El Estado debe garantizar la reparación integral sin intermediarios

Por Daniela Aceituno Silva Señor Director: La reciente llamada que recibió mi madre por parte de un estudio privado de abogados, ofreciendo sus servicios de “acceso a la justicia” a propósito de que mi padre figura en la nómina Valech II como ex preso político y víctima de tortura, abre una interrogante alarmante sobre la custodia de datos sensibles en nuestro país. Independientemente del carácter público de dichas nóminas, es alarmante la filtración de información de contacto privada hacia manos de terceros. ¿Cómo logran estos intermediarios acceder a bases de datos que originalmente fueron entregadas al Estado bajo estrictos protocolos de confidencialidad?

Este hecho no es solo una vulneración a la Ley de Protección de la Vida Privada; es una muestra del abandono estatal. Ante la ausencia de una política pública de reparación permanente, integral y gratuita, se ha permitido que el acceso a la justicia se convierta en un nicho de mercado. El vacío institucional es llenado por el lucro profesional de quienes ven en el dolor ajeno una oportunidad de negocio, revictimizando a familias que ya han cargado por décadas con el peso de la historia.

El Estado tiene la obligación ética y legal de garantizar la reparación integral sin intermediarios interesados. Es urgente que se investigue la filtración de estos antecedentes y que la memoria deje de ser un espacio de omisión donde el mercado impone sus reglas.