Dejar sin efecto la protección: cuando los derechos quedan solo en el papel

La derogación de las circulares 781, 782 y 202 de la Superintendencia de Educación se ha presentado como un ajuste técnico, pero sus efectos distan de ser neutros. En un sistema educativo tensionado por la violencia, la fragmentación institucional y la desconfianza entre actores, eliminar estos instrumentos no simplifica la gestión: debilita el resguardo efectivo de derechos. Las circulares no son meras orientaciones administrativas.

Han operado como puente entre la ley y la vida cotidiana en las escuelas, traduciendo principios como debido proceso, no discriminación e integridad en criterios concretos. Sin ellas, la ley no desaparece, pero pierde densidad y exigibilidad. Además, su eliminación no reduce la carga administrativa, como han sostenido las autoridades ministeriales.

La incrementa cualitativamente: sin criterios claros, los equipos deben reconstruir procedimientos caso a caso, con mayor incertidumbre y exposición a conflicto. Lo que antes era estándar hoy depende de interpretaciones. Y las políticas públicas no se juegan en su diseño, sino en su implementación.

En ese espacio, las circulares limitaban la discrecionalidad; su ausencia amplía la arbitrariedad. Lee también... CGR: Colegios más denunciados por violencia no fueron fiscalizados por Superintendencia de Educación Lunes 27 Abril, 2026 | 18:54 El resultado previsible es mayor desigualdad.

No porque los derechos se eliminen formalmente, sino porque su aplicación queda sujeta a la capacidad de cada establecimiento. Donde hay equipos sólidos, los estándares podrían sostenerse; en contextos frágiles, donde más se requieren reglas claras, el riesgo es evidente: decisiones arbitrarias, falta de transparencia y respuestas desproporcionadas. Uno de los ámbitos más sensibles es el debido proceso.

Durante años, las circulares contribuyeron a establecer criterios mínimos en la gestión de sanciones: derecho a ser oído, proporcionalidad, registro de procedimientos. Su derogación no elimina estas garantías de la legislación, pero sí debilita su operatividad. En la práctica, esto puede traducirse en estudiantes con menor capacidad de defensa frente a decisiones disciplinarias, en familias con menos herramientas para exigir transparencia y en comunidades educativas más expuestas al conflicto y mayor judicialización.

En materias de inclusión y no discriminación ocurre algo similar. Los avances no descansan solo en leyes, sino en orientaciones concretas. Al retirarlas, el mensaje institucional es ambiguo: los derechos existen, pero su implementación queda abierta.

A esto se suma un efecto institucional preocupante: el debilitamiento de la función fiscalizadora y garante de derechos de la Superintendencia. Sin criterios claros y públicos, la fiscalización pierde consistencia, se vuelve más difícil de sostener y, eventualmente, más discutible. La autoridad no solo regula menos: también queda en una posición más débil para exigir cumplimiento.

Esto expresa un giro político: de un Estado que orienta activamente a uno que delega en la autonomía sin asegurar condiciones equivalentes. Sin estándares comunes, esa autonomía tiende a reproducir desigualdades. Esta decisión no aborda el problema de fondo: no reduce la violencia escolar, no mejora la convivencia ni entrega nuevas herramientas a las comunidades educativas.

Por el contrario, debilita la respuesta institucional frente a conflictos complejos. En educación, los derechos no se garantizan únicamente por su consagración legal, sino que requieren marcos, procedimientos, criterios comunes y una arquitectura institucional que los haga exigibles. La derogación de las circulares 781, 782 y 202 no elimina esa arquitectura por completo, pero sí retira piezas clave de su funcionamiento.

Y cuando eso ocurre, lo que se erosiona no es la norma escrita, sino algo más decisivo: la posibilidad real de que todos los estudiantes, sin importar su contexto, puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Porque en educación, como en tantas otras áreas, la distancia entre el papel y la realidad no es técnica. Es política.