El retorno del Estado: una oportunidad para reconstruir la educación pública

El traspaso de la educación pública desde la administración municipal al Estado, a través de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), representa uno de los cambios estructurales más significativos del sistema educativo chileno en las últimas décadas. Tras más de 46 años de gestión municipal, este proceso no solo implica una modificación administrativa, sino también una redefinición del rol del Estado en la garantía de un derecho fundamental. Durante el período en que los municipios han estado a cargo de la educación, hay evidencias de profundas desigualdades en la gestión de los recursos.

La dependencia de las administraciones locales, muchas veces condicionadas por prioridades políticas, recursos mal administrados y prácticas como el cuoteo, ha derivado en brechas significativas entre los territorios y los diferentes establecimientos educacionales. Esta forma de administración ha provocado que exista un número significativo de estudiantes que no están accediendo a las mismas oportunidades, quedando la calidad educativa, en demasiados casos, supeditada a la capacidad de gestión de cada alcalde de turno. En este contexto, la creación de la Nueva Educación Pública (NEP) y la implementación de los SLEP surge como una respuesta a la necesidad de fortalecer la educación, desde una mirada más equitativa y cohesionada.

El retorno del Estado como garante directo del sistema educativo abre la posibilidad de establecer estándares comunes, mejorar la planificación a largo plazo y asegurar una distribución más justa de los recursos. Desde una perspectiva personal, considero que este cambio resulta no solo necesario, sino también esperanzador. La educación, al igual que la salud, debe situarse en el centro de los derechos esenciales.

No puede depender de variables territoriales de una administración municipal que va rotando con un sello político, lo que conlleva una distribución de recursos antojadiza. Sin duda que esta forma es un obstáculo para el desarrollo genuino del derecho a la educación, el que debe ser garantizado con criterios de equidad, calidad y continuidad. Confiar en el Estado en esta materia implica reconocer su responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones.

Esto no supone desconocer los desafíos de esta nueva institucionalidad, cuya implementación inicial ha presentado dificultades, pero lo que viene y se hace necesario entender es la finalidad de aquello, especialmente en la gestión y en la cercanía con las comunidades educativas, asumiendo que se trata de un paso imprescindible para avanzar hacia un sistema más justo. El éxito de los SLEP está en su capacidad de responder a las necesidades reales de estudiantes, docentes y familias. Si logra consolidarse como un sistema transparente, eficiente y centrado en las personas, este proceso podría marcar un punto de inflexión en la historia de la educación pública en Chile.

En definitiva, el traspaso al Estado de la educación chilena, no es solo un cambio de administración: es una oportunidad para recuperar el sentido público de la educación y reafirmar su carácter de derecho fundamental, por sobre cualquier lógica de gestión fragmentada o desigual. Alcanzar una desmunicipalización efectiva no es solo una aspiración, sino una tarea colectiva ineludible.