¿Del malestar antiélite al rechazo a la derecha? Chile 2026, ultraliberalismo económico y costos políticos. Por Eduardo Saffirio, Abogado

El gobierno de Kast, sostenido por una base de derecha amplia —aunque no una coalición mayoritaria— que incluye al Partido Republicano y a Chile Vamos, ha situado en el centro de su acción un programa económico de orientación ultraliberal. El debate público comienza así a desplazarse desde la seguridad y la migración irregular hacia una cuestión diferente: cómo gobernar en democracia con una agenda de shock en un Congreso fragmentado y sin mayorías estables. La combinación propuesta por el ministro de Hacienda es nítida.

Recortes fiscales significativos, rebajas de impuestos progresivos y una acelerada desregulación económica forman el núcleo del paquete. En abstracto, la propuesta busca dinamizar la inversión y acelerar el crecimiento. En la práctica, abre tensiones profundas porque se aparta de una trayectoria que, con distintos énfasis, fue compartida por todos los gobiernos de los últimos 36 años de democracia, incluidas las dos administraciones del ex presidente Sebastián Piñera.

Durante ese ciclo, incluso los gobiernos de derecha combinaron apertura económica, disciplina macroeconómica y reformas sociales graduales dentro de un marco de consensos técnicos y políticos relativamente amplios. La agenda actual rompe con ese patrón y apuesta por una transformación abrupta, lo que explica buena parte de la resistencia que genera. La primera tensión es fiscal.

Reducir impuestos progresivos sin compensaciones equivalentes y distributivamente neutras, mientras se aplican recortes amplios del gasto, exige una coordinación delicada y políticamente costosa. El problema no reside solo en la aritmética presupuestaria. Se traslada de inmediato a decisiones concretas sobre dónde ajustar.

Transferencias, inversión pública y servicios sociales pasan a ser espacios inevitables de conflicto. Esa discusión adquiere una magnitud mayor porque no se trata de una corrección marginal, sino de un giro respecto de la estrategia seguida por todos los gobiernos desde 1990. Por esa razón, la resistencia no proviene únicamente de la oposición.

Dentro del oficialismo, además, el conflicto tiene una raíz menos partidaria de lo que suele asumirse. Una parte importante del gabinete responde con mayor cercanía a grupos empresariales que a las estructuras partidarias de la coalición. Esa composición ayuda a entender por qué ciertos ministros empujan con convicción una reforma de gran escala, aun cuando su costo político pueda ser considerable.

También explica la cautela de Chile Vamos, cuyos partidos operan bajo una lógica electoral propia y deben enfrentar sucesivas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. Para ellos, respaldar sin matices una reforma de esta magnitud puede significar pagar un alto costo político durante todo el siguiente ciclo electoral. La segunda tensión es social.

Un programa de estas características redistribuye riesgos y costos. La reducción de la carga tributaria beneficia de manera inmediata a altos ingresos y grandes empresas, mientras los recortes pueden traducirse en deterioro o incertidumbre en áreas sensibles del gasto público. En un país donde la desigualdad sigue siendo un factor de alta sensibilidad social, esa ecuación dista de ser neutra.

La oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, ha encontrado en este punto un terreno de convergencia que parecía difícil de lograr. El rechazo opositor casi unánime al proyecto de ley miscelánea en el Congreso expresa, más que una coincidencia táctica, la convicción transversal de que el paquete oficialista altera de manera brusca el consenso que estructuró la política económica chilena en democracia. La tercera tensión es institucional.

La desregulación, presentada como simplificación administrativa, presiona marcos normativos en áreas especialmente sensibles como la regulación ambiental y las relaciones laborales. El límite no es solo jurídico. También se juega en la confianza que sostienen inversionistas, actores sociales y mercados respecto de la estabilidad de las reglas.

Chile construyó una parte importante de su reputación internacional sobre instituciones previsibles y cambios graduales. Alterar ese equilibrio, ahora desde una ideología opuesta a la de la primera Convención constitucional, puede generar efectos políticos y económicos difíciles de anticipar, especialmente si la incertidumbre regulatoria se combina con conflictividad social alta y sostenida. Todo esto devuelve el análisis a un punto central.

La colaboración derechista importa, pero no del modo en que sugiere la superficie del debate y los llamados al orden. La reforma de mercado de alta intensidad puede parecer coherente en el papel, pero su implementación se fragmenta cuando conviven actores con incentivos distintos y lealtades divergentes. El núcleo presidencial y parte del gabinete impulsan una agenda de fuerte convicción ideológica, estrechamente alineada con determinados sectores empresariales.

Los partidos de Chile Vamos, en cambio, deben ponderar costos territoriales, parlamentarios y de gobernabilidad. Esa divergencia convierte a la propia derecha tradicional en el principal espacio de moderación del proyecto. Los programas de shock en democracias rara vez se ejecutan de acuerdo con su diseño original.

Suelen enfrentar vetos internos, secuencias forzadas y reacomodos que terminan moderando la propuesta inicial. En el caso chileno, esa dinámica puede ser aún más intensa porque, como se dijo, la oposición parece haber encontrado una bandera común en la defensa del modelo de gradualidad económica que caracterizó las últimas tres décadas y media. Hay, además, un antecedente político que no se debería ignorar.

El Estallido social de 2019 no se dirigió contra un solo gobierno ni contra una sola coalición, sino contra el conjunto del sistema político. Su fuerza descansó en un malestar difuso, masivo y transversal contra las élites, sin distinción partidaria clara. La agenda Quiroz de liberalización acelerada podría alterar ese patrón.

El sentimiento antiélite, que en 2019 se expresó como rechazo general a la clase política, puede adquirir ahora un tono crecientemente antiderecha y extenderse también contra los sectores políticos que, desde el centro o la centroizquierda, terminen apoyando una agenda percibida como funcional a los grupos de mayores ingresos. El paralelo con Pierre Rosanvallon resulta sugerente precisamente porque no remite a una analogía mecánica con la experiencia francesa. Al observar la Francia de fines de los noventa, Rosanvallon mostró cómo electores socializados en el conflicto clásico entre izquierda y derecha comenzaron a desplazarse hacia una lógica de confrontación entre los de arriba y los de abajo, terreno sobre el que creció políticamente Jean-Marie Le Pen.

En Chile podría ocurrir el desplazamiento inverso. Un conflicto inicialmente económico podría transformar un malestar antiélite general en una impugnación concentrada sobre la derecha gobernante y sobre quienes apoyen su programa. El proyecto no es inviable, pero su éxito depende menos de la consistencia doctrinaria que de la capacidad para administrar políticamente el ajuste a lo largo del tiempo.

Gradualidad, focalización de recortes, compensaciones visibles y negociación legislativa aparecen como condiciones indispensables. Sin esos elementos, aunque el sistema seguirá operando institucionalmente, los riesgos más probables son el bloqueo legislativo, la erosión del apoyo social y el desgaste acelerado del capital político del gobierno. Parte de esa tendencia ya comienza a insinuarse en sondeos de referencia como Pulso Ciudadano.

El gobierno de Kast enfrenta así una paradoja clásica de las democracias contemporáneas. Cuanto más intente aplicar sin mediaciones su programa económico, mayor será su dependencia de aquellos sectores de su propia base que necesitan moderarlo para preservar viabilidad electoral y gobernabilidad. En esa tensión no se juega únicamente la suerte de una reforma económica ni la estabilidad de la colaboración derechista que hoy sostiene al gobierno.

También se juega algo más profundo. Si la derecha chilena será capaz de traducir una victoria electoral coyuntural en una mayoría política durable o si, por el contrario, un intento de transformación radical terminará reactivando un ciclo de rechazo social dirigido contra ella y contra quienes contribuyan a viabilizar su proyecto.