El malogrado control de daños por los “recortes de Quiroz”

Los decretos de Jorge Quiroz no son solo una fría resta contable: han sido un bombazo político en el corazón de La Moneda, justo cuando el discurso oficial promete proteger a los más vulnerables. Quiroz firmó el “acta de guerra” el pasado 24 de abril, el mismo día en que estallaba la polémica por la circular de la Dipres para “descontinuar” programas. Mientras la decisión se revierte, queda en el aire una particular evidencia.

Al menos para los partidos oficialistas, las carteras que articulan la política en La Moneda quedaron sin control sobre el ministro Jorge Quiroz, quien continúa recibiendo críticas desde que materializó la idea de reducir el Mepco. De la instrucción de descontinuar programas, se pasó rápidamente a un intento de enmascarar las decisiones con el argumento de que había sido un error de léxico. Ingenuamente, según sectores oficialistas, el Gobierno ha salido a afirmar que donde decía “descontinuar” había que leer “reformular” y que cualquier lectura distinta provenía de “malintencionadas interpretaciones”.

Mal. Una estrategia de control de daños del Segundo Piso que confirmó políticamente que las cosas a Quiroz se le habían salido de control. La “aclaración” formulada además contradice la redacción del oficio N° 16 de Hacienda que se difundió por la prensa.

La precisión, incluso, fue recibida con burlas por algunos miembros de la oposición. Uno de ellos soltó con ironía que la política pública había cambiado de lenguaje, pasando del “karamanés” al “quirocianismo”. Más allá del relato anecdótico, lo ocurrido no responde a un nuevo error comunicacional, como ha intentado instalar el Ejecutivo.

A juicio de observadores y analistas, se trataría, lisa y llanamente, de un grave error político que dejó en evidencia que los temores frente a la promesa del entonces candidato Kast, de reducir el gasto fiscal sin afectar beneficios sociales, sí tenían fundamento. El presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, criticó que el titular de Hacienda no haya “prevenido a cada uno de los ministerios” sobre el contenido de las evaluaciones antes de que se emitieran, considerando que las reparticiones podían entender las medidas como “instrucción” destinada a terminar con beneficios sociales, recortes o términos de programas. En resumen, un “fail” que generó un efecto político negativo.

Lo anterior se suma al impacto del decreto de reducción presupuestaria de $32. 721 millones para el Ministerio de Desarrollo Social, que erosiona la legitimidad del Ejecutivo en áreas de sensibilidad social, como infancia, vejez y discapacidad. La decisión confirmó el diagnóstico de sectores oficialistas sobre la “técnica fría”del ministro Quiroz, que opera sin contrapeso político que pondere el costo social de los ajustes.

Según el decreto, el Servicio de Protección a la Niñez pierde $12. 748 millones y la Conadi otros $7. 634 millones.

“Es un suicidio comunicacional”, plantean algunos personeros políticos. Mientras el Ejecutivo insiste en que no se eliminarán beneficios esenciales, la ANEF califica el movimiento como un “ataque frontal” a la infancia, la discapacidad y los pueblos originarios. Para el oficialismo de mayor experiencia –la vieja guardia–, los responsables de ambos errores están en el equipo a cargo de la conducción política del Gobierno, que ha sido incapaz de contener la “receta económica de Quiroz”con una mirada política.

Desde Palacio afirman que el rol del Segundo Piso era alertar sobre medidas técnicas que pudieran desatar una crisis política, pero que nada de eso sucedió. A partir de ahora, la contraparte política de todos los técnicos será el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien supervisará cada medida antes de su entrega pública. La idea es equilibrar técnica y política, buscando evitar cualquier atisbo de indignación ciudadana.