Diputado Álvaro Jofré advierte que “Chile no puede permitir que la frontera se transforme en una ficción jurídica”

Parlamentario por Tarapacá respaldó proyecto que amplía facultades policiales para controles preventivos en zonas fronterizas e infraestructura crítica, asegurando que el norte enfrenta un problema de seguridad nacional ligado al crimen organizado y las rutas clandestinas. En medio del debate legislativo sobre el proyecto que amplía las facultades policiales para realizar controles preventivos de identidad y registros de vestimentas, equipaje y vehículos en zonas fronterizas y sectores estratégicos, el diputado por la Región de Tarapacá, Álvaro Jofré, sostuvo que el Estado debe recuperar capacidades reales de control frente al avance del crimen organizado, el narcotráfico y el uso de pasos ilegales en el norte del país. La iniciativa, que ya fue aprobada en general por la Cámara de Diputadas y Diputados y que volverá a comisión para revisar indicaciones y modificaciones, contempla ampliar las atribuciones de fiscalización en infraestructura crítica como puertos, aeropuertos, hospitales e instalaciones energéticas, además de permitir controles preventivos en una franja de hasta diez kilómetros hacia el interior desde el límite fronterizo.

Durante su intervención en sala, el parlamentario afirmó que la discusión no puede limitarse exclusivamente al fenómeno migratorio, ya que el descontrol en las fronteras ha derivado en un escenario mucho más complejo que afecta directamente la seguridad nacional y el funcionamiento del Estado. “La soberanía no consiste solo en tener leyes o instituciones, sino en la capacidad real del Estado para decidir, imponer orden y preservar su existencia política. Chile no puede permitir que la frontera se transforme en una ficción jurídica”, señaló Jofré.

El diputado por Tarapacá advirtió que la falta de control efectivo en sectores fronterizos ha permitido el fortalecimiento de redes ilegales que operan utilizando rutas clandestinas y pasos no habilitados, particularmente en el norte del país. “Cuando el Estado pierde control de sus fronteras, otros ocupan ese lugar. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el norte de Chile, donde las rutas clandestinas y los pasos ilegales terminaron siendo utilizados por el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado”, agregó.

Jofré enfatizó que regiones como Tarapacá viven de manera más intensa las consecuencias del ingreso irregular de personas, el tráfico ilícito y las operaciones de organizaciones criminales transnacionales, situación que —a su juicio— exige respuestas concretas y mayores herramientas preventivas para las policías y organismos fiscalizadores. En esa línea, valoró que el proyecto incorpore un enfoque ligado a la seguridad nacional y no solo al control migratorio, señalando que el debilitamiento de las capacidades institucionales del Estado ha generado espacios que hoy son aprovechados por bandas criminales. “El problema de la frontera no es solo migratorio ni policial.

Es un problema de autoridad política y de debilitamiento progresivo de las capacidades institucionales. Por eso el Estado necesita facultades reales de control en sus fronteras”, afirmó. El parlamentario agregó que las regiones del norte requieren medidas urgentes que permitan reforzar la fiscalización en zonas sensibles y enfrentar de mejor manera delitos asociados al contrabando, tráfico de drogas y circulación ilegal de mercancías.

La iniciativa continuará ahora su tramitación en comisión, donde se analizarán las modificaciones presentadas al articulado. En ese contexto, Jofré insistió en que el debate debe avanzar con sentido de urgencia y considerando la realidad que enfrentan diariamente las regiones fronterizas. Asimismo, sostuvo que fortalecer la capacidad operativa del Estado en las fronteras no solo apunta al control territorial, sino también a resguardar la seguridad de las comunidades y garantizar condiciones de mayor estabilidad para las zonas extremas del país.

Con ello, el diputado reiteró que el desafío actual no pasa únicamente por endurecer normas, sino por recuperar presencia efectiva del Estado en territorios donde, según indicó, el crimen organizado ha logrado instalar dinámicas permanentes de operación aprovechando vacíos de control y fiscalización.