Educación: ¿adónde se va la plata?

La ministra de Educación, María Paz Arzola, ha señalado que los recursos destinados a subvenciones escolares en la Ley de Presupuestos son insuficientes para cubrir las disposiciones legales en esta materia. Falta plata para lo fundamental: traspasar a los colegios los aportes correspondientes según el número de matrículas. ¿Qué explica esta precariedad, cuando el gasto estatal en educación ha crecido de manera significativa y el número de estudiantes matriculados cayó casi 3% entre 2022 y 2025?

Deberían estar sobrando recursos; sin embargo, observamos exactamente lo contrario. No es fácil dilucidar qué está ocurriendo. Lo que sí sabemos es que, en términos agregados, los contribuyentes hemos realizado un esfuerzo enorme desde que, hace 15 años, se popularizó la consigna de “educación pública, gratuita y de calidad”.

Desde entonces, el presupuesto del ministerio se ha duplicado en términos reales, lo que equivale a cerca de US$ 10 mil millones adicionales al año. ¿Y para qué? Los puntajes de las pruebas Simce son prácticamente equivalentes a los de 2012, lo que muestra que, en términos de “educación de calidad”, no se ha avanzado.

“Entre 2011 y 2026, el gasto en educación superior se habrá casi cuadruplicado sin que se observen las mejoras en productividad y remuneraciones que cabría esperar”. El gasto en educación preescolar y escolar aumentó 76% real entre 2011 y 2024, como consecuencia del fin del copago y del proceso de desmunicipalización, políticas que -a juzgar por los resultados- han sido puro costo. Los SLEP han demandado cuantiosos recursos, debido al aumento de más de 90 mil funcionarios públicos asociado al traspaso desde los municipios.

Sin embargo, no existe a nivel municipal una reducción equivalente, lo que implica un altísimo costo para el Estado. Se ha señalado que existe una sobredotación importante en los SLEP, algo que debería revisarse en un contexto de finanzas públicas muy estresadas. Sabemos que la educación superior ha sido la prioridad indiscutida en la asignación de recursos, a pesar de que los expertos han advertido que los avances en equidad se logran igualando oportunidades en la infancia, no en la adultez.

Entre 2011 y 2026, el gasto en educación superior se habrá casi cuadruplicado sin que se observen las mejoras en productividad y remuneraciones que cabría esperar. Desde la implementación de la política de gratuidad en 2016, las vacantes en universidades adscritas han aumentado en 30 mil. Sin embargo, lo que observamos en el mercado laboral es un número creciente de trabajadores sobrecalificados.

De acuerdo con estimaciones del OCEC-UDP, un 36% de los ocupados con educación superior está en subempleo por calificación. La gratuidad está costando el triple de lo estimado originalmente, en parte debido a los incentivos que genera su diseño para ocultar ingresos. Es una política que debería corregirse, sin retirar beneficios a los actuales estudiantes.

Gradualmente, el país podría avanzar hacia un sistema que combine becas por mérito y por impacto social de las carreras, junto con créditos fiscales contingentes al ingreso que se recuperen de manera efectiva. Ello permitiría liberar recursos para fortalecer la educación escolar y la preescolar, incluyendo la sala cuna. La nueva ministra de Educación tiene por delante una tarea enorme.

El futuro de Chile depende en buena medida de lo que ocurra en ese ministerio. Todo indica que el problema no es la falta de recursos, sino la justicia y eficiencia con que estos se asignan.