El “caso Guerra”: querellas, operadores y redes que rodean la ofensiva judicial contra Daniel Jadue

“Caso Guerra”, red de abogados, fiscales y operadores políticos: el entramado oculto tras las querellas que desataron el caso Jadue Las primeras denuncias contra el exalcalde de Recoleta abrieron un entramado judicial y político que con el tiempo incorporó a abogados querellantes, fiscales y operadores ligados a distintos sectores. Entre ellas, una de las primeras querellantes del caso fue la abogada María Paz Guerra, hermana del exfiscal Manuel Guerra, hoy en prisión preventiva en el marco de investigaciones por presuntas redes de influencia y señalado en el debate público como operador político cercano a Andrés Chadwick y sectores de la Unión Demócrata Independiente. La investigación judicial que involucra al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, no solo se ha concentrado en los hechos relacionados con la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), sino también en las circunstancias que dieron origen a las primeras querellas que activaron el proceso penal.

Con el paso del tiempo, distintos nombres comenzaron a aparecer en el entorno de esas acciones judiciales iniciales, configurando lo que algunos analistas y actores políticos han denominado el “caso Guerra”, en referencia a la participación de la abogada María Paz Guerra y su vínculo con gestiones legales que se remontan al origen de las denuncias. El origen de las querellas Las primeras acciones judiciales contra Jadue surgieron a partir de conflictos contractuales y denuncias de proveedores vinculados al funcionamiento de Achifarp. Estas querellas fueron patrocinadas por abogados particulares y dieron paso a una investigación penal por presuntos delitos de fraude al fisco, estafa y cohecho.

En esa etapa inicial aparecen los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, hoy en prisión preventiva acusados de corrupción judicial, quienes participaron como querellantes o representantes de denunciantes en distintas aristas del caso. Su participación fue clave para que las denuncias escalaran hacia el Ministerio Público y se transformaran en una causa penal de alto impacto político. Según antecedentes judiciales conocidos posteriormente, parte de las gestiones jurídicas en torno a estas acciones también involucraron a la abogada María Paz Guerra, cuyo nombre comenzó a aparecer en el debate público al analizarse la red de abogados que impulsó las primeras querellas.

El rol del Ministerio Público La investigación quedó inicialmente en manos de la fiscal Giovanna Herrera, quien encabezó diligencias relacionadas con el funcionamiento financiero de Achifarp y los contratos firmados durante la administración de Jadue en Recoleta. La participación de Herrera generó controversia política cuando se recordó su vínculo familiar con el dirigente socialista y ex ministro ministro Carlos Montes, lo que fue utilizado por algunos sectores para cuestionar posibles conflictos de interés. Desde el Ministerio Público, sin embargo, siempre se ha sostenido que la investigación se desarrolló conforme a los procedimientos habituales.

Herrera también está vinculada al negocio farmacéutico ya que su concuñado, es dueño de las farmacias Fracción SQM, competencia directa del modelo de Farmacias Populares impulsado por Jadue. Nuevos nombres en la red A medida que el caso avanzaba y se transformaba en una de las investigaciones más sensibles de la política municipal chilena, comenzaron a mencionarse otros actores en el entorno jurídico y político del proceso. Entre ellos aparece el prestamista Fernando Cassorla, vinculado en análisis y discusiones públicas al círculo de litigantes y operadores legales que se movían alrededor de las querellas y defensas en distintas causas relacionadas con el caso.

Siendo sindicado como uno de los financistas del suegro de la fiscal Giovanna Herrera, el ex ministro Carlos Montes. El entramado se volvió aún más complejo cuando algunos de los propios protagonistas de las querellas comenzaron a enfrentar investigaciones judiciales en otras causas, lo que alimentó las sospechas de eventuales redes de operadores dentro del sistema judicial. Contraofensiva judicial de Jadue Frente al avance del proceso, la defensa de Daniel Jadue presentó posteriormente acciones judiciales denunciando la existencia de un supuesto “montaje” o coordinación entre actores públicos y privados para impulsar las querellas en su contra.

En esas presentaciones se mencionaron nuevamente a abogados querellantes, fiscales y operadores jurídicos, lo que reabrió el debate sobre las motivaciones políticas detrás de algunas de las acciones legales iniciales. Mientras tanto, la investigación principal sobre las presuntas irregularidades en Achifarp continúa su curso en tribunales, con diligencias que buscan esclarecer si existieron delitos en la gestión de recursos públicos durante la administración de Jadue. Redes académicas, judiciales y políticas En medio de estas controversias también se ha puesto atención en la red de relaciones académicas, profesionales y societarias que vinculan a varios de los protagonistas del caso con la Universidad San Sebastián.

Distintos análisis han señalado que figuras como el fiscal nacional Ángel Valencia, el exdecano de Derecho Xavier Armendáriz, el exfiscal Manuel Guerra, el abogado Luis Hermosilla, el abogado del ex coronel Labbe, reconocido violador de Derechos Humanos durante la dictadura de Pinochet , Christian Espejo, el exministro Andrés Chadwick, el abogado Gabriel Zaliasnik y el ex concejal de Recoleta Mauricio Smok han tenido vínculos académicos, judiciales o societarios con dicha casa de estudios. Según observadores del caso, varios de estos actores han aparecido directa o indirectamente en discusiones, investigaciones o controversias relacionadas con el proceso judicial que involucra a Daniel Jadue y el conflicto institucional con la Municipalidad de Recoleta. El conflicto con la Universidad San Sebastián Otro elemento que ha sido mencionado en el debate es el conflicto que mantiene la Municipalidad de Recoleta con la Universidad San Sebastián por su sede ubicada en el barrio Bellavista.

Este diferendo administrativo y urbanístico se arrastra desde hace más de una década y ha involucrado a distintos actores jurídicos y políticos que, según diversas interpretaciones, también han aparecido en el entorno del caso Jadue. Para algunos analistas, la coincidencia de nombres en ámbitos académicos, judiciales y políticos revela la existencia de redes de influencia que han operado durante años en el sistema institucional chileno. Para otros, se trata simplemente de la convergencia natural de abogados y autoridades que participan en distintos espacios profesionales.

Un entramado aún bajo escrutinio El denominado “caso Guerra” se ha transformado así en una arista paralela que intenta explicar cómo se originaron y quiénes impulsaron las primeras querellas que dieron pie a la investigación penal contra el exalcalde. Para algunos observadores se trata de una muestra de cómo redes de abogados, querellantes y actores políticos interactúan en causas judiciales de alto impacto. Para otros, en cambio, es simplemente la consecuencia natural de conflictos contractuales que terminaron escalando a la justicia penal.

Lo cierto es que, mientras el proceso judicial sigue avanzando, el mapa de relaciones que rodea el origen de las denuncias continúa ampliándose y mantiene abierto uno de los capítulos más controvertidos de la política y la justicia chilena reciente.