El Estado de Derecho prevalece sobre el activismo político

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago ha enviado un mensaje claro sobre los límites del derecho internacional y el creciente uso de tribunales extranjeros como espacios de activismo: el derecho internacional no puede convertirse en un arma de intimidación política. El 6 de marzo de 2026, el tribunal declaró inadmisible una querella criminal por crímenes de guerra presentada por la organización Hind Rajab Foundation (HRF) contra Rom Kovtun, ciudadano israelí-ucraniano a quien se atribuye haber actuado como francotirador en las Fuerzas de Defensa de Israel durante operaciones en Gaza. La querella, presentada por el abogado chileno Pablo Andrés Araya Zacarías en representación de HRF, pretendía que tribunales chilenos conocieran e investigaran hechos ocurridos en Gaza, invocando normas como el Estatuto de Roma y la legislación nacional sobre crímenes de guerra.

Sin embargo, el tribunal fue categórico: Chile no tiene jurisdicción para juzgar a extranjeros por delitos cometidos fuera de su territorio, salvo en situaciones excepcionales claramente definidas por la ley. Esta resolución constituye un retroceso para la estrategia -cada vez más frecuente- de recurrir a tribunales de derecho para impulsar litigios de carácter político. Lee también...

Presentan querella para juzgar en Chile a ciudadano israelí por presuntos crímenes de guerra en Gaza Lunes 16 Febrero, 2026 | 18:25 En consecuencia, la capacidad de los tribunales chilenos para conocer violaciones al derecho internacional se encuentra delimitada por el principio de territorialidad y por las hipótesis excepcionales previstas en la legislación nacional. El simple hecho de que una persona se encuentre en un país que ha ratificado el Estatuto de Roma no genera jurisdicción automática sobre presuntos delitos cometidos en otro lugar. La querella presentada en Chile forma parte de una campaña internacional destinada a promover acciones judiciales contra personal militar israelí en distintos países, basada en la idea de que la presencia de personas acusadas de crímenes internacionales en territorio extranjero permitiría activar investigaciones bajo sistemas jurídicos de otros Estados.

Sin embargo, los tribunales de derecho no pueden transformarse en plataformas para litigios estratégicos orientados al activismo político y mediático. En un contexto global donde distintas causas políticas buscan instalarse en tribunales, muchas veces con un evidente componente mediático, existe el riesgo de desdibujar los límites entre justicia y activismo. La llamada “jurisdicción universal” no es una carta blanca; su aplicación está sujeta a condiciones estrictas, precisamente para evitar abusos y preservar la legitimidad de los sistemas judiciales.

Al negarse a conocer un caso que carecía de base jurisdiccional válida, el poder judicial chileno reafirmó que el Estado de Derecho debe prevalecer sobre el activismo político. En definitiva, lo que hace el tribunal chileno es algo tan simple como esencial: recordar que el Estado de Derecho se sostiene sobre reglas claras, no sobre impulsos políticos o presiones externas. Cuando los tribunales se transforman en vitrinas para causas internacionales sin base jurídica suficiente se pone en riesgo su credibilidad.

En tiempos de alta polarización global, donde los conflictos se libran tanto en el terreno como en la opinión pública, preservar la integridad de las instituciones judiciales resulta esencial para resguardar la seriedad, el principio de legalidad y el debido proceso.