Educación militar en Chile: reformas legales para una necesaria gobernanza

El sistema de educación superior en Chile ha avanzado de manera sostenida hacia mayores estándares de calidad, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, existe un ámbito donde este progreso ha sido parcial y, en algunos aspectos, insuficiente: la educación superior de las Fuerzas Armadas. Hoy, las instituciones de formación militar forman parte del sistema de educación superior del Estado.

Así lo reconocen las normas vigentes, que les permiten impartir carreras, otorgar títulos y someterse a procesos de acreditación. No obstante, esta integración resulta insuficiente. En la práctica, coexisten dos lógicas que no han sido adecuadamente articuladas: la educacional y la de defensa.

Por un lado, el sistema de educación superior —regulado por la Ley N°21. 091— establece principios claros: autonomía institucional, calidad, supervisión externa y acceso a la información. Por otro, la Ley N°20.

424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, al no hacer referencia a la educación militar, la sitúa en definitiva como una función interna de cada rama castrense, sin configurar un sistema educacional sectorial ni asignar un rol claro a esta Cartera de Estado en cuanto ente formulador de políticas y orientaciones en esta materia. El resultado es un modelo híbrido y fragmentado. Las instituciones militares operan con altos niveles de independencia, diseñan sus propios planes y programas, y responden a sus respectivas cadenas de mando.

Al mismo tiempo, son evaluadas por organismos externos —como la Comisión Nacional de Acreditación— que aplican estándares comunes al sistema, pero sin incorporar de manera sistemática las particularidades de la función de defensa. Este diseño genera un problema de gobernanza. No existe una autoridad que articule estratégicamente la formación militar con las necesidades de la defensa nacional.

El Ministerio de Defensa, llamado a conducir políticamente el sector, carece de atribuciones explícitas en educación superior. Y los órganos del sistema educacional, si bien cumplen un rol técnico indispensable, no tienen referencias ni asesorías para integrar variables estratégicas propias del ámbito militar. La consecuencia es evidente: un sistema que funciona, pero sin dirección común.

La calidad se evalúa, pero no necesariamente se orienta. La formación se desarrolla, pero sin una política educacional sectorial que asegure coherencia entre las capacidades que el país requiere y las que efectivamente se forman. Superar esta brecha no implica debilitar la necesaria libertad de acción de las Fuerzas Armadas.

Por el contrario, supone fortalecerla dentro de un marco estratégico claro. Las instituciones militares deben seguir diseñando sus planes y programas conforme a su misión. Pero esa libertad de acción debe ejercerse en diálogo con una política pública definida y con mecanismos de aseguramiento de la calidad que reconozcan su especificidad.

En este contexto, se hace necesario avanzar en una reforma que otorgue al Ministerio de Defensa Nacional facultades explícitas para formular políticas de educación militar y participar, de manera relevante, en los procesos de acreditación y supervisión de estas instituciones. Ello no reemplaza el rol de los organismos técnicos del sistema, sino que lo complementa, incorporando una dimensión estratégica hoy ausente. Pero para que estos cambios sean efectivos, estables y legítimos, deben materializarse mediante modificaciones legales a los cuerpos normativos que hoy regulan la materia —en particular, entre otras, las leyes N°18.

948, 20. 424, 21. 091 y 20.

129— y no solo a través de ajustes administrativos o reglamentarios. Solo una reforma legal puede otorgar la coherencia institucional, la certeza jurídica y la legitimidad democrática que una transformación de esta naturaleza requiere. Chile no puede permitirse una educación militar sin conducción política clara.

La formación de sus Fuerzas Armadas es, en último término, una cuestión de Estado. Y como tal, exige un diseño institucional robusto, coherente y plenamente respaldado por la ley.