Descarbonización a la chilena: incumplimiento en cierre de termoeléctricas

La transición energética en Chile avanza, pero no necesariamente bajo estándares homogéneos ni con mecanismos efectivos de control. Esa es una de las principales conclusiones del estudio “Regulación ambiental y sectorial aplicable al cierre y reconversión de centrales termoeléctricas a carbón en Chile”, presentado por el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y Chile Sustentable. El informe identifica vacíos regulatorios, debilidades en la evaluación ambiental y falta de coordinación institucional en los procesos de cierre y reconversión de centrales a carbón, en un momento clave para la descarbonización del país.

Uno de los hallazgos más relevantes apunta a que 7 de las 14 centrales cerradas no cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que implica ausencia de obligaciones específicas sobre cierre, desmantelamiento y remediación ambiental. La investigación también advierte sobre el uso de consultas de pertinencia para evitar el ingreso de proyectos de reconversión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. A ello se suman incumplimientos de compromisos de cierre en centrales como Angamos 1 y 2, Nueva Ventanas y Campiche, en un contexto que los autores califican como de fiscalización insuficiente por parte de las autoridades.

Para la directora del Centro de Derecho Ambiental, Pilar Moraga, el problema no es solo técnico, sino también estructural. “Existe un vacío regulatorio persistente. A esto se suma un uso, a nuestro juicio abusivo, de las consultas de pertinencia para habilitar operaciones incluso en centrales que carecían de resolución de calificación ambiental.

Persisten además compromisos incumplidos, en un contexto de fiscalización claramente insuficiente”, afirmó. El estudio sostiene que la falta de exigibilidad ha derivado en la permanencia de infraestructura sin desmantelar y en la ausencia de medidas de remediación ambiental en territorios históricamente afectados por la operación de termoeléctricas, perpetuando pasivos ambientales y sociales en distintas comunidades. La discusión, sin embargo, trasciende el ámbito jurídico y se instala en el debate político sobre cómo avanzar hacia una transición energética justa.

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