Defensoría de la Niñez advierte delicada situación de niños y adolescentes: víctimas de violencia sexual aumentaron un 46%

“Hoy la niñez y la adolescencia enfrentan importantes cambios en sus entornos y al aumento de riesgos sociales, tecnológicos y medioambientales”. Así lo establece el reciente Diagnóstico Anual sobre la Situación de Derechos de la Niñez y Adolescencia 2026 de la Defensoría de la Niñez, que se dará a conocer este jueves. El informe revela que los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas aumentó un 137%; las víctimas de violencia sexual, un 46,4%, y más de 41.

000 niños se encuentran en lista de espera para programas de protección especializada, añadiendo que aún persisten señales críticas en materia de salud mental adolescente, así como violencia y explotación sexual pospandemia Lo anterior da cuenta de que en materia de niñez y adolescencia, que en Chile superan los 4 millones de habitantes, persisten graves indicadores sociales en materia de salud mental adolescente, violencia sexual y convivencia escolar. En ese sentido, la violencia sexual contra menores sigue siendo una de las vulneraciones más graves. Además, para la institución representa una señal de alerta, ya que los jóvenes están creciendo en entornos mucho más complejos que antes: cambios en la vida familiar, la escuela, los barrios, los espacios digitales, la convivencia social y el acceso a salud mental.

En esta tercera publicación, elaborada por el Observatorio de Derechos de la institución, se identifican tendencias, brechas persistentes y ámbitos donde la respuesta pública no está llegando con la oportunidad requerida. “Este diagnóstico es una alerta país. Los datos muestran que, aunque hay avances en algunos indicadores, niños, niñas y adolescentes (NNA) siguen enfrentando riesgos graves en salud mental, violencia sexual, convivencia educativa, entornos digitales y protección especializada”, indica Anuar Quesille, defensor de la Niñez.

Además, señala que disminuyeron en un 78% los egresos hospitalarios por servicios relacionados al parto y gestación en adolescentes entre 15 a 17 años, y un 13% la pobreza por ingresos en niños, niñas y adolescentes entre 4 a 17 años, y en un 14% entre 0 a 3 años. Otro dato que aporta el trabajo es que disminuyó la inseguridad alimentaria en este grupo etario. Por ejemplo, en 2022, el 43% de los hogares afirmó “comer menos de lo que pensaba que debía comer”, porcentaje que a 2024 disminuyó a un 17,5%.

En materia de violencia, la cantidad de medidas de protección dictaminadas por el Poder Judicial por vulneraciones de derechos ha aumentado en un 35%, mientras que Carabineros de Chile registró un total de 159. 776 niños, niñas y adolescentes como víctimas de vulneraciones de derechos. “Estamos en un momento de inflexión: sus formas de crecer, relacionarse y socializar han cambiado profundamente, pero muchas respuestas institucionales no avanzan al mismo ritmo”, señala Quesille, quien añade que “Chile necesita actualizar sus políticas públicas y responder con mayor oportunidad, prioridad y recursos a la realidad que hoy vive la niñez y adolescencia”.

Según antecedentes considerados en el informe, un 36,9% señala que no ha podido ejercer o poner en práctica alguno de sus derechos, cifra que aumenta al 40,6% en estudiantes de enseñanza media. Además, aumentó en un 73% la tasa de víctimas de explotación sexual, una de las formas más graves de vulneración de derechos. Por otra parte, un total de 560 niñas y adolescentes han iniciado un proceso de interrupción voluntaria del embarazo.

El 86% de los casos son por violación, el 55% tuvo entre 14 y 17 años, y el 15,7% son extranjeras. En educación, la institución advierte un deterioro de la convivencia escolar. En 2025, la Superintendencia de Educación recibió 17.

076 denuncias por convivencia escolar, equivalentes al 75% del total de ingresos de ese año. Esto último representa un aumento del 22,1% respecto de 2024. A ello se suma que, entre 2024 y julio de 2025, Carabineros registró 54.

289 casos policiales ocurridos en establecimientos educacionales; entre ellos, 1. 604 por violencia sexual y 828 por uso o porte de armas, artefactos y municiones. El documento también advierte una fuerte presión sobre el sistema de protección especializada.

En 2025, 41. 557 NNA estaban en lista de espera para programas del Servicio Nacional de Protección Especializada, mientras que la sobreocupación en centros residenciales aumentó del 22% al 41% entre 2019 y 2024. A ello se suman brechas persistentes en condiciones de vida.

Aunque la pobreza disminuyó entre 2022 y 2024, uno de cada cuatro NNA continúa viviendo en pobreza multidimensional y, según el Censo 2024, 817 se encontraban en situación de calle, principalmente en el norte del país.