Debate por presupuesto, control de agenda y fuego amigo: Los tres flancos que abrió el oficio de recortes de Hacienda

Si bien la oposición fue la primera en activar las alertas por el presunto recorte en el financiamiento de programas de alimentación escolar, la molestia en sectores del oficialismo apunta a la forma en cómo se comunican las eventuales medidas, y la escasa coordinación que existe entre lo que se informa desde Hacienda y lo que señalan las distintas carteras que recibirían los recortes. En ese sentido, voces oficialistas apuntan directamente al Segundo Piso de La Moneda. Dentro del oficio filtrado -con fecha 21 de abril-, Hacienda recomendaba al Ministerio de Educación descontinuar 15 programas, mantener sin observaciones un total de 34 y disminuir en 15% el presupuesto de otros 42.

Algunos de los programas que Hacienda busca descontinuar son el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y el Programa de Alimentación Escolar. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a aclarar entonces que "lo único que se ha enviado es un oficio, que es un oficio que se envía en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer". Con todo, aseveró que "aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa.

Es un oficio. Todavía no está el decreto de ajuste de gasto". Al ser consultado sobre si habría un recorte en alimentación, el ministro replicó "ninguno.

El Mineduc tiene que decidirlo, y todo esto es en el contexto de un volumen de ajuste de gasto que hay que hacer". Otros presuntos "recortes" y el decreto en Desarrollo Social Los recortes propuestos por Hacienda -según consignó La Tercera- incluían descontinuar 142 programas dependientes de 22 ministerios, los que en conjunto tienen un costo anual que llega a los $5,4 billones. Salud presentaba 25 programas a descontinuar.

Entre ellos figuraba el Plan Acceso a la Atención de Salud a Personas Migrantes, Elige Vida Sana, el Plan Nacional de Demencia, el Programa Odontológico Integral, el Programa de Apoyo a la Identidad de Género, el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), el Programa de Salud Trans y el Programa Nacional de Prevención del Suicidio. La segunda cartera con más programas observados era Economía, con 16 ítems, que incluyen Súmate a Innovar, Fomento a la Calidad, el Programa Red de Asistencia Digital y Servicios Virtuales, entre otros. En tercer lugar aparecía Educación, con 15 programas.

Entre los que se proponía suprimir están el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el Programa de Alimentación Escolar, la Beca de Apoyo Vocación Profesor, el Programa Nacional de Lectura, Reinserción Escolar, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) y la Beca Distinción a las Trayectorias Educativas, exbeca Puntaje PSU. En cuarto lugar se ubicaba Desarrollo Social, donde se buscaría terminar con 13 programas, entre ellos Difusión y Fomento de las Culturas Indígenas, el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, Innova Fosis y otros vinculados a comunidades de pueblos originarios. Lo concreto es que el pasado viernes, se concretó la firma de un decreto por parte del ministro Quiroz, para una rebaja de $32.

721 millones en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Los recortes más significativos recaen en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename); Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; el Instituto Nacional de la Juventud; Subsecretaría de la Niñez; Servicio Nacional de Discapacidad; e iniciativas como el Programa de Apoyo al Recién Nacido. Sobre esto último, y ante críticas tanto del oficialismo como de la oposición, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, ayer salió a señalar que "no se van a cortar beneficios sociales", y afirmó que no se suprimirá la entrega de ajuares.

El documento filtrado también mostraba recortes Ciencias, Seguridad, y Justicia; esta última con planes como el Programa de Derechos Humanos y el de Intermediación Laboral para Jóvenes. Respecto del primero, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, ya se pronunció y comunicó a Hacienda que "la idea no será considerada en ningún sentido". Con todo, y según reveló ayer el medio Ciper, el documento también recomienda recortes para la Pensión Garantizada Universal (PGU), gratuidad universitaria, el bono de invierno y Asignación Familiar.

Sobre esto, Quiroz debió salir a aclarar en un punto de prensa que "aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Ninguno, en absoluto", además insistió en que cualquier revisión no afectará a quienes reciben el beneficio conforme a la normativa vigente. "Por lo tanto, quiero volver decir que las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido como corresponde a ley, no se les va a afectar en absoluto", concluyó.

Cuestionamientos oficialistas y del PNL En el oficialismo hay distintas miradas en torno a los eventuales recortes. Algunas voces de la UDI, como el diputado Eduardo Cretton y el senador Iván Moreira defendieron la medida. "No se trata de estar en contra de los programas sociales, se trata de que funcionen", dijo el senador.

No obstante, otras voces de la tienda gremialista, como la diputada Flor Weisse, planteó que "se requiere responsabilidad fiscal y compromiso social en la administración de los recursos públicos, por lo tanto, el gobierno debe explicar muy bien a qué obedece la revisión de estos programas, y que en ningún caso significa reducción de beneficios sociales, nosotros no estamos de acuerdo con que ello ocurra. Sí con que haya una mejor eficiencia en la administración de los recursos. Si ello significa reducción de algunos programas, hay que hacerlo, pero nunca retroceder en beneficios sociales".

Por su parte, la diputada del PNL e integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, Paulina Muñoz, dijo estar "completamente en contra" del decreto para Desarrollo Social y eventuales recortes como el ajuar o el Servicio de Protección de la Niñez. "Yo creo que es importantísimo que el gobierno salga a explicar con detalle, a qué se refiere con este tipo de recortes y que la Contraloría se pronuncia de forma inmediata respecto de esto. No podemos permitir que se le recorten estos beneficios tan importantes que se prometió que se iban a mantener a los chilenos", aseveró.

Tensiones con Republicanos La hoja de ruta de austeridad fiscal de Quiroz también provocó un quiebre del Partido Republicano con La Moneda, donde voces han llamado a poner orden en el Segundo Piso. En conversación con Radio Duna, el timonel republicano hizo un llamado "al 'Segundo Piso' a que tome las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir. Creo que lo tienen que tomar en el Segundo Piso más que en Hacienda.

Ya que acá tiene que procurar dejar lo suficientemente claro que las recomendaciones de Dipres son elementos significativos, pero que no van de la mano con decisiones políticas en ningún caso". Más tarde, Squella dijo a La Segunda que "la Dipres tiene el deber de evaluar técnicamente, lo hace todos los años; pero para la coordinación entre ministerios está el Segundo Piso, y ahí tenemos un problema. Esperamos que a partir de este episodio se prevean estas situaciones y se paren a tiempo".

Según consignó El Mercurio, al interior de La Moneda las palabras de Squella llamaron la atención, y algunos interpretan que el timonel republicano habría utilizado el episodio para criticar al jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, quien también es militante del Partido Republicano. El domingo, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), también había puesto el punto sobre problemas comunicacionales, a raíz de la filtración del oficio de Hacienda. Si bien el diputado respaldó la intención de revisar la eficiencia del gasto, en conversación con Mesa Central de Tele13 reconoció deficiencias en el manejo comunicacional del tema.

"Por supuesto que sí, y por eso está la falla de Hacienda, o de la Dipres más bien, en cómo comunica", señaló. Implicancias para la megarreforma En paralelo, la megarreforma o "Plan de Reconstrucción Nacional" -vinculado también a la idea de mejorar el gasto fiscal- proyecto clave del Gobierno, requiere de respaldos en el Congreso, sin embargo, hay situaciones que han tensionado la antesala a la votación. Tal fue el cruce protagonizado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, con el el asesor del senador Alfonso De Urresti (PS), y la crítica que hizo el secretario de Estado a la Ley de Humedales.

"Valdivia está considerada como ciudad Humedal", sostuvo el asesor del parlamentario y Poduje respondió: "Dígale a las familias eso pues (... ). ¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador (De Urresti) con la Ley de Humedales?

". Esto llevó a un cruce entre la presidenta del Senado, Paulina Urrutia (RN), quien expresó en su cuenta de X que "La ley de humedales impulsada por el senador de Urresti tuvo apoyos transversales. Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado".

Poduje replicó que "como Ministro de Vivienda yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar 8 años por una muy mala ley de humedales, como las que conocí hoy en Guacamayo Valdivia. El cruce no sólo llevó a que la mesa del Senado realizara una respuesta institucional para reprobar la conducta de Poduje, sino que Urrutia, advirtió sobre el impacto que podrían tener estas situaciones para la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

"Dentro del gobierno estamos ad portas de entrar en la semana donde se necesitan votos. No pueden haber ministros sumando votos y, por otro lado, ministros restando votos", dijo en el programa Turno. En tanto, también se han abierto tensiones en la "alianza" que logró el gobierno con el PDG de cara al proyecto de Reconstrucción.

Ayer, el jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, llamó al Gobierno a cumplir con el compromiso adquirido con la tienda, relativa a ingresar oportunamente el proyecto paralelo en materia de medicamentos y pañales. El parlamentario advirtió en conversación con La Tercera, que un eventual retraso o incumplimiento podría tensionar el respaldo de su bancada durante la tramitación. "Se empieza a complicar la situación", advirtió, junto con enfatizar que "el gobierno tiene que cumplir la palabra, no nosotros".