Dorothy Pérez dictamina que Tesorería sí puede ir tras deudas CAE y evalúa incluir las acciones de cobranza en la planificación de auditorías

La Contraloría entró al debate por la arremetida del gobierno para cobrar por la vía administrativa y a través de la Tesorería General de la República las deudas de los morosos por Crédito con Aval del Estado (CAE). El pronunciamiento de la contralora, Dorothy Pérez, se da luego de que fuera el diputado Miguel Mellado (ex RN) quien solicitara un dictamen sobre “la obligación del Fisco de cobrar aquellos créditos con aval del Estado (CAE) cuya garantía ha sido ejecutada y que se encuentran en poder de aquel”. En esa petición, Mellado -quien ya no está en la Cámara debido a que terminó su periodo parlamentario- además le pide a Pérez que realice una auditoría sobre la materia.

La contralora, en un dictamen de fecha 7 de abril, resolvió que “la Tesorería es el órgano obligado a ejercer las acciones de cobranza de los créditos con aval del Estado (CAE) a que se refiere la Ley N° 20. 027". En el dictamen, Pérez explica sus razones.

“Los créditos respecto de los cuales ha operado la garantía estatal y de aquellos que han sido adquiridos o comprados por el Fisco, la Tesorería es la entidad encargada de su cobro, sin perjuicio de que para ese fin pueda celebrar mandatos o convenios de administración con las entidades financieras respectivas”, se lee en el documento. Según la contralora, es la Tesorería “el órgano obligado por el ordenamiento jurídico para ejercer las correspondientes acciones de cobranza, a través de los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario”. El pronunciamiento de la contralora Pérez cierra la puerta al debate jurídico que se había armado sobre si la Tesorería podía cobrar la deuda del CAE a través de la vía administrativa del Código Tributario o si debía hacerlo en un juicio ejecutivo a través de las reglas ordinarias de los tribunales civiles.

La arremetida de Pérez fue un paso más allá y dijo que esta situación será considerada al momento de planificar las auditorías. Es decir, más adelante, en función de los recursos disponibles para fiscalizar, verá si inicia una auditoría sobre las acciones de cobranza de esta deuda. “En cuanto a la solicitud de fiscalizar la obligación de cobranza del Estado respecto de los créditos en estudio, cumplo con informar que la presentación efectuada será considerada como un insumo en el proceso de planificación de las auditorías que regularmente efectúa esta entidad de control”.

El dictamen implica un espaldarazo al actuar del gobierno que anunció que hará todo lo posible para que los morosos paguen su deuda. Esto implicó partir con una presión inicial para aquellos deudores que tienen rentas de más de cinco millones de pesos. Para el resto, la Tesorería notificó las acciones de cobro y embargo para forzar la suscripción de los convenios de pago.

Este dictamen de la Contraloría llega justo a días de que el asunto comenzara a judicializarse. De hecho el tema estaba llegando, por la vía del recurso de protección, a distintas cortes de apelaciones. Algunos de estos tribunales de alzada habían declarado inadmisibles los recursos.