Demasiadas siglas para una sola idea

La propiedad intelectual (PI) es hoy una herramienta clave para el desarrollo: incentiva la innovación, promueve el emprendimiento y permite transformar conocimiento en bienestar. Pero, sobre todo, es el lenguaje de la economía moderna. En 1975, el 83% del valor de las empresas del S&P 500 era tangible; hoy, más del 90% son activos intangibles.

Chile, sin embargo, mantiene una institucionalidad fragmentada. La PI se reparte entre múltiples agencias -INAPI, SAG, DDI, Aduanas y policías- con lógicas distintas y escasa coordinación. El resultado es un sistema atomizado, con trámites dispersos, mayores costos de transacción y una débil capacidad de articular políticas públicas coherentes.

“Lo que debiera ser un sistema integrado en propiedad intelectual es un circuito disperso, lento y costoso”. Esta estructura no responde a un diseño estratégico, sino a una evolución incremental. Mientras Inapi se ha consolidado como una institución robusta y moderna, otras áreas -como derechos de autor y variedades vegetales- permanecen debilitadas, con menor capacidad técnica y presupuestaria.

Así, la PI no logra su potencial como herramienta de desarrollo. Las empresas que cuentan con PI generan entre 20% y 55% más ingresos por empleado que las que no la usan. Las startups que protegen sus marcas y patentes tienen hasta seis veces más probabilidades de acceder a financiamiento de capital de riesgo en etapas tempranas.

Pensemos en una startup que desarrolla una cereza más resistente al transporte. Debe proteger la variedad en el SAG, registrar su marca y eventuales procesos en Inapi, y resguardar sus investigaciones en el DDI. Lo que debiera ser un sistema integrado se transforma en un circuito disperso, lento y costoso.

Un sistema unificado revertiría esta situación. Integrar en una sola agencia la administración de los derechos de PI permitiría ganar eficiencia, coherencia y visión de largo plazo. Facilitaría la implementación de tratados internacionales, fortalecería la protección de activos intangibles y mejoraría la competitividad del país en mercados globales.

Inapi debiera transitar hacia un verdadero Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, incorporando derechos de autor y variedades vegetales, sin desplazar a los ministerios sectoriales, sino fortaleciendo la capacidad del Estado para implementar una visión común de la PI como motor de desarrollo. Estudios muestran que los costos de integración son marginales y pueden ser absorbidos por el propio sistema. Inapi genera ingresos suficientes para fortalecer áreas hoy rezagadas.

Lo que se requiere es decisión. Hoy no existe una iniciativa concreta en esta materia y ese es el problema: Chile sigue operando con una institucionalidad fragmentada en un mundo donde los intangibles dominan. Unificar el sistema de propiedad intelectual no es solo una mejora administrativa, sino una definición estratégica sobre si queremos competir en la economía del conocimiento… o seguir mirando desde lejos.