El trabajo que espera al ministro Rau

Los desafíos que enfrenta Chile en materia de empleo son significativos y exigen del Gobierno entrante —y en particular del nuevo ministro del Trabajo, Tomás Rau— una conducción técnica, decisión política y sentido de urgencia. El empleo formal lleva años mostrando señales de deterioro: tasas de desocupación e informalidad persistentemente elevadas y un empleo asalariado privado que no logra recuperar dinamismo. No se trata de un fenómeno coyuntural, sino de una tendencia que se ha ido consolidando por más de una década.

Durante los últimos años se han aprobado reformas que persiguen objetivos legítimos —como la reducción de la jornada a 40 horas, sucesivos incrementos del salario mínimo o la reciente reforma previsional— pero que, en su conjunto, han elevado de manera importante los costos de contratación formal. A esto se suma un marco laboral que, en varios aspectos, mantiene altos niveles de rigidez para adaptar la organización del trabajo. Este desajuste entre mayores costos laborales, y escasa flexibilidad regulatoria no es inocuo, ya que genera una tendencia en las empresas a ser más conservadoras en sus decisiones de inversión y contratación.

El resultado es menor productividad, menos creación de empleo formal, mayor informalidad y mayores barreras de entrada para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, lo que solo se agudiza en el contexto de automatización que vivimos. Frente a este escenario, el gobierno de José Antonio Kast tiene la oportunidad de impulsar una agenda laboral que avance en dos objetivos: reducir costos de contratación y flexibilizar las relaciones laborales. Para lo primero, un eje relevante debiese ser la revisión del sistema de indemnización por años de servicio.

Mientras en Chile un trabajador despedido con diez años de antigüedad recibe una indemnización equivalente a diez sueldos, el promedio de la OCDE alcanza solo 3,2. Este esquema encarece la desvinculación y eleva el riesgo de contratar. Una alternativa es avanzar hacia un sistema de indemnización a todo evento, financiado mediante cotizaciones en cuentas individuales de ahorro.

De este modo, los trabajadores serían dueños de los recursos acumulados, lo cual, además de brindar mayor libertad y movilidad laboral, reduciría las barreras para la contratación formal. Asimismo, es indispensable avanzar en mayor adaptabilidad. La rigidez de nuestra legislación limita la innovación y la creación de empleos compatibles con las necesidades de quienes requieren mayor flexibilidad y tienen mayores problemas de inserción, como mujeres, jóvenes y adultos mayores.

Al mismo tiempo, frente a los desafíos de la automatización, es necesario permitir que los trabajadores desarrollen diversas competencias, pero nuestro marco legal restringe que puedan realizar labores de diversa naturaleza. Frente a esto, dotar de mayor flexibilidad a las jornadas y reconocer la polifuncionalidad permitiría un mercado laboral más inclusivo y dinámico. Ministro Rau, el desafío es claro: crear más y mejor empleo, y hacerlo accesible para quienes hoy más lo necesitan, reduciendo costos y eliminando rigideces.

Impulsar estas transformaciones requerirá no solo de un trabajo técnico impecable, sino que de audacia y coraje. Es menester estar a la altura del desafío para hacer que el trabajo vuelva a ser el principal motor de integración social y desarrollo económico del país.