El riesgo del contador semanal de homicidios

El Gobierno anunció que comenzará a publicar un reporte semanal preliminar de homicidios, basado solo en cifras parciales de Carabineros y la PDI. Se presentó como un ejercicio de transparencia “inédito” y como un “punto de inflexión”, pero la verdad es que es información que semanalmente se maneja en el gobierno, desde hace años, para la toma de decisiones operativas respecto de los planes de intervención policial. Por lo tanto, no es información nueva, solo lo es la decisión de hacerla pública.

Para establecer políticas públicas que permitan abordar la violencia letal no aporta la casuística diaria. Eso ya lo abordó el gobierno anterior, con soluciones concretas, pues se logró consensuar una metodología que responde a estándares internacionales y que considera la validación de un conjunto de instituciones incluido el Ministerio Público. Considerar solo casos policiales puede inducir a error, tanto hacia la baja como al alza de casos.

Ya sea por duplicación de información, como por desconocimiento de otras fuentes de registro, como Gendarmería de Chile, el SML, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, entre otros. Según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, la tasa nacional pasó de 6. 7 homicidios en 2022 —el peak histórico de la serie— a 5.

4 en 2025, acumulando una caída del 24. 2% desde el punto más alto de la serie. El Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV), creado bajo el liderazgo de la exministra Carolina Tohá y el exsubsecretario Eduardo Vergara recibe semanalmente desde el año 2023 las cifras preliminares de ambas policías.

Estas son corregidas y presentadas en cada comité policial, con el objetivo de ser un barómetro interno para la toma de decisiones operativas, pero que no aportan mayor información estratégica tal como lo planteó el ex subsecretario Rodrigo Ubilla. Es decir, la “nueva implementación” es una práctica institucional heredada del gobierno anterior y que ahora se decide comunicar. El punto de inflexión fue el 2022, cuando el gobierno anterior tomó la decisión de fijar un objetivo común a las tres instituciones más relevantes del sistema de seguridad: Carabineros, la PDI y el Ministerio Público.

Dicho objetivo consistió en reducir el número de homicidios con coordinación interinstitucional, inyección de recursos y tecnología para las capacidades de investigación en el sitio del suceso, focalización de patrullajes preventivos y aumento presupuestario en prevención a través de la SPD y la Subdere. Los resultados hoy son evidentes. Sin embargo, la decisión de publicar la cifra preliminar puede ser confuso para la ciudadanía.

El propio anuncio del gobierno así lo advierte: “estas cifras pueden experimentar ajustes posteriores en el proceso de validación”. La metodología utilizada por el CPHDV —reconocida por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y validada por 11 instituciones del Estado— existe para evitar que, por ejemplo, un deceso por causa natural mal clasificado, aumente el recuento de víctimas. El anuncio nos recuerda el modelo de reporte en la pandemia de COVID-19: sensación de urgencia gestionada.

Cada lunes, la cifra semanal de homicidios se convertirá en el termómetro de la inseguridad. Ser transparente también es explicar la reducción acumulada desde 2022. Nobleza obliga a reconocer que los instrumentos de hoy —el CPHDV, la coordinación con el MP, la creación del Ministerio de Seguridad Pública— son el legado de una política pública seria que funcionó, que escuchó expertos y que buscó el consenso en el Congreso.

Cabe preguntarse entonces, cuál es la racionalidad política detrás de esta decisión. El actual gobierno llegó al poder con la narrativa de la “crisis de seguridad”. Eso fue efectivo en campaña, pero sabemos que no sirve para gobernar.

El riesgo ahora es que, en vez de gestionarla con responsabilidad, alimenten la percepción de inseguridad. ¿Hasta qué punto la comunicación semanal de homicidios es también una respuesta al vacío programático de este gobierno que busca mantener un estado de ánimo social proclive a aceptar y legitimar medidas de excepción? Chile no necesita un marcador semanal de muertos.

Necesita una política pública de seguridad que entienda que reducir los homicidios es una tarea técnica, interinstitucional y de largo plazo, no un mero ejercicio efectista de comunicación.