El Olivar: demoler no puede ser la primera palabra

En toda obra existen elementos estructurales y no estructurales. Los primeros resisten las cargas que actúan sobre la edificación durante su vida útil (peso propio, viento, sismo); los segundos cumplen funciones de separación, aislación, terminación o habitabilidad. La distinción importa porque no toda deficiencia constructiva compromete, por ese solo hecho, la estabilidad general de una vivienda.

Y en un asunto tan delicado como el de El Olivar, esa diferencia no debiera ser borrada por el apuro político ni por la necesidad comunicacional de mostrar decisión. Si las dudas del ministro sobre los materiales utilizados son fundadas, corresponde investigarlas con rigor. Pero una cosa es abrir una duda razonable y otra muy distinta es insinuar, como primera respuesta, la demolición.

Entre ambas hay una distancia que solo puede ser recorrida por una evaluación técnica seria. Más aún, considerando que los cuestionamientos son a elementos no estructurales, concretamente, tabiques divisorios de hormigón liviano. No basta una inspección visual ni una conclusión anticipada.

Una evaluación responsable exige revisión de proyectos y especificaciones, levantamiento en terreno, toma de muestras, ensayos de laboratorio, verificación de trazabilidad de materiales y, de ser necesario, modelación estructural. Solo con ese conjunto de antecedentes puede establecerse si se está ante defectos subsanables, incumplimientos relevantes pero corregibles, o fallas de tal entidad que hagan inevitable pensar en medidas extremas. El punto, entonces, no es negar de antemano la eventual existencia de negligencias.

Es exigir que ellas se acrediten de manera independiente y transparente. Porque si efectivamente hubo incumplimientos graves en obras financiadas con recursos públicos, la autoridad tiene el deber de perseguir responsabilidades y de corregir sus efectos. Pero corregir no equivale a precipitarse.

La demolición, por su naturaleza, debiera ser siempre la última ratio. No solo porque es la alternativa más costosa para el erario; también porque impone costos sociales, urbanos y humanos evidentes: desplazamiento de familias, deterioro del entorno, pérdida de inversiones ya ejecutadas, litigios y postergación de la solución efectiva. Incluso si se acreditaran fallas serias, la pregunta no sería solo si hubo error, sino cuál es la respuesta más razonable desde el punto de vista de la seguridad, la proporcionalidad y el uso eficiente de los recursos públicos.

Refuerzo, reparación, reposición parcial o demolición: el Estado debe ponderar, no dramatizar. Por eso, lo que aquí se juega no es únicamente un problema constructivo. También está en cuestión la forma en que la autoridad ejerce su cargo.

El ministro ha mostrado, en sus primeras semanas, una energía y una presencia en terreno que la política suele extraviar. Eso es valioso. Pero la investidura impone una carga adicional: recordar que la autoridad no solo debe actuar, sino actuar conforme a derecho.

Dicho en términos weberianos, la ética de la responsabilidad exige medir consecuencias, someter la convicción al procedimiento y entender que la voluntad de corregir no reemplaza la fundamentación técnica ni jurídica. La ciudadanía puede aceptar decisiones duras; lo que no debiera aceptar es que ellas aparezcan como fruto de la revancha, del gesto político o de una conclusión previa a la evidencia. En El Olivar, más que energía, lo que se requiere es una administración capaz de mostrar que obra bajo el principio de legalidad, sujeta a la norma y orientada por razones públicas.

Solo entonces, si los antecedentes lo justifican, incluso la opción más drástica podría ser entendida como una decisión legítima, y no como un acto de fuerza.