Diputado Carlos Carvajal exige antecedentes por informe de Contraloría y pone foco en gasto municipal y uso del royalty minero

El parlamentario por Tarapacá cuestionó que municipios de la región aparezcan en el informe de Contraloría por destinar más recursos a celebraciones que a ayuda social, y anunció que pedirá mayores antecedentes sobre el destino de esos fondos y del royalty minero. El diputado por la Región de Tarapacá, Carlos Carvajal, levantó una dura crítica tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República que detectó que varias municipalidades del país gastaron más en celebraciones y festividades que en ayuda social a personas naturales durante 2024 y 2025. En ese contexto, el parlamentario advirtió que los antecedentes conocidos en la zona son graves y anunció que solicitará formalmente más información para esclarecer cómo se han utilizado los recursos públicos en comunas de la región.

La reacción del legislador surge luego de que el Consolidado de Información Circularizada N°22 de Contraloría pusiera bajo la lupa a distintas municipalidades del país. Entre los casos mencionados en la cobertura nacional aparecen comunas del norte grande, y en Tarapacá destacan Alto Hospicio y Pozo Almonte, donde el gasto en celebraciones también encendió alertas. Según reportes de prensa, Alto Hospicio figura entre los municipios con mayores desembolsos en este ítem, mientras Pozo Almonte también aparece entre las comunas observadas por el ente fiscalizador.

Frente a ese escenario, Carvajal cuestionó que en medio de las necesidades sociales de la región se privilegie el gasto en actividades festivas por sobre el apoyo directo a las familias. “Debido al informe de Contraloría, hemos detectado gravísimos resultados que arrojan nuestras municipalidades de la región de Tarapacá. No puede ser que se gaste más en eventos y en celebraciones por sobre la real necesidad de nuestras familias de la región”, sostuvo el parlamentario en un video difundido en su cuenta de X, marcando un tono crítico sobre la priorización del gasto municipal.

El diputado aclaró, sin embargo, que su postura no apunta a desconocer el valor de las actividades culturales y tradicionales de la zona. “No estamos en contra de conmemorar nuestras actividades patrimoniales ancestrales, pero sí queremos ver que el gasto social vaya en beneficio de nuestra gente”, afirmó. Con esa declaración, buscó instalar una diferencia entre la legítima promoción de la identidad regional y el uso desproporcionado de recursos fiscales en eventos, especialmente cuando persisten carencias sociales en distintos territorios de Tarapacá.

La controversia tomó fuerza luego de que la Contraloría informara que, a nivel nacional, los municipios desembolsaron más de $31 mil millones en celebraciones entre 2024 y 2025, superando en varios casos los montos destinados a ayuda social directa. El informe también detalló que parte importante de esos recursos se dirigió a producción de eventos y servicios asociados, incluyendo conmemoraciones y festividades de diversa naturaleza. En Tarapacá, el tema adquiere una dimensión especialmente sensible por el debate abierto sobre las prioridades del gasto público en comunas que enfrentan demandas en seguridad, infraestructura barrial, servicios básicos y apoyo a familias vulnerables.

Por eso, Carvajal anunció que dará un paso adicional en el plano fiscalizador. “Es por esto que vamos a solicitar los antecedentes y detalles a Contraloría de este lamentable informe. Y también vamos a poner un énfasis en lo que se ha estado utilizando por concepto de Royalty Mineral”, señaló.

Ese último punto abre un flanco particularmente delicado. El royalty minero fue presentado como una herramienta para fortalecer el desarrollo territorial y mejorar la capacidad de respuesta de los municipios frente a necesidades locales. Por lo mismo, cualquier duda sobre su uso efectivo puede transformarse rápidamente en un foco de cuestionamiento político y ciudadano.

En esa línea, el parlamentario busca poner bajo revisión no solo el gasto en celebraciones, sino también la trazabilidad y pertinencia de recursos que debieran tener un impacto concreto en la calidad de vida de la población. El fondo del planteamiento de Carvajal es claro: en una región que arrastra brechas sociales y demandas históricas, la discusión no pasa únicamente por cuánto se gasta, sino por en qué se gasta. El informe de Contraloría volvió a instalar esa pregunta en el centro del debate público, y ahora será tarea tanto del organismo fiscalizador como de las propias municipalidades entregar explicaciones detalladas sobre decisiones presupuestarias que hoy aparecen severamente cuestionadas.

Así, la ofensiva del diputado por Tarapacá se instala como una señal de presión política sobre los municipios de la región, en momentos en que la ciudadanía exige mayor transparencia, mejor focalización del gasto y resultados más visibles en materia social. La advertencia ya quedó planteada: no se trata de negar la importancia de las celebraciones comunitarias, sino de evitar que la fiesta termine desplazando las urgencias reales de la gente.