Pedro Pablo Gutiérrez, del estudio GWJA, esta acción judicial argumenta que la Ley 20. 657 de 2013 no fue solo una regulación, sino “una oferta del Estado” dirigida a los armadores industriales.

Quien la aceptaba renunciaba a sus autorizaciones de pesca indefinidas y recibía a cambio Licencias Transables de Pesca (LTP) válidas por 20 años renovables, con un fraccionamiento garantizado hasta 2032. El Estado prometía estabilidad y, a cambio, las empresas asumían nuevas condiciones. Blumar, controlada por las familias Sarquis y Yaconi-Santa Cruz, aceptó.

En el escrito constan las fechas y documentos que demuestran cómo la firma debatió primero en directorio ejercer la opción, después la refrendó en la notaría de Félix Jara Cadot. El 26 de junio de 2013, le comunicó la decisión al entonces subsecretario de Pesca, Pablo Galilea. La demanda sostiene que cuando el Estado dictó el año pasado la nueva Ley N 21.

752, que cambia el fraccionamiento cuando aún faltan siete años para su vencimiento, “incumplió el contrato original de 2013”, “no siguió el procedimiento que rige las expropiaciones en el país”, ni “pagó las compensaciones correspondientes”. La firma divide el monto reclamado por menores capturas en dos períodos: $96. 659 millones entre 2026 y 2032, y $97.

772 millones entre 2033 y 2040. El escrito incluye, además, una acción subsidiaria por el mismo monto, “fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado por el cambio legal”. La defensa argumenta que el Fisco debe indemnizar a Blumar porque le causó un daño económico que no estaba obligada a soportar.

La demanda revela también que el 20 de junio de 2025, un día después de aprobada la Ley N° 21. 752, diecisiete senadores presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional el artículo que creaba el impuesto “especial” por la compra de pesca. El TC lo declaró inadmisible por extemporáneo, el 8 de julio de 2025, lo que permitió que el día 10 de ese mes Boric promulgara la norma en La Moneda.

Uno de los argumentos de la compañía es que, producto de estos cambios, debió paralizar un megaproyecto de US$ 45 millones en Coronel, destinado a la producción de jurel congelado para consumo humano. El 12 de noviembre de 2025, Austevoll Seafood ASA -conglomerado con operaciones en Noruega, Reino Unido y Perú- publicó en la Bolsa de Oslo su reporte financiero del tercer trimestre. La compañía incluyó un párrafo donde adelantaba que no se quedaría de brazos cruzados: “FoodCorp Chile S.

A. y otras empresas del sector están considerando emprender acciones legales para salvaguardar sus intereses. AUSS sigue de cerca la situación y condena enérgicamente los cambios legislativos repentinos.

Consideramos que la estabilidad y la previsibilidad regulatorias son requisitos indispensables para la asignación de capital a largo plazo y la creación de valor. Creemos firmemente que la legislación y la gestión de recursos deben basarse en hechos y no en sentimientos”. Unos meses antes, el 21 de marzo del año pasado, la firma había enviado una carta a la directora de InvestChile, Karla Flores, advirtiéndole de una potencial disputa en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Esas fueron las primeras comunicaciones formales de que la firma podría invocar el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Chile y Noruega en 1993. En su reporte del cuarto trimestre, publicado el 24 de febrero de 2026, la matriz noruega -controlada por la familia Mogster y fondos institucionales- comunicó que Austevoll opera en Chile bajo la combinación de una menor fracción industrial y un mayor costo por cuota comprada, producto de un cambio legal que les restará hasta 13. 000 toneladas de jurel de cuota propia y les encarecerá la compra de materia prima a través de nuevos gravámenes.

El 10 de marzo pasado, FoodCorp -que opera principalmente en la Región del Biobío- anunció formalmente que presentará una demanda contra el Estado de Chile. Fue el CEO de la operación local, Andrés Daroch, quien explicó que la acción legal la lidera el estudio jurídico Montt y Cía. , en una línea similar a la de sus competidoras.

“Nuestro sector tiene la convicción de que estamos frente a una expropiación encubierta, pues se nos ha privado de una participación en las asignaciones de pesca que durante años fueron el sustento de inversiones, contratos de trabajo de cientos de colaboradores, acuerdos de abastecimiento y compromisos en mercados internacionales. Reglas claras que estaban definidas por Ley hasta 2032”, argumentó. Según información de la prensa nórdica, los Mogster son una familia originaria de la isla de Austevoll, en la costa oeste de Noruega, donde la compañía fue fundada hace más de cuatro décadas.

Aunque no figuran en los ránkings de los mayores multimillonarios de ese país ni tienen una presencia mediática fuera de su rubro, son considerados una de las familias más influyentes de la industria pesquera europea, con intereses globales que hoy apuntan directamente a la caja fiscal chilena. Las otras dos demandas contra el Estado suman US$ 170 millones. Alimentos Marinos S.

A. (Alimar), la histórica firma de la familia Izquierdo Menéndez, anunció que prepara una demanda por US$ 100 millones y ha puesto en entredicho la viabilidad de una nueva planta de congelados orientada al consumo humano que tenía previsto levantar en Lota. Se trata de una inversión de US$ 18 millones, con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada tras 14 años de tramitación y estudios, cuya construcción quedó congelada.

El grupo estima que por el recorte normativo dejan de capturar 20. 000 toneladas. Hasta el cierre de esta edición no figuraba ninguna demanda de la firma en los tribunales civiles.

“Lo que buscamos es certeza jurídica (…) Lo mínimo es poder confiar en la palabra que te dio el Estado”, advirtió a la prensa regional en Concepción el subgerente general de la pesquera, Benjamín Izquierdo, al confirmar que se encuentran en la etapa de estudios para materializar la acción judicial. Bajo la misma estrategia, Pesquera Landes, ligada a la familia Fosk, anunció su paso a tribunales. Su CEO, Andrés Fosk, comunicó una demanda por US$ 70,1 millones, acusando al Estado de haber tramitado la ley utilizando “informaciones imprecisas o falsas”, carentes de sustento técnico.

La compañía contrató al bufete Barros & Errázuriz y anunció el 5 de marzo la presentación de la acción legal, la que quedó registrada en el 22º Juzgado Civil de Santiago como una demanda de indemnización de perjuicios.