Dipres admite error y refuerza control de daños de Quiroz por oficio para “descontinuar” programas

A 72 horas de la controversia por el oficio de Hacienda que sugería “descontinuar” 142 programas, el Gobierno afinó su defensa. Esta vez fue la propia Dirección de Presupuestos (Dipres) la que salió a enmendar el tono, en un movimiento que busca apuntalar el control de daños del ministro de Hacienda Jorge Quiroz. El subdirector de Racionalización, José Ignacio Llodrá, admitió el problema de fondo en un punto de prensa: “La Dipres no es muy buena comunicadora (…) eso puede ser parte del diagnóstico”.

Y fue directo al punto que encendió la crisis: “Quizás la palabra descontinuar es más bien reformular”. La aclaración no es trivial. Según explicó, el oficio no apuntaba a eliminar políticas públicas, sino a cambiar su implementación: “No se estaba diciendo que la política pública (…) había que descontinuarla, sino que la herramienta en cómo se ejecuta tiene un problema”.

Llodrá abordó el flanco más sensible —el Programa de Alimentación Escolar (PAE)—, que desató críticas incluso dentro de Chile Vamos: “Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación (…) esto debería hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo”. La frase busca bajar la presión tras el revuelo que generó la recomendación de “descontinuar” un programa clave para estudiantes vulnerables. El problema es que el oficio filtrado no dejó mucho margen: instruía a los ministerios a definir la continuidad o término de programas en base a evaluaciones y los calificaba como “condicionados”.

Además, planteaba recortes de hasta 15% en otros 260. Entre los afectados aparecen iniciativas de alto impacto social, como salud mental en atención primaria, prevención del suicidio, alimentación escolar y fondos de apoyo productivo. El mea culpa de Dipres se suma a la línea que ha sostenido Quiroz desde el inicio de la polémica: que no hay recortes decididos, que se trata de un oficio técnico y que todo está en fase preliminar.

Pero la corrección deja en evidencia el desfase entre el lenguaje técnico y su impacto político. Mientras Hacienda insiste en “reformular”, el documento habló de “descontinuar”. Y en ese cruce —más que semántico— es donde se instaló el conflicto.

Desde el oficialismo, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, también apuntó a un “error” en la filtración y manejo del oficio, señalando que “el echar a correr una evaluación (…) es un error” y que estas fallas comunicacionales deben corregirse, incluso llamando al Segundo Piso a intervenir. En la misma línea, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), admitió que el documento “no comunica bien y no llegó en el momento correcto”.