Defensoría de la Niñez plantea que Comisión Asesora Presidencial de Verdad y Niñez es un compromiso de Estado

La Comisión constituye un mecanismo fundamental por el cual el Estado de Chile se ha comprometido en esclarecer las graves vulneraciones de derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado entre 1979 y 2024. Se trata de un proceso excepcional, autónomo y de carácter reparatorio, que requiere condiciones institucionales, técnicas, presupuestarias y éticas acordes a la magnitud de su mandato. La Defensoría de la Niñez, junto a UNICEF, participó de las instancias preparatorias de esta Comisión, con un rol técnico de observadores de derechos humanos.

En aquella oportunidad la Defensoría fue crítica en señalar que se requería fortalecer su autonomía, la participación de las víctimas e incorporar otras situaciones de vulneraciones ocurridas en otros contextos. Asimismo, se enfatizó la necesidad de contar con un presupuesto suficiente, que permita cumplir su mandato acorde a las exigencias de derecho internacional. Pese a que el compromiso asumido por el Estado se limitó a esclarecer las situaciones ocurridas respecto de la niñez bajo protección del Estado y no en otros contextos institucionales, la Defensoría de la Niñez valoró su instalación y ha acompañado su funcionamiento, basándose en dos circunstancias fundamentales.

Su instalación con una alta relevancia política, al quedar radicada en la Presidencia de la República y su carácter autónomo. Considerando que la Comisión se encuentra operativa, el Estado debe garantizar su funcionamiento y evitar que decisiones administrativas, presupuestarias, o de gestión debiliten su mandato. Chile tiene una alta expectativa de eficacia, eficiencia y efectividad respecto de esta instancia.

Durante su periodo de funcionamiento se han constatado dificultades para acceder a los registros de niños, niñas y adolescentes en cuidado estatal, levantar testimonios y un bajo nivel de conocimiento de la Comisión por parte de la comunidad, lo que ha afectado la efectividad en su mandato. Teniendo en estas dificultades, la obligación del Estado es generar condiciones que permitan escuchar con todas las garantías los relatos de víctimas y proponer medidas integrales de reparación y no-repetición: y eso requiere más esfuerzos por parte del Estado.