El desafío de la desalinización recién comienza

La reciente aprobación por la Sala del Senado del proyecto de ley sobre uso de agua de mar para la desalinización marca un punto de inflexión en la política hídrica del país. Tras ocho años de tramitación y un debate legislativo intenso -con dos ajustes estructurales en su diseño-, el resultado de la votación de 37 votos a favor y uno en contra, no solo cierra un ciclo legislativo, sino que valida una convicción que se fue consolidando en paralelo al agravamiento sostenido del déficit hídrico: Chile necesita diversificar sus fuentes de agua. Durante más de una década, el país ha enfrentado un escenario de escasez estructural que tensionó al límite los sistemas tradicionales de abastecimiento.

En ese contexto, la desalinización dejó de ser una solución marginal para transformarse en una pieza estratégica dentro del portafolio hídrico. El respaldo transversal que obtuvo esta ley refleja que la discusión maduró: la desalación ya no es una alternativa, es parte de la solución. “El éxito de esta reforma no dependerá solo de su diseño, sino de su ejecución.

La coordinación institucional, la calidad técnica de los reglamentos y la capacidad de generar certezas en la práctica serán determinantes”. La futura ley introduce un cambio estructural al crear una concesión marítima especial de desalinización, que reconoce de manera explícita el derecho a desarrollar esta actividad. Con ello, se despeja una de las principales incertidumbres que históricamente ha enfrentado la industria.

A esto se suma la incorporación de una servidumbre legal de desalinización, herramienta clave para viabilizar la conducción de agua -tanto salada como desalada- hacia zonas donde hoy simplemente no llega, habilitando su uso en ciudades, minería, industria e incluso, en determinados casos, en la agricultura. Asimismo, el proyecto configura una nueva institucionalidad que busca ordenar el desarrollo de esta actividad. Se incorpora, además, una nueva causal de ingreso al SEIA y una Estrategia Nacional de Desalinización que deberá ser tramitada y aprobada por ocho ministerios, lo que despeja cualquier duda sobre el estándar de robustez (y densidad burocrática) que se quiere imprimir al instrumento.

Es una señal clara respecto de que se busca combinar impulso al desarrollo con un marco institucional exigente. Tras la aprobación, comienza ahora un nuevo desafío institucional. Se requiere la dictación de al menos cinco reglamentos, el fortalecimiento del rol de la Dirección General de Aguas como órgano fiscalizador y la entrada en vigencia de un nuevo régimen sancionatorio.

A ello se suma una decisión estratégica para los actuales operadores: migrar o no al nuevo régimen. En términos simples, el éxito de esta reforma no dependerá solo de su diseño, sino de su ejecución. La coordinación institucional, la calidad técnica de los reglamentos y la capacidad de generar certezas en la práctica serán determinantes.

Lo que sí es claro es el punto de llegada: en un Chile con menos agua disponible y una demanda creciente, contar con un marco jurídico específico para la desalinización es una condición habilitante para desarrollar la infraestructura crítica que el país necesita. Esta ley no resuelve el problema hídrico, pero establece las reglas para enfrentarlo con mayor resiliencia y visión de largo plazo.