El reservado sumario contra altos funcionarios del Poder Judicial que terminó en su destitución

El Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), decidió remover a tres altos funcionarios denunciados por vender servicios —a través de contratos mediante sociedades— al extranjero. Se trata del jefe del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI), Mario Lara Orellana; el jefe del Subdepartamento de Modernización, Esteban Paiva Jara; y Pablo Cabezas Fernández, jefe del Laboratorio de Innovación. Según información recopilada por Bío Bío Investiga, los investigados fueron notificados durante los últimos días de las sanciones, luego del sumario sustanciado por la ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo.

Durante el proceso, la magistrada no sólo les formuló cargos, sino que también remitió los antecedentes al Ministerio Público por una posible negociación incompatible a raíz de los negocios detectados. La causa penal avanza de manera paralela y está a cargo del jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos. Según se desprende del procedimiento en contra de Lara, Paiva y Cabezas, en la Corte Suprema sospechan que los funcionarios pudieron haber utilizado sus conocimientos obtenidos en el ejercicio de su trabajo en el Poder Judicial para luego transarlos en el extranjero.

Los servicios —sostiene la denuncia— estaban “relacionados directamente con las funciones que cumplen en la CAPJ”. Una situación que es rebatida por los implicados. Lee también...

Corte Suprema denuncia a altos funcionarios del Poder Judicial por "venta de servicios" al extranjero Martes 30 Diciembre, 2025 | 11:10 DE CHILE A REPÚBLICA DOMINICANA La causa administrativa de Gajardo estableció que los tres ingenieros del Poder Judicial chileno fueron contratados por el Poder Judicial de la República Dominicana y también detectó que habían ofrecido servicios en Argentina y Chile, a través de Innovectio SpA, sociedad de la que los tres profesionales son socios. Todo comenzó con una denuncia anónima ingresada el 20 de octubre de 2025, a través del canal de denuncias de la máxima magistratura nacional. Dos días después, la acusación que pesa sobre los funcionarios fue expuesta en una sesión extraordinaria del Consejo Superior del Poder Judicial.

La misma instancia resolvió instruir la investigación disciplinaria. La decisión de dejarla en manos de una ministra de la Suprema se debió —dicen fuentes consultadas para este artículo— a la “gravedad e importancia de los hechos”. Esto, porque podría impactar en las relaciones institucionales a nivel internacional y puesto que “alcanza jefaturas de la Corporación”.

Y si bien Gajardo había propuesto la expulsión de Lara y sanciones menores para Cabezas y Paiva (suspensión con medio sueldo), lo cierto es que el Consejo fue más allá: respaldó la expulsión de Lara y decidió abrir un cuaderno de remoción contra Cabezas y Paiva. La diferencia, explican conocedores, es que el Código Orgánico de Tribunales permite la remoción inmediata de Lara al ser jefatura directa. En el caso de los dos últimos, éstos a no ser cargos de exclusiva confianza, deben pasar por un cuaderno de remoción.

Adicionalmente, en la resolución del Consejo que endureció las sanciones de la ministra Gajardo, se decidió abrir un sumario administrativo contra la esposa de Mario Lara, la abogada Carolina Cáceres, quien trabaja como abogada al interior del Departamento Jurídico de la CAPJ. Un detalle no menor es que la propuesta de sanciones conocida por el Consejo Superior contó con la inhabilitación de la presidenta del máximo tribunal, la ministra Gloria Ana Chevesich, quien declaró como testigo en la causa. Por ende, en las futuras apelaciones no podrá intervenir.

Lee también... Empresa sin experiencia: cómo el Poder Judicial asignó "a dedo" millonario contrato para web de fallos Martes 06 Enero, 2026 | 06:00 En tanto, los tres funcionarios investigados señalaron que apelarán y agotaran todas las instancias judiciales disponibles. “Por supuesto que apelaremos y, en lo sucesivo, recurriremos ante las instancias judiciales pertinentes.

Se nos ha propuesto la remoción injustamente, sin que hayamos transgredido norma alguna que prohíba el uso de nuestras capacidades intelectuales en un espacio académico extranjero, sin emplear recurso institucional alguno”. Asimismo, señalaron que el proceso “no se encuentra terminado”. Por ende, “confiamos en que la sabiduría del Pleno de la Excma.

Corte Suprema restaurará el derecho. El proceso se desarrolló vulnerando la normativa interna del Poder Judicial y las normas constitucionales del debido proceso administrativo, vicios que serán debidamente acreditados ante el órgano resolutor de segunda instancia”. Respecto al proceso, sostienen que “se nos acusó públicamente, a través de la prensa, de hechos que no fueron acreditados en el procedimiento.

De los tres cargos formulados —ninguno de ellos relacionado con el uso de recursos internos, con software institucional ni con la venta de herramientas tecnológicas— solo se nos sanciona por un cargo sustantivo: haber desarrollado funciones consideradas afines a nuestra área de especialidad”.