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Denuncian graves delitos por proyecto Casino Dreams en Talca: alertan daño ambiental en humedal
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22:40 · Chile

Denuncian graves delitos por proyecto Casino Dreams en Talca: alertan daño ambiental en humedal

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Acción judicial presentada en Talca acusa a empresa y funcionarios públicos de eludir evaluación ambiental en proyecto Casino Dreams, con posible afectación al humedal Río Claro–Piduco. Una querella criminal por delitos ambientales, económicos y eventual elusión fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Talca en contra de la empresa Sociedad de Ríos Claros S. A.

, titular del proyecto “Parque Ferial del Maule – Casino Dreams Talca”, además de funcionarios públicos y otros posibles responsables. La acción judicial fue interpuesta por la Corporación de Desarrollo Sustentable BIOECOTERRA, que acusa un patrón sistemático para eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objetivo de evitar exigencias regulatorias, reducir costos y acelerar la ejecución del proyecto. Zona de alto riesgo ambiental El proyecto se emplaza en un área cercana al Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, ecosistema protegido oficialmente en 2024 y considerado clave para la biodiversidad y la regulación hídrica en la ciudad de Talca.

Según la querella, el terreno corresponde a una zona inundable y un acuífero de alta vulnerabilidad, lo que obliga a aplicar estándares estrictos de protección ambiental frente a cualquier intervención. Además, se advierte que el humedal alberga especies de fauna vulnerable, por lo que cualquier alteración podría generar impactos significativos en el equilibrio ecológico. El punto clave: excavaciones contradictorias Uno de los antecedentes centrales del caso apunta a una grave inconsistencia en la información entregada por la empresa.

Mientras en la tramitación administrativa se declaró que las excavaciones no superarían los 1,4 a 1,6 metros, posteriormente una certificación notarial constató trabajos de hasta 3 metros de profundidad. Este hecho, según los querellantes, desvirtúa completamente las condiciones bajo las cuales el proyecto fue evaluado, ya que aumenta el riesgo de afectar la napa subterránea y, por consecuencia, el humedal. Acusaciones de elusión y engaño La querella sostiene que la empresa habría incurrido en: Entrega de información falsa o incompleta Subestimación del impacto ambiental real Omisión de antecedentes técnicos relevantes Fraccionamiento del proyecto para evitar controles Estos elementos configurarían el delito de elusión del SEIA, además de afectación grave a componentes ambientales.

Asimismo, se plantea que las resoluciones administrativas que permitieron avanzar el proyecto podrían ser inválidas por haberse obtenido mediante engaño. Responsabilidad de organismos públicos El documento también apunta a posibles omisiones graves por parte de organismos del Estado, entre ellos: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) Dirección de Obras Municipales (DOM) de Talca Se cuestiona que estas entidades no exigieran una evaluación ambiental completa, archivaran denuncias o mantuvieran permisos vigentes pese a antecedentes técnicos que advertían riesgos. Incluso, la acción judicial solicita investigar eventuales delitos de prevaricación administrativa, cohecho o soborno, en caso de comprobarse irregularidades en la toma de decisiones.

Impactos para la ciudad La querella advierte que la eventual afectación del humedal podría generar consecuencias relevantes, tales como: Mayor riesgo de inundaciones urbanas Deterioro de ecosistemas protegidos Impacto en la salud pública y calidad de vida Costos económicos por daños ambientales En esa línea, se subraya que los humedales cumplen funciones clave como regulación de aguas, protección natural frente a desastres y soporte de biodiversidad. Solicitud al tribunal Finalmente, los querellantes pidieron que la causa sea declarada admisible, se remita al Ministerio Público y se investigue la eventual responsabilidad penal de la empresa, de sus ejecutivos y de funcionarios públicos involucrados. Además, solicitaron diligencias como incautación de documentos, declaraciones de autoridades y peritajes técnicos para esclarecer los hechos.

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