El programa que alimenta a dos millones de niños en la escuela, en jaque

Por Verónica Aravena Vega Yo tomé leche en la escuela. Pan con mantequilla algunos días, a veces con mermelada. Almorcé algunas veces en ese comedor que olía a vapor y a plástico caliente, ese olor que uno no sabe nombrar de niña pero que reconoce décadas después como el olor del Estado funcionando.

No sabía, claro, que ese plato de comida tenía 118 años de historia encima. En 1908, una mujer llamada Eloísa Díaz —médica, directora del Servicio Médico Escolar, la primera mujer en titularse de medicina en Chile— escribió informes, golpeó puertas, convenció a quienes había que convencer, y financió la primera cantina escolar pública del país, en la Escuela N°97 de Santiago. Lo hizo porque había visto los cuerpos de los niños.

Sabía que el hambre era una condena biológica, un techo invisible que se instalaba en el cuerpo antes de los seis años y que ningún discurso pedagógico podía levantar. Ese mismo año nació la Sociedad de Ollas Infantiles. Para 1929 tenía treinta instalaciones en escuelas de todo el país.

En los años sesenta, cuando la desnutrición afectaba al 37% de los niños menores de seis años —más de un tercio de la infancia chilena con el cerebro literalmente sin los nutrientes para desarrollarse—, el gobierno de Frei Montalva formalizó lo que ya existía y creó la Junaeb. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) quedó institucionalizado. Continuó con Allende.

Sobrevivió a Pinochet. Sobrevivió a la Concertación, a Piñera, a Bachelet, a Boric. Sobrevivió porque era imposible argumentar, con datos en la mano, que debía desaparecer.

Hoy la desnutrición infantil en Chile es menor al 1%. Ese número es el PAE. No en su totalidad, pero sí en parte esencial.

Es lo que cuesta cien años de políticas públicas sostenidas: pasar del 37% al 1%. Y es exactamente lo que se puede destruir, silenciosamente, en un oficio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast envió esta semana un documento interno a los ministerios con recomendaciones para el Presupuesto 2027.

Entre los 15 programas que el Ministerio de Educación debería «descontinuar» aparece el PAE. El mismo que hoy entrega casi cuatro millones de raciones diarias en cerca de 12 mil escuelas y jardines infantiles, beneficiando a dos millones de niñas y niños. El ministro Quiroz dijo que era solo un oficio.

Que no hay decisiones tomadas. Que son orientaciones técnicas. Tiene razón en lo formal.

Y es exactamente ahí donde hay que prestar atención: porque la política no solo se hace con decretos. Se hace también con lo que se pone en una hoja como «recomendación técnica» y se filtra a la prensa. Se hace con lo que se instala como posible.

Con lo que se vuelve pensable. Pensable. Esa es la palabra.

Porque lo que está ocurriendo no es un error de cálculo ni una torpeza comunicacional del Gobierno. Es la ejecución metódica de una filosofía política que tiene nombre, historia y consecuencias documentadas: la idea de que los riesgos de nacer pobre son responsabilidad privada, no pública. Que el Estado no debe garantizar condiciones mínimas de existencia, sino simplemente no estorbar al mercado para que, en teoría, algún día resuelva lo que la caridad no pudo en cien años.

Esa idea no es nueva. Es la misma que en los años ochenta convirtió a Chile en laboratorio mundial del neoliberalismo. La misma que desmanteló servicios públicos, privatizó pensiones, mercantilizó la salud y la educación, y que produjo, entre otras cosas, el estallido social de 2019.

La misma que ahora regresa, más ordenada, con traje institucional y oficio de Hacienda, a terminar lo que no pudo terminar entonces. La novedad de Kast no es la ideología. Es la secuencia: primero anuncias una rebaja del impuesto de primera categoría del 27% al 23% —un regalo directo a las empresas—, y luego mandas un oficio recomendando eliminar el desayuno de los niños más pobres del país para financiar el ajuste que esa rebaja genera.

Es un proyecto de Estado que ha decidido con quién está y con quién no. Hay un argumento que incomoda a la derecha porque la derrota en su propio terreno: el retorno económico. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas calcula que, por cada dólar invertido en alimentación escolar, el retorno en educación, salud y productividad es de diez dólares.

Chile tiene la mayor inversión anual por escolar de toda América Latina. Y la FAO lo describe como uno de los programas de alimentación escolar más sólidos y reconocidos de la región: seis décadas de políticas públicas sostenidas que hoy atienden a casi dos millones de estudiantes y entregan más de cuatro millones de comidas al día. Recortar el PAE no es austeridad.

Es destruir rentabilidad pública a largo plazo para cuadrar una hoja de cálculo en el corto. Es exactamente el tipo de decisión que toma quien no tiene ningún interés real en el largo plazo de ese país, sino solo en el próximo ciclo electoral y en la próxima reunión de directorio. Para entender qué viene si esto prospera, no hay que leer a ningún teórico político.

Basta con cruzar la cordillera. En el primer año del gobierno de Javier Milei, más de 4,3 millones de niños y adolescentes en Argentina no accedieron a una alimentación adecuada. La cifra la elaboró el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina — no una ONG de izquierda, no un think tank opositor: la institución más conservadora del pensamiento social argentino.

El resultado: 35,5% de la infancia con inseguridad alimentaria. La inseguridad severa —la categoría donde los niños pasan hambre directamente— creció del 14% al 16% en un solo año. En los hogares más pobres llegó al 51%.

Y aquí viene el dato que cierra el círculo y que debería bastar para terminar este debate: el mismo estudio encontró que la permanencia en la escuela actúa como factor de protección frente al hambre. Es decir: si el niño deja de ir a la escuela porque en la escuela ya no hay comida, el hambre empeora. Quitar la alimentación escolar no solo produce niños con hambre.

Produce niños que dejan de ir a la escuela. Es una trampa estadísticamente documentada de la que los niños pobres no salen solos. Chile ya lo sabe.

Lo supo antes de 1964. Lo supo durante la dictadura, cuando el Estado se retiró de la vida de las familias populares y las ollas comunes llenaron ese vacío con esfuerzo colectivo y una dignidad que no debería haber tenido que existir. La pregunta es qué tipo de comunidad política queremos ser.

Hay dos respuestas posibles y son irreconciliables. La primera dice que el Estado existe para garantizar condiciones mínimas de existencia digna, y que un niño que llega con hambre a la escuela no es un problema familiar sino un fracaso colectivo. La segunda dice que el Estado es el guardián del orden y el facilitador del mercado, y que alimentar a los niños pobres es un gasto prescindible: que lo haga la familia, la iglesia, la filantropía, el mercado, Dios, quien quiera.

Kast ha elegido la segunda. Lo ha hecho con nitidez, sin ambigüedad, con la coherencia que da la convicción ideológica. Eso, al menos, merece reconocerse: no hay hipocresía en el oficio de Quiroz.

El problema es que ese programa tiene consecuencias reales en cuerpos reales. En niños reales de ocho años que llegan a las tres de la tarde con algo en el estómago o no. Que pueden concentrarse en la pizarra o solo en el ruido de sus tripas.

Y que no eligieron en qué familia nacer, en qué país nacer, ni en qué momento histórico les tocó ser niños. El Programa de Alimentación Escolar tiene 118 años. Sobrevivió a Pinochet.

La pregunta ahora no es si sobrevivirá a Kast. Es si nosotros vamos a dejar que no sobreviva. Por Verónica Aravena Vega Psicóloga.

Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos.

Máster en Psicología Social/Organizacional.