El arte de gobernar por decreto: del juramento presidencial a la acción

Nada de esto es novedoso. Aristóteles ya enseñaba que gobernar es actuar en función del bien común, mientras que Maquiavelo fue aún más claro: el poder que no se ejerce, se pierde. Un gobernante que solo declara y no actúa, no tiene poder.

Tenemos dos antípodas en su ejercicio. Gabriel Boric gobernó mediante decretos y, pese a la supuesta buena fe que se invocaba, sus errores terminaron por convertirse en una constante durante cuatro años. Por otro lado, José Antonio Kast, quien desde el 11 de marzo tiene la responsabilidad de gobernar, ha asumido desde el primer día el deber de hacerse cargo de los decretos dictados durante su período, ejerciendo dicha facultad con el carácter y la decisión que se espera del Jefe de Estado.

Lee también... La auditoría y la calle Domingo 22 Marzo, 2026 | 07:30 Durante la administración anterior hubo desde “errores de tipeo”, como ocurrió con la aprobación del cable chino —en que, al parecer, se omitió un “no” antes de la palabra “apruebo”— hasta inconstitucionalidades evidentes, como la relacionada con la casa del expresidente Salvador Allende, que terminó con la obligada renovación del segundo piso de La Moneda, dos ministras de Estado fuera de sus cargos y una senadora destituida por el Tribunal Constitucional. Otro ejemplo es el decreto mediante el cual el gobierno anterior, en contravención a la ley y la Constitución, quiso discriminar a los objetores de conciencia respecto de la interrupción del embarazo para su ingreso al servicio público.

Esto motivó la acción de la Fundación Fuerza Ciudadana que, a través de un recurso de protección, logró que se retirara -por el gobierno anterior- el cuestionado decreto. Sostener —como lo han hecho algunos parlamentarios de oposición— que José Antonio Kast está ejecutando una suerte de revancha ideológica al retirar decretos para su revisión, revela un preocupante desconocimiento del ordenamiento jurídico sobre el cual deben ejercer su labor. No solo desconocen estos parlamentarios las facultades constitucionales del Presidente, sino que además ignoran —deliberadamente o no— lo que hemos presenciado: las sucesivas explicaciones de las exautoridades, comparables al errático vuelo de un murciélago, cuando se les pillaba o descubría sus faltas a la probidad.

Estos planteamientos, sin embargo, constituyen un reconocimiento implícito de que el exmandatario no actuó conforme al bien común, como enseñaba Aristóteles, sino conforme a su agenda ideológica. En este escenario, lo que está haciendo José Antonio Kast es, simplemente, ejercer su cargo, cumpliendo así el mandato ciudadano otorgado en las urnas. El juramento presidencial no es una formalidad ni una oportunidad para decir algunas palabras fuera de libreto —como lo hicieron varios congresistas—.

Implica un compromiso serio: guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Y los decretos presidenciales son una herramienta central para ello: el vehículo mediante el cual el Ejecutivo aplica la ley. Por lo mismo, si existen antecedentes que cuestionan la legalidad o corrección de actos dictados previamente, revisarlos no solo es una facultad, sino una obligación.

El hecho de que el mandatario anterior haya evidenciado desconocimiento del contenido de la Constitución y de las leyes, pese a sus estudios de derecho en la Universidad de Chile —misma casa de estudios que incorporó como docente al exministro de Economía y Hacienda, responsable de haber dejado una situación fiscal estrecha—, constituye el principal fundamento para revisar cada uno de sus decretos. En este sentido, las falencias del gobierno anterior deben ser corregidas, a fin de evitar cualquier tipo de consecuencias perniciosas futuras. Gobernar por decreto —en su correcta dimensión— no es un abuso de poder, sino una expresión del mandato constitucional del Presidente de la República.

Lee también... Golpe en Medio Ambiente: Gobierno retira 43 decretos de la administración Boric desde la Contraloría Martes 17 Marzo, 2026 | 13:29 El arte de gobernar por decreto consiste en pasar del juramento a la acción. En asumir que el ejercicio del poder implica responsabilidad, control y corrección, incluso cuando ello suponga adoptar medidas impopulares.

Y en entender que, cuando se ejerce adecuadamente el cargo, los beneficiados no son quienes gobiernan, sino la ciudadanía en su conjunto. Este arte ya es acción. Se manifiesta en la protección de la frontera; en auditorías para esclarecer el destino de los recursos públicos; en la revisión de lo obrado por la administración anterior; y en el restablecimiento de estándares de legalidad y prolijidad en la actuación del Ejecutivo.

También en decisiones incómodas pero indispensables, como el cobro del CAE, el fin a la obtención fraudulenta de la gratuidad y la corrección del MEPCO en materia de combustibles. Porque gobernar no es agradar: es hacer lo correcto, incluso cuando tiene costos. El respeto y la dignidad del cargo no vienen con el nombramiento: se construyen.

Un cargo no se habita, se ejerce.