El averiado aterrizaje de la ministra de Seguridad Trinidad Steinert: un viaje a la vida de la abogada que no soltó el rol de fiscal y que entrampó su relación con la PDI

— Yo soy de la fiscalía sur, nacida, criada y espero morir ahí— Era el 30 de abril de 2018, y la entonces presidenta de la asociación de fiscales, Trinidad Steinert, describía así su carta de presentación ante una entrevista que concedió a The Clinic para enfrentar a su jefe de la época, el fiscal nacional Jorge Abbott. Este había pedido –públicamente a sus persecutores–no alterar más la vida del Congreso con las investigaciones que se estaban abriendo como espuma derivadas del Caso Penta y las irregularidades detectadas en el financiamiento de la política. “Más que graves, nosotros las encontramos desafortunadas, y como gremio siempre hemos sostenido que no compartimos dichas apreciaciones.

Los fiscales debemos estar siempre bajo el principio de igualdad y de objetividad ante la ley. Entendemos que sus palabras se dan en el marco de un discurso, y que por lo tanto no es una instrucción”, lanzó una molesta dirigenta gremial para parar en seco la intención del fiscal Abbott. Casi ocho después, ella es ministra de Seguridad.

No solo es parte de la política, sino que también está bajo el fuego de la misma: un oficio enviado el 13 de marzo al director de la PDI, Eduardo Cerna,–tras 48 horas de haber jurado en el Congreso como ministra –para pedir explicaciones por el traslado de funcionarios antidrogas de Iquique, quienes eran cercanos a ella cuando era fiscal regional de Tarapacá, abrió un escenario impensado para el Ejecutivo, la oposición y en especial para la abogada de 55 años, luego que el desenlace de ese requerimiento de información finalizará con el llamado a retiro de la prefecta general Consuelo Peña, jefa del departamento de Inteligencia y Crimen Organizado de la institución. En poco menos de 10 días, la secretaria de Estado tuvo su polémica más grande. Le atribuyen haber solicitado el retiro de la tercera antigüedad de la Policía de Investigaciones como una suerte de “revancha” al responsabilizar a la alta oficial por el traslado de los detectives que trabajaron codo a codo con ella en varias causas relevantes en Iquique.

El último caso, “reventado” el 6 de enero pasado con un amplio despliegue policial, fue lo que cambió todo: la investigación titulada “Clan Chen”–una suerte de brazo de la mafia china que operaba desde la ZOFRI–, estafó por 200 millones de dólares a varias víctimas estadounidenses con métodos detectados por el FBI en suelo americano, llamados “matanzas de cerdos”. De acuerdo a lo informado por la prefecta Peña, el cambio de oficina de los detectives, obedeció a deficiencias en el desarrollo de las pesquisas y fallas que ella misma presenció el 6 de enero pasado, cuando realizaron la pauta con el anunció del descabezamiento de esta organización asiática. Además, fuentes policiales indican que el monitoreo a esta unidad especializada comenzó unos días antes al detectar que el subprefecto Mauricio Fuentes, el detective más cercano a Steinert, le concedió jornadas libres a su equipo pocos días antes de los allanamientos que se preparaban contra el clan de la mafia china.

Al parecer, esa versión no cuajó en la ministra Steinert, quien atribuyó esa descripción como una crítica directa al mismo trabajo que realizó ella, lo que generó un cúmulo de versiones que derivaron en la salida de Consuelo Peña, abriendo el primer flanco a la flamante “Sheriff del Condado”, como diversos analistas políticos la han posicionado desde su arribo al gobierno de Kast. “No tengo rencillas con nadie”, dijo a modo de defensa, Trinidad Steinert, para desmarcarse del conflicto desatado con la PDI y una parte de la oposición, al punto que dejó entrever que la decisión del llamado a retiro de la jefe nacional de Inteligencia fue una decisión particular del director Eduardo Cerna. Una frase que no pasó desapercibida en La Moneda, donde activaron los protocolos para un diseño de crisis.

Hasta el cierre de este reportaje, el director Cerna no ha pronunciado palabra y tampoco se ha mostrado en actividades públicas. Lo que derivó en que la comisión de seguridad lo citará para el 6 de abril próximo, para que aclare la salida de Consuelo Peña, considerada una funcionaria de alto valor por sus pergaminos. Pero, no para todos.

Su cercanía con el Presidente Gabriel Boric, el manejo de inteligencia en el caso Monsalve y los cuestionamientos por la investigación que involucra a su hijo en un caso de tráfico de drogas en Valdivia–revelado por The Clinic en diciembre pasado–empujaron la decisión del nuevo gobierno. La travesía por el desierto de la fiscal Trinidad Steinert La intención de “morir ahí”–terminar su carrera en la Fiscalía Metropolitana Sur–no la pudo concretar. Trinidad Steinert lo intentó, pero no lo logró.

En abril de 2019 se inscribió para postular al máximo cargo que dejaba Raúl Guzmán, quien había renunciado para convertirse en el nuevo secretario del Senado. Su presentación no fue considerada por los ministros de Corte y no consiguió los votos para quedar en la terna, cuyo concurso fue ganado finalmente por Héctor Barros. La entonces fiscal de delitos violentos sólo obtuvo el cuarto lugar, lo que la golpeó fuertemente.

“Fue duro para ella. Tenía mucha convicción de ser fiscal regional. Creía que ya estaba preparada”, comenta un persecutor que compartió con la abogada de la Universidad Central y especialista en derecho penal.

En medio de ese trance, Mario Carrera, fiscal regional de Arica, la llamó para ofrecerle un puesto en el extremo norte. Ambos se conocían porque compartieron directiva en el gremio de persecutores. Steinert no lo vio con malos ojos, a pesar de que era un cambio revolucionario para su vida.

“Ella pensó, no tengo mucho más que hacer aquí”, asegura un cercano a la ministra, quien además para aceptar el traslado tuvo presente el aprendizaje que tendría en temas de crimen organizado, pues su trabajo se enfocaría en delitos vinculados a la frontera como tráfico de migrantes y drogas. Especializarse en bandas como Los Gallegos y el Tren de Aragua la motivaron para presentarse nuevamente al máximo cargo en una Fiscalía. Así, en 2024, ganó el concurso y fue designada por Ángel Valencia como la nueva persecutora jefe de Tarapacá con una misión especial: condenar a los peligros jefes y sicarios de la banda venezolana, entre los que se encontraban “El Estrella” y “El Satanás”, acusados de múltiples homicidios, secuestros y explotación sexual, entre otros delitos.

Si bien siempre comunicó que no tenía miedo de ese trabajo, no dudó en transmitir el impacto que sentía de la violencia que estaban detectando en la zona: cuerpos mutilados y en algunas oportunidades “enterrados vivos”. A pesar de eso, optó por esquivar la protección policial para sus funciones. “Sólo voy al supermercado”, argumentaba para evitar el protocolo ante la insistencia de sus superiores.

Con más de 20 años en el Ministerio Público, Trinidad Steinert era conocida por su personalidad: cordial como imagen externa, pero exigente y algunas veces intensa para el trato interno. Por ello, según un excolabador de Iquique, armó un equipo solo de su confianza para manejar esas dos personalidades. “Tenía dos formas.

Para afuera muy correcta y simpática. Pero adentro cambiaba. A veces muy llevada a sus ideas, no aceptaba asesoramiento.

Y en momentos de tensión, arrasaba. Pero se entendía que era parte del trabajo, porque al otro día, llegaba cariñosa”, recuerda un funcionario que compartió con la exfiscal en Tarapacá. También reconocen que su paso por el norte evidenció un ritmo intenso de trabajo.

Le costaba estar en la oficina. Siempre buscaba estar en terreno. Por ejemplo, cuentan, que al día siguiente de asumir como “jefa” solicitó ir a la frontera con el fin de realizar un diagnóstico in situ.

Esa actividad también se trasladó a su vida personal. Todos los sábados, a las ocho de la mañana, en las aguas de la playa Cavancha–abajo del muelle en la punta península–practicaba stand up paddle, un deporte acuático derivado del Surf. Otro episodio que recuerdan en Iquique fue una incursión a la cárcel de Alto Hospicio.

Pidió un recorrido por el penal para dimensionar el estado de la infraestructura. Una vez en el lugar, sorprendió a todos con una petición especial: quería conocer a uno de los líderes del Tren de Aragua, que cumplía prisión preventiva. Así, rápidamente, se montó un circuito de seguridad en el patio para concretar la breve conversación en la que el imputado –según testigos del diálogo–le habría mencionado un petitorio.

“Eso demostró que nunca le tuvo miedo a estas organizaciones”, dice un funcionario del Ministerio Público. Al igual que en el Ministerio de Seguridad, el aterrizaje tampoco fue tranquilo. Realizó varios movimientos de jefaturas, lo que trajo bastante ruido interno en las fiscalías de Pozo Almonte y Alto Hospicio.

Estos modificaciones provocaron que se relacionara sólo con su gente de confianza. Por ejemplo, si no almorzaba en su oficina, salía con los jefes administrativos de la Fiscalía a comer en un lugar cercano. “Conozco bien a Trinidad.

Los movimientos que determinó no son al azar. Los debe haber estudiado mucho, sabiendo las consecuencias. Es de una personalidad fuerte.

Hace valer su rol de poder tomar decisiones”, describe un fiscal que coincidió en sus inicios en la Fiscalía Sur, a inicios de los 2000. El salto de Steinert: Investigaciones a Fuerzas Armadas por droga y las condenas del Tren de Aragua Si bien en el círculo de fiscales regionales se le tenía respeto por su trayectoria, aún no daba el salto para ser reconocida a nivel nacional. Esa sensación cambió por completo en 2025: su presencia se hizo cada vez más permanente en los medios capitalinos por tres casos.

Primero, inició el juicio contra la cúpula principal del Tren de Aragua, a la cual tras cuatro meses de audiencias, 200 testigos y más de mil pruebas documentales, logró condenar a los delincuentes venezolanos a cadenas perpetuas, dejando a Larry Changa –fundador de la organización– en la misma línea penal, pues Steinert consiguió la extradición del líder desde Colombia. En medio de ese tenso proceso, vinieron de forma seguida dos causas por drogas en las Fuerzas Armadas. Las pesquisas empezaron en las propias ramas castrenses, pero por presión de la propia Trinidad Steinert, las causas terminaron en sede del Ministerio Público.

El primer caso involucró a la Brigada Acorazada Cazadores, en la que siete suboficiales transportaban por tierra cocaína hacia Santiago obtenida en Bolivia. Mientras que en el segundo, se detectó un viaje de la Fuerza Aérea en que intentaron trasladar dos botellas con ketamina líquida. La entonces fiscal regional se enteró “por rebote” de las pesquisas internas de la FACH y solicitó el control de la causa, lo que derivó en una tensión con la Fiscalía Militar y la propia institución.

Finalmente, gestiones realizadas por el Presidente Gabriel Boric, facilitaron que los antecedentes llegaran al despacho de Steinert, quien dejó a los cinco funcionarios de la entidad de aviación en prisión preventiva. Las diligencias también fueron lideradas por el desarticulado equipo de la Brianco. “Los imputados se organizaron con el objetivo de transportar drogas desde Iquique hasta Santiago(…) transportándola de aviones de la institución, a lo menos en tres ocasiones”, dijo Trinidad Steiner, en julio de 2025.

Estas investigaciones la posicionaron rápidamente en el radar de los medios de Santiago. Entrevistas en canales y radios comenzaron a retratarla como una fiscal fuerte y aguerrida del Ministerio Público. A tal punto, que en una entrevista de diario la tildaron como la “Mujer de Hierro” de Colchane.

Entre todas esas luces y bambalinas, Steinert monitoreaba periódicamente otra causa compleja que había partido en mayo de 2025 por un reporte reservado del FBI sobre un mecanismo de estafa internacional, cuyo origen era la zona franca de Iquique. Y, sin pensarlo, sería su último golpe al crimen organizado como miembro del Ministerio Público. Cuando partieron las diligencias, a cargo de la fiscal Paola Apablaza, no había mucha información, salvo el detallado reporte de la agencia estadounidense.

Por ello, se instruyó al equipo del subprefecto Mauricio Fuentes, detective de confianza de Steinert, iniciar una secreta indagatoria. Desde Tarapacá, indican que Fuentes le reportaba directamente de los avances a Apablaza y que Steinert sólo intervenía en reuniones ampliadas que se realizaban cada cierto tiempo para ver temas generales. Así estuvieron hasta los primeros días de enero.

Eso sí, el equipo del subprefecto Fuentes en la Brigada Antidrogas y Crimen Organizado de Iquique estaba resintiendo la dureza de este caso por las largas horas sin descanso de los últimos meses. Ante esto, el jefe policial decidió darles un descanso previo al día de las redadas. Esta decisión, indican en la PDI, activó las alertas del departamento V, en su unidad de contrainteligencia, que en ese momento tenía como jefe máxima a la prefecta Consuelo Peña, quien habría instruido indagar a los funcionarios, porque no era “normal” otorgar vacaciones ante un operativo policial de esa embergadura.

El equipo de la Brianco Iquique no sabía que estaba bajo inspección de asuntos internos, por tanto, recibieron sin problemas a las autoridades que llegaron durante el 4 y 5 de enero para supervisar las operaciones. A la capital de Tarapacá, llegó el fiscal Ángel Valencia, el director Eduardo Cerna y la prefecta Consuelo Peña, sumado a más de 500 funcionarios del país para colaborar con 51 órdenes de detención y allanamientos en la muralla –como le llaman–a la zona aduanera. La misión se concretó durante la madrugada del 6 de enero y fue un completo éxito: 43 detenidos en Iquique, Alto Hospicio y Santiago.

“Aquí ha habido una defraudación de ciudadanos extranjeros (…) Esos dineros eran traspasados de una empresa a otra en Chile. Es una de las estafas más grandes conocida a nivel nacional”, aseguró la fiscal Steinert ante todas las autoridades que habían viajado y que no cansaron sus felicitaciones a ella y al equipo policial. Según recuerdan algunos de los presentes.

El llamado del presidente electo tras el exitoso (y frustrado) operativo del “Clan Chen” La segunda etapa del caso “Clan Chen” crecía en dificultad. Ya no estaba la ventaja de la reserva y los allanamientos arrojaron incautaciones de miles de documentos y un centenar de celulares para sus análisis. Lo que, incluso, derivó en que se pidiera ampliar la detención por unos días con el fin de ordenar los antecedentes de la formalización de cargos.

En medio de esos peritajes cayó la bomba en la Fiscalía Regional de Tarapacá: los informes y tabulación de nuevos antecedentes que realizaba la PDI no iban a poder continuar por una instrucción que llegó desde Santiago. La prefecta Consuelo Peña había evaluado de mala manera el operativo liderado por el subprefecto Mauricio Fuentes, por lo que ordenaba el traslado inmediato de toda la unidad a distintas reparticiones de Santiago. “No dejaron a nadie y ni siquiera habíamos formalizado.

Quedamos todos sin comprender la decisión. En un momento pensamos que había alguna irregularidad, porque no es llegar y sacar a todos los detectives de un caso cuando hay mucho que procesar en una causa compleja”, sostienen desde el Ministerio Público. Ante esta delicada situación, la fiscal Trinidad Steinert solicitó vía escrita explicaciones a la PDI por estos movimientos, pero nunca recibió una respuesta.

Lo que, según sus cercanos, la molestó completamente. Por ello, la persecutora escaló el problema a la Fiscalía Nacional. El fiscal Ángel Valencia –de acuerdo confirmó el martes pasado en una entrevista radial–recibió el mensaje de Steinert y consultó al director Cerna.

Esas gestiones derivaron en que el jefe de la PDI de Iquique le informara algún detalle a la fiscal regional, quien no quedó conforme con las explicaciones. Incluso, ella insistió que la decisión dejaba en riesgo el “éxito” de la misma causa que dirigía la fiscal Apablaza. “Esto le molestó mucho a la fiscal”, añaden funcionarios del Ministerio Público, que asumen que se pudo ser más prolijo en las dinámicas operativas, pero las condiciones de la causa hicieron complicados los allanamientos.

Por ejemplo, registrar la Zofri es altamente difícil, porque no suelen coincidir las direcciones con las oficinas que reportan las empresas. Sobre todo los ciudadanos extranjeros. “Por eso, nunca entendimos la salida de todo el equipo de la PDI”, comentan.

Sin una respuesta clara y en ese contexto la fiscal Steinert recibió un nuevo llamado. No era nadie de la policía civil o de la Fiscalía Nacional. Era de la Oficina del Presidente Electo: habían seguido su carrera y querían que fuera la ministra de Seguridad del Gobierno de José Antonio Kast.

Steinert quedó sorprendida y quedó de evaluarlo. La frustración que sentía quedó suspendida, ya que necesitaba analizar rápido la propuesta de la OPE. Sabía que no podía dilatar mucho tiempo la respuesta.

Como todos sus ascensos, siempre estaban gatillados por experimentar nuevos desafíos. Así ocurrió cuando quiso ser presidenta del gremio de los fiscales y liderar una jefatura regional. Y, sin duda, esto le atraída.

No se consideraba una abogada “política” o de pensamientos conservadores, pero sentía que podía aportar al combate de la delincuencia desde esa vereda. Pero había dudas, y muchas. Sin embargo, el 18 enero, un llamado del presidente electo las disipó.

“Quedate tranquila. Este desafío es importante y lo haremos todos juntos”, fue lo que le dijo José Antonio Kast desde Santiago, según reveló Steinert en su primera entrevista como ministra, en El Mercurio, el domingo pasado, para darle el “sí”. La trama de la caída de la subdirectora de Inteligencia de la PDI Su aterrizaje como ministra lo diseñó con su máximo hombre de confianza: Francisco Chambi, actual jefe de gabinete, y que cumplió la misma función en Iquique.

En las últimas horas quedó entre dicho su posición, pues Ciper informó que fue incluido en la lista de Contraloría respecto a los funcionarios públicos que salieron al extranjero con licencia médica. En ese tiempo, el constructor civil estaba en el GORE de Arica e indicó que su desplazamiento se debió a un control con el dentista. Chambi ha cumplido un rol estratégico las últimas semanas en el diseño de contrataciones: se encargó de fichar colaboradores, de los cuales varios eran de la Fiscalía de Tarapacá.

En especial, los jefes administrativos de Finanzas y de la Unidad de Víctimas, entre otros. No fue un debut fácil. Tras jurar en el Congreso, se trasladó de inmediato a Puerto Varas para visitar a la familia del carabinero Javier Figueroa, quien estaba con muerte cerebral al recibir un balazo en su cabeza la noche previa.

También se reunió con su excolega, la fiscal regional de Puerto Montt, Carmen Gloria Wittwer para enterarse de las diligencias y comentarle que ampliarían la querella del Ejecutivo. A su regreso, comenzó la instalación en su nueva oficina en Teatinos 220. En ese espacio, la frustración y molestia que había dejado en un segundo lugar con la propuesta del cargo de ministra volvieron aparecer.

No había olvidado el episodio de la salida de los policías de Iquique. Por ello, el 13 de marzo, firmó el oficio reservado número 28 con destino al director de la PDI, Eduardo Cerna, a quien le pidió explicaciones formales y a la brevedad por la destinación de los funcionarios que habían sido trasladado y que habían intervenido en la investigación denominada “Clan Chen”. Le interesaba saber, sobre todo, si esa decisión había estado motivada por algún sumario, sanción administrativa o antecedente penal.

La respuesta llegó por un documento firmado por la prefecta Consuelo Peña. Allí se reafirmó que la salida de todo el equipo especializado de Crimen Organizado había obedecido a problemas tácticos que determinaron que los funcionarios no eran aptos para el puesto en Tarapacá. Los argumentos seguían sin convencer a Steinert.

Y, en vez de cerrar el capítulo, habría decidido escalarlo sin medir las consecuencias que exigían su cargo y sus atribuciones legales. La ministra le habría pedido directamente al director Cerna la salida de Consuelo Peña: en estricto rigor una decisión compleja, pues era la tercera antigüedad de la policía civil y era la encargada de todas las operaciones de inteligencia y crimen organizado. Además, ese tipo de cambios se concretan a fin de año con el diseño del nuevo alto mando.

En la PDI entendían que algo no cuajaba. ¿Qué vínculo podía tener la exfiscal con los detectives para presionar a esas dimensiones, pasando incluso por una facultad que es sólo presidencial? , se preguntaban en el edificio de General Mackenna.

Cercanía que notaron con mayor fuerza cuando en medio de esta controversia, la ministra Steinert fue captada en un video colocando una piocha en la chaqueta del subprefecto Mauricio Fuentes durante una pauta, mostrando una señal de respaldo ante la decisión de sus superiores. Esta escena levantó múltiples teorías sobre la cercanía entre ambos, lo que no cayó bien en la exfiscal. A su equipo deslizó que esos comentarios nacen de una visión machista.

Con todo, el viernes 20 de marzo, Eduardo Cerna notificó a la prefecta Peña que su pasó de 36 años por la institución terminaba. Una detective que había sorteado la crisis de inteligencia desatada por el caso Monsalve –su segunda a bordo Cristiana Vilches fue llamada a retiro–y la vinculación de su hijo en una causa de tráfico de drogas en Valdivia. El impacto fue tan fuerte que no se pudo contener.

El senador Iván Flores dio las primeras alertas el sábado 21 a través de sus redes sociales. Criticó al gobierno, en especial por retirar a una funcionaria “destacada” en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Si se investiga nos vamos a llevar una sorpresa”, emplazó el parlamentario.

Recién el domingo 22, la PDI presentó un escueto comunicado para oficializar la salida de Peña e informar su reemplazo en el puesto más relevante después del director general de la policía civil. Así, el lunes 23 no fue fácil para la ministra Trinidad Steinert. Estaba citada a la comisión de Seguridad de la Cámara y se aprovechó de incluir en la tabla el oficio reservado para que pudiera explicarlo como también su supuesta intervención en la salida de Consuelo Peña.

La secretaria de Estado, como era previsto, se amparó en las normas para justificar el contenido. “Si yo no tuviera la posibilidad de pedir a la PDI y Carabineros determinados antecedentes entiendo que el Ministerio entonces serviría poco”, les dijo a los diputados que escuchan atentamente. Y en seguida, con las nuevas consultas, aseguró que la decisión correspondió al director Cerna y no a ella.

Esa definición generó un nuevo torbellino, dejando en jaque al jefe policial: de aceptar la responsabilidad, se le abriría un flanco en las filas azules y de contravenir a su jefa política, desataría un incendio que podría terminar con ambos fuera de sus funciones. Por ello, el miércoles 25 se reunieron en la tarde en la oficina de Steinert, cuyos asesores negaron que hayan conversado sobre la polémica. Sino que la cita fue para coordinar operativos de control a migrantes y diseñar las labores preventivas para el Día del Joven Combatiente, el 29 de marzo.

Una trama que aún no tiene término y que deja una serie de preguntas abiertas: ¿quién tomó la decisión de desvincular a Consuelo Peña? , ¿el Presidente Kast estaba al tanto de las gestiones de su ministra de Seguridad? y sobre todo, ¿qué vínculo tenía Trinidad Steinert con los funcionarios policiales para exponer al gobierno y su cargo a solo 48 horas de haber jurado como autoridad?

Respuestas que podrían aparecer recién el 6 de abril cuando Eduardo Cerna se presente ante el Congreso. Sin embargo, las apuestas y proyecciones que colocaban a Trinidad Steinert como potencial presidenciable–como postuló el exfiscal Carlos Gajardo–si es que realizaba una tarea impecable perdieron fuerza en el tablero con sus primeros movimientos que resisten en dejar a la “fiscal de hierro”.