Diputados del Biobío analizan apertura del Gobierno a facilitar convenios para deudores del CAE

La indicación ingresada por el Gobierno al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, que proponía convenios especiales de pago y la eventual extinción parcial de saldos para deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) cuyas obligaciones hoy están en manos de la Tesorería General de la República (TGR), abrió un nuevo flanco respecto al enfoque que La Moneda está adoptando frente a la morosidad estudiantil. La propuesta fue discutida en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia que terminó aprobando parcialmente el artículo impulsado por el Gobierno. En concreto, los parlamentarios respaldaron la posibilidad de suscribir convenios especiales de pago para deudores del CAE, pero rechazaron la facultad que permitía extinguir total o parcialmente el saldo remanente una vez cumplido el acuerdo.

La fórmula original del Ejecutivo contemplaba convenios de hasta 48 cuotas, congelamiento de la deuda en pesos y la eventual extinción parcial o total del saldo remanente una vez cumplido el convenio. Desde Hacienda habían insistido en que no se trataba de una condonación automática ni universal, sino de una facultad acotada y condicionada al cumplimiento del convenio. Sin embargo, la discusión rápidamente comenzó a dividir incluso al oficialismo.

Parlamentarios de la UDI cuestionaron que la propuesta excluyera a deudores que se mantienen al día o que ya terminaron de pagar sus créditos, advirtiendo que la medida podía transformarse en una señal que “premia la morosidad” y castiga a quienes cumplieron oportunamente con sus obligaciones. El debate llamó particularmente la atención debido a que ocurrió apenas semanas después de que Palacio impulsara un endurecimiento en el cobro del CAE, incluyendo acciones judiciales, eventuales embargos y una fuerte presión sobre los deudores de mayores ingresos, bajo el argumento de fortalecer la recaudación fiscal y asegurar la sostenibilidad financiera del Estado. Según cifras entregadas por la TGR durante abril, más de 550 mil personas mantenían deudas CAE en mora a nivel nacional, mientras que en la Región del Biobío el pasivo asociado al mecanismo superaba los $434 mil millones, correspondientes a más de 58 mil deudores.

De esa manera, mientras la apertura del Ejecutivo comenzó a ser interpretada por algunos sectores como una señal de flexibilidad orientada a facilitar acuerdos parlamentarios en medio de la compleja tramitación de la megarreforma, el rechazo en Comisión de Hacienda al componente de extinción de deuda también evidenció las resistencias que aún existen frente a fórmulas cercanas a una condonación. Posturas de parlamentarios Desde el oficialismo, la diputada por el Distrito 21, Flor Weisse (UDI), sostuvo que cualquier modificación relacionada con el CAE debe abordarse con criterios de responsabilidad fiscal y equilibrio respecto a quienes sí han cumplido regularmente con sus obligaciones financieras. En ese marco, advirtió que avanzar únicamente en beneficios para deudores morosos podría generar una señal equivocada hacia quienes pagaron oportunamente.

“Siempre hemos defendido —y en esta ocasión no será distinto— que cualquier medida de condonación debe incorporar siempre a quienes han sido responsables en el cumplimiento de sus obligaciones”, afirmó. En esa línea, agregó que “si se avanza en beneficios que no reconocen adecuadamente el esfuerzo de quienes han cumplido sus obligaciones, se genera una inequidad que termina debilitando la legitimidad de la política pública”. Sin embargo, otros sectores valoraron la apertura del Ejecutivo hacia mecanismos de flexibilización y regularización de deuda.

Fue el diputado por el Distrito 20, Patricio Briones (PDG), quien defendió la necesidad de avanzar hacia soluciones “colaborativas y no punitivas”, especialmente considerando el actual escenario económico. “Todo alivio a los deudores debe ser bienvenido”, sostuvo, agregando que este tipo de herramientas “permite a los deudores obtener soluciones colaborativas y no punitivas del Estado”. Briones además destacó “el hecho dual de que se permitan convenios acordes a la realidad de cada deudor”.

Una mirada similar expresó la diputada por el Distrito 21, Joanna Pérez (Demócratas), quien planteó que existe una necesidad real de establecer mecanismos de pago más flexibles para personas que, pese a haber intentado cumplir con sus obligaciones, no han logrado regularizar completamente sus deudas. “Creo que esta es una propuesta que responde a una necesidad real de la ciudadanía”, señaló la parlamentaria, añadiendo que “no todos han tenido la posibilidad” de mantenerse al día “ya sea porque las cuotas pueden ser muy altas o porque existen otras deudas que se los impiden”. Por otro lado, afirmó que “es fundamental que quienes solicitaron CAE para financiar sus estudios efectivamente paguen lo adeudado, pero también que existan incentivos reales y condiciones razonables para que puedan hacerlo”.

En paralelo, la diputada por el Distrito 20, Francesca Muñoz (PCCh), también valoró el objetivo de fondo de la propuesta. “Va en línea con reconocer la responsabilidad de quienes quieren regularizar su situación y entregar alivio a los deudores”, dijo. Desde la oposición, en tanto, el diputado por el Distrito 20, José Antonio Rivas (PS), advirtió que el debate sobre el CAE “es un asunto serio y complejo” que debiera discutirse con mayor profundidad y no únicamente al interior de un proyecto de reconstrucción económica.

“El CAE y las deudas derivadas de este sistema son un asunto serio y complejo, que debiera discutirse con mayor oportunidad y profundidad”, afirmó el parlamentario, quien añadió que la discusión actual “refleja una baja valoración del debate democrático”. No obstante, Rivas reconoció que ciertos mecanismos asociados a regularización y alivio de deuda podrían transformarse en materias susceptibles de consenso político. Asimismo, sostuvo que fórmulas de alivio asociadas al cumplimiento parcial de la deuda “parecen ser una materia que puede generar consensos y que merece ser discutida”.

Finalmente, cuestionó el ritmo de tramitación de la megarreforma, señalando que el actual proceso “tiende a la irracionalidad” y dificulta un análisis más profundo de materias sensibles como las deudas educativas, los convenios de pago y la eventual prescripción de este tipo de obligaciones.