El incierto destino de $8 mil millones del GORE Araucanía: programa benefició a políticos y familiares

Una docena de empresas investiga la Fiscalía de Alta Complejidad en La Araucanía, tras recibir denuncias por eventuales irregularidades en un programa financiado con recursos del Gobierno Regional. Más de 8 mil millones de pesos que se repartieron entre cientos de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de la zona y donde una buena parte no logró acreditar de manera fehaciente en qué se gastaron. Facturas observadas, rendiciones sin los certificados exigidos y compras a mipymes que pertenecen a los mismos empresarios beneficiados, son parte de los antecedentes que Radio Bío Bío en Temuco logró obtener y que cuentan la historia de un programa que pretendía reactivar la economía regional.

Lee también... Diputada Ñanco oficia a Contraloría y GORE Araucanía: pide detalles de proyectos asociados a programa Lunes 30 Marzo, 2026 | 11:48 Buena parte de los dineros terminaron en manos de familias de La Araucanía, conocidas, no sólo por sus abultados patrimonios, si no que también por los vínculos que mantienen con partidos políticos de la derecha. Así lo confirma el actual gobernador, René Saffirio, hoy independiente tras dejar -hace varios años- la Democracia Cristiana (DC).

La autoridad reveló a este medio el nombre de una serie de empresas que resultaron con los recursos rechazados en las rendiciones. Las firmas a las que apunta Saffirio tienen relación con el ex presidente del Partido Republicano en la zona, Alejandro Martini; además de la familia García Aguilera, que mantiene un lazo de parentesco con el exdiputado de Renovación Nacional (RN), Diego Paulsen. La Radio logró acceder al listado de empresas, compuesta por un total de 327 entre personas naturales y jurídicas.

Además de las mencionadas por el gobernador, hay otras que pertenecen a figuras que enfrentan la justicia en distintas aristas del caso Fundaciones, siendo investigadas por delitos tan graves como fraude al Fisco. Hoy el programa, que pretendía reactivar la economía de La Araucanía, se encuentra cerrado y en el proceso, el equipo del actual Gobierno Regional detectó una serie de irregularidades que incluyen información extraviada, rendiciones rechazadas por 6. 887 millones de pesos y un monto observado por $1.

197 millones. Por todo lo anterior, la autoridad instruyó sumarios administrativos y además evalúa la presentación de acciones legales. Mientras tanto, la Fiscalía inició una investigación tras recibir una denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII), sumándose una que posteriormente ingresó el gobernador Saffirio.

Economía devastada por la pandemia: El inicio de todo Conocida es la historia de los convenios que el Gobierno Regional de La Araucanía firmó con distintas fundaciones. Sin embargo, poco se sabe de los traspasos que la institución pública efectuó a la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo para un programa de reactivación económica en 2022. Las transferencias que la entidad realizaba a la agencia no tenían nada de extraño, ya que se trata de una organización de derecho privado que necesita los recursos del Gobierno Regional para operar y así ejecutar una gestión orientada a mejorar los indicadores de competitividad económica de los territorios.

Hasta ahí, todo bien. La corporación del GORE de La Araucanía cumplía con su objetivo y por lo mismo decidió actuar ante las devastadoras consecuencias que la pandemia del Covid-19 dejaba en la actividad regional. Cerca de 82 mil puestos de trabajo perdidos en 2020 y el freno a la actividad empresarial encontraron solución en el programa de reactivación económica que propuso la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Una idea que surgió en 2021 cuando Luciano Rivas, el primer gobernador de la región y el único que la derecha logró posicionar en todo el país, lideraba el Gobierno Regional de La Araucanía. Su misión era administrar los bienes y recursos de la zona, pero también cumplía con presidir el directorio de la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo. La pandemia no sólo enfermó a las personas, también provocó un freno en las economías locales y en la región más pobre del país, las familias pedían medidas urgente a las autoridades.

Una crisis que la corporación vio como una oportunidad para proponer el programa de Reactivación Económica para las mipyme que intentaban adaptarse al escenario de incertidumbre que dejaba la emergencia sanitaria en 2021. Ese año fue clave para comenzar con la iniciativa que tenía el objetivo de cofinanciar planes de negocios, a través de infraestructura y/o equipamiento que permitieran mejorar los productos o servicios para contribuir a la competitividad de los emprendedores, pero también para generar puestos de trabajo. Así se firmó un convenio con el Gobierno Regional que lideraba Luciano Rivas.

En primera instancia la entidad pública transfirió 2 mil millones de pesos a la agencia, aunque luego los recursos aumentaron al doble, es decir, 4 mil millones de pesos. Tras superar los trámites administrativos del Gobierno Regional, la iniciativa obtuvo la toma de razón de la Contraloría en julio del 2022. Sin embargo, tres meses después el directorio de la corporación acordó solicitar un aumento de $5 mil millones a la institución pública que estaba a cargo de Rivas.

Es así que el 13 de octubre del 2022 el exgobernador ingresó el mensaje N°316 al Consejo Regional, obteniendo en a penas cuatro días la aprobación de los miembros de la instancia. Para el 17 de octubre, el programa contaba con un total de 9 mil millones de pesos. Las bases del programa establecían que el objetivo principal era “cofinanciar hasta un 50% de iniciativas de inversión en equipamiento, mobiliario, maquinarias o herramientas y/o mejora de infraestructura, finalmente podrán destinar hasta un 30% del monto total del proyecto a la compra de materias primas debiendo destinar el 70% restante a las líneas de equipamiento, construcción o mejoras de infraestructura de proyectos”.

Los costos de las iniciativas de las micro, pequeñas y medianas empresas fluctuaban entre los 20 a 100 millones de pesos, por tanto, la agencia entregó montos que iban desde los 10 a 50 millones de pesos. Personas naturales y jurídicas postularon a los fondos y para ello tenían que cumplir con ciertos requisitos. A las primeras se les solicitó ser mayor de 18 años, contar con residencia acreditable en La Araucanía, tener iniciación de actividades en primera categoría, además de presentar un certificado de iniciación de actividades y carpeta tributaria del 2021 si la tuviera.

Mientras que a las personalidades jurídicas se les pidió prácticamente lo mismo, aunque también tenían que presentar su giro comercial, demostrar que estaban constituidas legalmente en Chile y que la casa matriz o una sucursal acreditaran domicilio en la región. $50 millones para empresa del expresidente de Republicanos “La región necesita al mejor y para el Partido Republicano es Luciano Rivas”, decía por ese entonces el presidente de la tienda en La Araucanía, Alejandro Martini, quien en diciembre de 2020 concedió una entrevista al Diario Austral para manifestar su apoyo público a la autoridad que buscaba coronarse como el primer gobernador de la región. El político, también conocido como “el flaco Martini”, no escondió su felicidad e incluso publicó en su cuenta de Instagram una foto con sus declaraciones en el periódico.

Publicación de Alejandro Martini en su cuenta de Instagram Las redes del empresario son amplias e incluso llegan hasta La Moneda, ya que el republicano publicaba en redes sociales fotos que daban cuenta de su relación con el hoy presidente, José Antonio Kast, mostrando un vínculo cercano con el mandatario. Compartieron viajes a Europa, además de concretar reuniones con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro y su hijo. Publicación de Alejandro Martini en su cuenta de Instagram Publicación de Alejandro Martini en su cuenta de Instagram Alejandro Martini, con domicilio en Villarrica, es uno de los que se adjudicó 50 millones de pesos del programa de reactivación económica de la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo.

El máximo de recursos que se otorgó para cofinanciamiento. Los dineros se destinaron a la Sociedad de Inversiones Martini Limitada para un proyecto de construcción y habilitación de una piscina industrial para baño anti manchas en la producción de madera aserrada, para así disminuir la aparición de hongos y evitar consecuencias negativas para su negocio. Sin embargo, las rendiciones por los $50 millones terminaron rechazadas.

En las observaciones de rendición se detectó, por ejemplo, la ausencia de comprobantes de pago en la factura N°208 y para lo cual sólo se adjuntó un documento de “recibo de dinero” de marzo de 2023. También se le pidió validar precios de construcción y el desglose de los montos relacionados a la factura. Además, tenía que aclarar la ubicación de su proyecto, porque las direcciones no coincidían y los equipos de seguimiento no encontraban la obra.

Sociedad de Inversiones Martini facturó los 50 millones de pesos a Comercial Santa Pilar SPA, firma que pertenece un empresario que mantendría otros negocios con Alejandro Martini y que llevan el mismo nombre, o similar, al de la proveedora. Radio Bío Bío en Temuco consultó por esta empresa al gobernador, René Saffirio, quien confirmó los recursos transferidos y los montos rechazados. Sin embargo, la autoridad apunta a un grupo de empresas.

Según dijo este “corresponde a Inversiones El Refugio, Sociedad Inversiones Martini, Comercial MK Chile Limitada e Inversiones MAK, a quienes se les transfirieron recursos por un monto de 199 millones y se les rechazó su rendición por 199 millones, es decir, se rechazó el 100% de los recursos rendidos”. Algo que Saffirio destaca porque se trata de firmas que pertenecen a socios del ex presidente de los republicanos: 50 millones de pesos para Inversiones MAK SPA, el mismo monto para Inversiones El Refugio SPA y $49. 213.

039 a Comercial Chile MK Chile Limitada. Las dos últimas facturaron a Comercial Santa Pilar SPA. También tomamos contacto con el empresario aludido, Alejandro Martini, quien -de manera amable- contestó cada una de nuestras consultas.

“No hay nada que esconder” fue lo primero que lanzó el expresidente de los republicanos en La Araucanía. El empresario aseguró que “los proyectos se hicieron” y agregó que “era una línea maderera nueva en un terreno entre Villarrica y Freire. Las facturas se presentaron.

Las rendiciones se hicieron”. Martini añadió “a mi nunca, la verdad que hasta el día de hoy, tres años después, lo que tú me estás diciendo, lo que tú me estás mencionando es totalmente nuevo para mi. No tengo antecedentes de eso.

Nunca se me ha solicitado nada de parte de la agencia. Absolutamente nada. Me pillas totalmente de sorpresa.

Lo encuentro increíble que por un medio de comunicación me entere de esta situación”. De todas maneras, reconoció las facturas a Comercial Santa Pilar SPA, negando tener algún tipo de negocio con el representante de esa empresa con quien admitió haber trabajado. “Él trabajó conmigo, pero no son empresas vinculadas a mi ni nada por el estilo”.

Alejandro Martini es socio de quien ejerció como jefe de gabinete de Luciano Rivas y que hoy enfrenta la justicia en al menos dos aristas del caso Fundaciones, nos referimos a Juan Pablo Leonelli Lepín. El también abogado constituyó en 2014 Sui Generis Limitada junto al actual consejero regional del PPD, Essio Guidotti Vallejos, quien se retiró de la sociedad un año después. La firma pasó por una serie de modificaciones y en mayo de 2017 Martini ingresó a la empresa.

Si bien esta no ganó recursos de la agencia transferidos por el Gobierno Regional, muestra el nexo entre el empresario y la exmano derecha de Rivas, algo que además ocurrió antes de que cambiara el orden de sus apellidos. Así, las rendiciones que la Sociedad de Inversiones Martini Limitada presentó a la Corporación, fueron firmadas por Leonelli mientras era director de la agencia en abril del 2023. Le consultamos al empresario lacustre si sabía que las rendiciones habían sido visadas por su socio, indicando que “sí, por supuesto, eso sí, obvio que lo sabía”.

Martini reconoció su amistad con Juan Pablo Leonelli, indicando que “es amigo mío y yo no voy a ocultar a un amigo, jamás, pero eso no tiene nada que ver”. Así, le preguntamos: “¿No le parece extraño eso, que su amigo esté firmando las rendiciones de su empresa? ”…y esta fue su respuesta.

“Pero el firmó las rendiciones de todas las empresas. Me imagino yo, no te sabría decir a ciencia cierta, pero me imagino que Juan Pablo en su calidad de director de la Agencia de Desarrollo Regional en ese minuto firmó todas las rendiciones de los cuatrocientos y tantos proyectos que se adjudicaron, no tan sólo de las mías”. Un detalle no menor es que la firma del empresario de Villarrica tiene inscripción en el Registro Nacional de MiPymes el 14 de marzo del 2025, al menos dos años después de adjudicarse los 50 millones de pesos del programa destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Lejos de esconderse, Martini se lamentó indicando que “uno siempre trabajando y la verdad que nunca había postulado a ningún programa de este tipo. Postulé y la verdad; pero nunca a través de Juan Pablo. Y tampoco soy de las personas que voy a desconocer a Juan Pablo, que no tengo ningún vínculo con él.

Por el contrario, él es muy amigo mío, lo quiero, lo adoro. No lo voy a desconocer, lo defiendo”. Historia compartida en la cuenta de Instagram de Juan Pablo Leonelli Para el empresario no tiene “nada que ver una cosa con la otra” y agregó, segundos antes de que la llamada se interrumpiera por mala señal que “si fuera por eso, entiendo que el ex diputado Paulsen se ganó siete proyectos, seis proyectos y también…”.

Pasaron unos segundo y retomamos el llamado. Martini reveló que tuvo acceso al listado de beneficiados, admitiendo que “hay mucha gente conocida de Juan Pablo, del gobernador anterior, está el mismo exdiputado Paulsen que era presidente de la Cámara, él se adjudicó seis proyectos y uno podría decir ‘oye, el exdiputado Paulsen se adjudicó seis proyectos de la corporación, tuvo que haber hecho presión, me imagino’ y obviamente yo jamás voy a creer eso de él”. Empresas de esposa, cuñados, y suegros de Diego Paulsen El empresario lacustre no estaba equivocado.

La lista de beneficiarios con recursos del programa de Reactivación Económica incluye a María Valentina García Aguilera, esposa de Diego Paulsen, quien ejerció como diputado de Renovación Nacional (RN) durante dos periodos y que en 2020 se convirtió en el parlamentario más joven, con sólo 32 años, en presidir la Cámara Baja a la cual no se repostuló en 2021. Además, en las últimas elecciones presidenciales se desempeñó como jefe de campaña de la excandidata de la UDI, Evelyn Matthei. En el Gobierno Regional identificaron al matrimonio como los representantes de Santa Clara SPA que se adjudicó $20.

190. 263 de la Agencia Regional, rechazados en su totalidad en las rendiciones. Según pudo conocer Radio Bío Bío en Temuco, los recursos se gastaron en un letrero de acrílico, el cambio de una carpa, además de gomitas dulces, papas fritas, masticables, super 8, frugelé y otras golosinas para su casa de cumpleaños.

Se realizaron observaciones en el proceso de rendición y en el seguimiento se advirtió de “incompatibilidades y prohibiciones”, pidiendo aclarar la admisibilidad del beneficiario por tener algún grado de parentesco con personas en cargos de “elección popular a la fecha de postulación del concurso”. Santa Clara SPA es una empresa constituida por el exdiputado de RN Diego Paulsen y su esposa, incluso pasando por una serie de cambios. De hecho, en 2023 realizaron una modificación de pacto social.

La Radio se contactó con el exdiputado. Si bien en primera instancia declinó entregar declaraciones, fuera de micrófono señaló que rindieron todos los recursos y que todo se concretó. Agregó que en al menos 3 oportunidades, desde la institución pública, se les pidió entregar información.

Incluso, compartió a Radio Bío Bío una Declaración Jurada Simple con fecha 30 de junio de 2023, sin timbre o firma, en donde su esposa en representación de Santa Clara confirma su “voluntad del excedente resultante del proyecto (…) que asciende a $20 (veinte pesos)” ya que la iniciativa denominada “Color Zoo mejor, para más niños y en más tiempo” estaba ejecutado en su totalidad. Preguntamos al gobernador, René Saffirio, por el caso de Paulsen y su esposa, aseverando que el matrimonio se adjudicó recursos a través de la mencionada empresa y que estos fueron rechazados. Es más, la autoridad entregó el listado de empresas que representan personas de la familia García Aguilera.

“La empresa Santa Clara, Inversiones RGA, Comercial Decorene Limitada, Fruterra Gastronomía Limitada, Inversiones 530 Limitada, Inversiones G7 Limitada, que recibieron la suma de 204 millones de pesos y se les rechazó una rendición por 167 millones de pesos, es decir, se rechazó el 81,9% de los recursos que les fueron entregados a estas empresas”. De hecho, tras un exhaustivo cruce de datos, logramos detectar lo siguiente. Inversiones RGA Limitada, representada por Rodrigo Javier García Aguilera, se adjudicó 43.

640. 918 millones de pesos; de estos $921. 655 quedaron observados y $42.

719. 263 rechazados. El cuñado de Diego Paulsen presentó un total de 5 facturas; justificó el gasto de los recursos en la compra de un toldo, una cámara de frío, un congelador, camarones ecuatorianos y en la fabricación e instalación de una estructura metálica para el restaurante Mercato.

Pero, una vez más, el profesional de seguimiento de la agencia levantó una serie de observaciones. Una de las más complejas tiene relación con la solicitud del comprobante de pago realizado desde el beneficiario al proveedor, ya que no era suficiente entregar un correo electrónico adjunto indicando que la factura se pagó en efectivo, debido a que la misma detallaba que la forma de pago fue en crédito a 15 días. La factura cuestionada tiene fecha de enero del 2023 y en total, supera los 17 millones de pesos.

Para pagar este monto, Rodrigo García ocupó $8. 993. 484 que provenían del programa de reactivación económica, invertidos en la compra de los camarones ecuatorianos.

Con todo, Inversiones RGA decidió facturar los recursos públicos a empresas de sus familiares. En el detalle, Rodrigo García Aguilera decidió gastar 725 mil pesos para comprar el toldo a Comercial Decorene Limitada, representada por su mamá Margarita Aguilera Galaz, quien también recibió recursos de la agencia. La suegra de Diego Paulsen se adjudicó un total de $39.

743. 356. De estos, 9.

148. 720 pesos terminaron observados y más de $30 millones rechazados. Justificó el gasto en la compra de un furgón Chevrolet N400, otro de la misma marca modelo N401, una camioneta Mazda BT50 y telas.

Margarita Aguilera aseguró que por la inversión logró contratar a 8 personas, sin embargo, la agencia le solicitó el informe de generación de empleo. Además, le pidió los documentos de los vehículos adquiridos para validar la inscripción a su nombre. Otro de los miembros de la familia que también resultó favorecido con recursos es Ricardo Gonzalo García Aguilera para su empresa Fruterra Gastronomía Limitada por $17.

020. 232. Se observaron 827.

584 pesos y otros $16. 192. 648 resultaron rechazados.

Justificó sus gastos en un horno de piso de alta temperatura, un refrigerador, distintos cortes de carne (filete y sobrecostilla), un furgón Chevrolet N400 y un toldo retráctil, este último lo facturó a su mamá: Margarita Aguilera Galaz por un cheque de $3. 675. 210, ocupando para este fin poco más de 1 millón 800 mil pesos del total del cofinanciamiento recibido.

Entre las observaciones, además, se advirtió que las imágenes del informe de seguimiento no correspondían a las fotos de las dependencias de la empresa. El último de este grupo familiar es el patriarca: Ricardo Guillermo García Migueles, quien se quedó con $34. 524.

898 para su empresa Inversiones 530 Limitada. A él no le fue mucho mejor que a sus hijos y esposa, ya que no pasó todas las rendiciones. 10.

960. 982 millones de pesos resultaron observados y otros $23. 563.

916 rechazados. Los gastos se concentraron en una cortadora de fiambre, congeladores, carnes que, al igual que su hijo, se ocuparon para comprar cortes como filete y sobrecostilla. También pagó el diseño de una página web, una camioneta Mazda All New BT-50 y tres toldos retráctiles que compró a Comercial Decorene Limitada, la empresa de su esposa Margarita Aguilera Galaz cursando una factura por un total de $6.

903. 432 y para lo cual destino $3. 451.

716 de los aportes del Gobierno Regional. Un antecedente que detectó el profesional de seguimiento del proyecto, ya que en las observaciones incluye una nota para dejar de manifiesto la relación del matrimonio con la proveedora de Inversiones 530. Ricardo García Migueles no presentó una serie de documentos y se le pidieron los comprobantes de transacción de pago efectivo de las compras que realizó con al menos 2 facturas.

El GORE también detectó que el informe de seguimiento no daba cuenta de la fabricación e instalación de los toldos que compró a su cónyuge. Así, en total, la agencia traspasó a las mipymes de la familia García Aguilera $155. 119.

667; recursos que -recordemos- salieron de las arcas del Gobierno Regional de La Araucanía. Lee también... GORE de La Araucanía busca que empresarios restituyan $9 mil millones recibidos y no rendidos Viernes 25 Julio, 2025 | 20:54 Aunque no lo es todo, ya que el listado de beneficiarios registra nombres que no sólo mantienen vínculos familiares, si no que también relaciones de negocios.

Tomás Echavarri Fernández es representante de Inversiones G7 Limitada, la cual se adjudicó $49. 023. 147.

Lo que al parecer nadie advirtió, es que los recursos favorecieron a una firma que tiene como socio a Rodrigo García Aguilera, el mismo de Inversiones RGA, cuñado de Paulsen. El gasto de los dineros se justificó en la compra de un notebook, un computador marca HP, un monitor touch o táctil, una impresora, cortadora de fiambre, un mesón refrigerado y un refrigerador industrial, entre otros. La empresa es la misma del conocido restaurante Gohan.

Echavarri señaló que el objetivo de su proyecto era implementar un terraza con toldos, habilitar un área de juegos para niños, renovar equipos tecnológicos, comprar una camioneta para delivery y materia prima para el aumento de ventas. Presentó un total de 6 facturas y en algunas se detectaron situaciones que se le pidió subsanar. Por ejemplo, se solicitó el comprobante de transacción o voucher para demostrar el pago de las compras que se realizaron con tarjeta de crédito.

Al socio del Rodrigo García Aguilera, se le solicitó un comprobante de pago por una factura de casi 20 millones de pesos que no especificaba si el pago se realizó en efectivo, con tarjeta de débito o transferencia bancaria. Además, se levantaron observaciones a Inversiones G7 por no incluir el resultado de algunos objetivos específicos por la compra de los equipos tecnológicos o la instalación de los mismos. Se le pidió verificar el uso de la camioneta para delivery porque en la págiba web había “un error con esta opción”, ya que las alternativas de entrega sólo eran a través de aplicaciones externas.

Fuera de micrófono, Paulsen aseguró que todos los negocios de él y su familia estaban en orden. Recursos para conocidos y amigos del exgobernador Luciano Rivas En el cruce de datos y tras revisar de manera detallada el listado de beneficiarios, detectamos lo mismo que Alejandro Martini tras tener acceso a las empresas favorecidas: amigos y conocidos del exgobernador Luciano Rivas. Así figura Víctor Albornoz Rubilar, casado con la prima de la esposa de Rivas y hermano de Andrés Albornoz Rubilar.

Este último era el abogado de confianza del entonces gobernador, ya que fue su asesor jurídico. Además, Albornoz era el tesorero de Fundación Local, investigada por la Fiscalía en la arista del mismo nombre, y donde el Ministerio Público le imputa delitos de fraude al fisco reiterado, uso malicioso de instrumento privado falso reiterado y otros delitos económicos. En la misma causa, recordemos, el exgobernador Luciano Rivas tiene la calidad de imputado.

Víctor Albornoz también tenía una mipyme y, por supuesto, postuló al concurso que le permitió quedarse con 50 millones de pesos para cofinanciar la fabricación de resinas y un reactor para su empresa Bioinnova SPA. Una vez más las rendiciones quedaron rechazadas. Presentó dos facturas y se le pidió la cartola bancaria con las transferencias realizadas en los meses de abril y mayo de 2023, ya que las presentadas no se podían diferenciar entre sí.

Pero hay más conocidos del ex gobernador Luciano Rivas. La agencia que la misma autoridad presidía, seleccionó entre los ganadores del concurso del programa reactivación económica a la empresa Eco Frontera SPA, representada por Héctor Troncoso Triviño, también imputado en la arista de Fundación Local. Troncoso se quedó con un cofinanciamiento de $34.

670. 030 de la entidad que lideraba su amigo. Utilizó los recursos para la compra de equipamiento, presentando un total de 5 facturas.

Según información que conoció La Radio, no hubo observaciones en las rendiciones. Sin embargo, en el seguimiento se detectó que el vehículo estaba en las dependencias de proveedor en otra ciudad “a la espera del despacho a Temuco”. Tampoco se generaron informes respecto a las otras compras realizadas por el empresario.

Así se le pidió adjuntar verificadores de cumplimiento de los objetivos de su proyecto Por supuesto, una vez más los recursos terminaron con las rendiciones rechazadas y así se mantuvieron hasta el cierre del programa en diciembre de 2025. Incompatibles: nada de funcionarios o parientes de autoridades Un dato no menor es que las bases del concurso del programa de reactivación económica establecía, en su artículo 3, Incompatibilidades y Prohibiciones para las personas naturales y jurídicas que postularon a la iniciativa. Por ejemplo, no podían participar funcionarios del Gobierno Regional, los representantes de empresas socias de la corporación, menos “ser pariente consanguíneo o en la línea recta o colateral hasta el segundo grado, o por afinidad hasta el segundo grado de algunos de ellos”.

Lo mismo se aplicó a los integrantes del directorio de la agencia y a sus trabajadores y a las autoridades que ocupaban cargos de elección popular. La Investigación de Fiscalía Tras obtener esta información, Radio Bío Bío en Temuco realizó las consultas al Ministerio Público en La Araucanía, señalando que la Fiscalía de Alta Complejidad inició una investigación a partir de una denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII). Lee también...

Fiscalía indaga a 12 empresas que recibieron recursos de Corp. de Desarrollo Regional de La Araucanía Viernes 08 Agosto, 2025 | 19:28 Todo tiene relación con el convenio que firmó el Gobierno Regional y la Corporación Agencia de Desarrollo Productivo de La Araucanía. La Fiscalía indica que son al menos 150 personas naturales y jurídicas beneficiadas, explicando que hay una investigación desformalizada en contra de 12 empresas por eventuales irregularidades en la postulación o ejecución de los fondos.

En el primer semestre del 2025 se recopilaron antecedentes y para la segunda mitad del año, el Gobierno Regional ingresó una denuncia en contra del encargado de seguimiento del convenio, Roberto Soto Fuentes, quien formaba parte de la División de Fomento e Industria (Difoi). Explican que en ese rol tenía la función de velar por el correcto uso de los recursos, el cumplimiento de las reglas del programa y la adecuada rendición de los fondos. Si bien el Ministerio Público de La Araucanía no entrega más detalles de la investigación respecto al convenio del GORE y la agencia, revela que con estos antecedentes se inició otra causa en contra del exfuncionario, siendo formalizado por 10 delitos de fraude al Fisco y un delito de lavado de activos, este último vinculado a la adquisición de una camioneta.

En primera instancia quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, pero hace una semana esta fue modificada tras “prestar colaboración reconociendo los hechos”. Las medidas del nuevo gobernador El Gobierno Regional transfirió un total de 8. 917 millones de pesos, lo que permitió beneficiar a 327 empresas y sólo 23 cumplieron con la rendición de los gastos con éxito.

Se aprobó un 8,9% de los dineros, es decir, apenas $797. 000. 000, mientras que un 13,4% ($1.

197 millones) de los montos resultaron observados y un 77,1% ($6. 877 millones) rechazados, sumando $8. 074.

000. 000 de recursos destinados para La Araucanía que no se sabe con exactitud en qué fueron gastados. Lo sorprendente es que hubo empresas que reintegraron fondos al Gobierno Regional, aunque el monto apenas alcanza al 0,5% del total de lo transferido y corresponde a poco más de 45 millones de pesos.

Hace casi dos semanas el gobernador de La Araucanía, René Saffirio, reveló esta delicada situación e instruyó un sumario administrativo tras detectar las irregularidades en el programa que estaba dirigido a las mipymes afectadas por la pandemia. “Se instruyó un sumario administrativo en contra de quienes resulten responsables en la gestión, administración y ejecución del programa de fortalecimiento productivo de La Araucanía, que contempla recursos por un total de 9 mil millones de pesos transferidos a un total de 327 empresas”. “En la revisión documental se constató carpetas que están fuera de su respectiva custodia, con información incompleta.

La situación reviste particular gravedad, ya que podrían implicar inconsistencias en los procesos de control y revisión de los recursos públicos. Mi responsabilidad como gobernador regional me impone la obligación de iniciar un sumario administrativo”, dijo la autoridad. Luego de las consultas que realizó La Radio al empresario republicano y al exdiputado, ambos señalaron que nadie les informó sobre irregularidades en las rendiciones de sus proyectos.

También fue consultado al gobernador por esta situación, indicando que “respecto de si fueron informados, hay que entender que esta situación se produjo los años 2023 y 2024. En consecuencia, la última rendición se produjo en abril de 2024, bajo la administración anterior. Se comprenderá fácilmente que en este desorden y descalabro de irregularidades la enorme cantidad de documentación que al asumir ya no estaba disponible”.

Saffirio también indicó que iniciará un proceso de auditoría interna, además de evaluar las acciones judiciales que correspondan tras el cierre administrativo del programa que pretendía reactivar la economía de la región más pobre del país.