El Divisadero - Editorial

Han pasado tres semanas desde la instalación del nuevo gobierno y, en Aysén, la señal que más se repite no tiene que ver con grandes anuncios ni con definiciones estratégicas, sino con algo más básico: la necesidad de ver a las autoridades en terreno. No es una demanda desmedida ni impaciente. Es, en realidad, lo mínimo esperable en una región donde la distancia no es solo geográfica, sino también política.

La expectativa es clara. La gente quiere presencia. Quiere que las nuevas autoridades recorran las localidades, escuchen directamente a las comunidades y se hagan cargo —aunque sea en una primera etapa— de levantar diagnósticos reales.

No se trata de actos protocolares ni de visitas simbólicas, sino de contacto efectivo con los problemas cotidianos: conectividad deficiente, listas de espera en salud, proyectos detenidos, servicios públicos que no llegan o llegan tarde. El problema es que, a tres semanas del inicio de la administración, esa presencia aún no se percibe con fuerza. Es cierto que el gabinete regional no está completamente conformado, pero ese argumento comienza a tensionarse con la urgencia del territorio.

Porque en Aysén, cuando el Estado no aparece, el vacío no es abstracto: se traduce en aislamiento, en postergación y en una sensación persistente de abandono. Aquí hay un punto de fondo que el nivel central suele subestimar. En regiones extremas como Aysén, el Estado no es un actor más: es el principal articulador de la vida social, económica y territorial.

Cuando su despliegue es débil, no hay muchas alternativas que lo reemplacen. Por eso, la demora en instalar equipos completos y, sobre todo, en activar presencia en terreno, no es solo un problema administrativo; es un problema político. Ordenar el trabajo gubernamental no puede ser una tarea de escritorio.

Requiere asumir que la primera señal de gobernabilidad en Aysén es la cercanía. Y esa cercanía no se construye con comunicados ni con agendas en Coyhaique, sino recorriendo el litoral, localidades aisladas y comunas donde las decisiones del Estado tienen un impacto directo y muchas veces urgente. La ciudadanía, además, no parte de cero.

Viene de procesos anteriores donde la desconexión entre autoridades y territorio fue una crítica constante. Por lo mismo, hay una vara más alta, una expectativa acumulada que hoy se traduce en exigencia. No es solo "queremos verlos", es también "no repitan lo mismo".

En ese contexto, la ausencia relativa de seremis en las distintas localidades empieza a generar ruido. Porque son ellos, precisamente, quienes deben canalizar las demandas sectoriales, articular soluciones y dar respuestas iniciales. Sin esa primera capa de presencia, el aparato público queda suspendido, sin capacidad de reacción en el territorio.

La frase que sintetiza el momento es simple: en Aysén, gobernar desde lejos no funciona. Y no funciona porque las particularidades de la región —su geografía, su dispersión poblacional, su dependencia de lo público— exigen una lógica distinta, más territorial, más directa y menos centralizada. El desafío del nuevo gobierno no es menor.

Tiene la oportunidad de corregir una falla estructural: la distancia entre decisión y realidad. Pero para eso necesita partir por lo básico. Salir a terreno, escuchar sin filtro y ordenar prioridades desde lo que la gente está viviendo hoy, no desde lo que se planifica en oficinas.

Si esa señal no aparece pronto, el riesgo no es solo el desgaste temprano de la administración. Es algo más profundo: reforzar la idea de que, una vez más, Aysén queda fuera del ritmo real de la política nacional. Y esa es una brecha que la región ya conoce demasiado bien.