CUT y Anef sobre incentivo al retiro presentado por Kast: "Es una reducción encubierta del Estado"

Uno de los anuncios contenidos en el quinto eje del Plan de Reconstrucción Nacional —centrado en la contención del gasto público— comenzó a generar inmediatas reacciones en el mundo sindical y político. En concreto, ayer, durante la cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast afirmó que "el Estado que gasta mal no puede pedir más a los ciudadanos" y anunció que una de las medidas del proyecto "triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público, para generar mayor movilidad". Así, este miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó mayores antecedentes de la iniciativa y precisó que los cupos pasarán desde los actuales 2.

200 a 6. 000. "Es una medida muy relevante.

Permite que personas que ya tienen edad más avanzada estando en el sector público se puedan retirar. Las últimas veces que se ofrecieron estos cupos hubo sobredemanda y esto permite después generar otro tipo de gestión", sostuvo. Reacción de la Anef Consultados al respecto, desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), sin embargo, la lectura fue distinta.

Su presidente, José Pérez, afirmó a Emol que el anuncio abre dudas porque actualmente ya existe un marco legal vigente que regula estos incentivos. "Hay una ley permanente de incentivo al retiro que fue acordada con el gobierno anterior, votada en el Congreso y que hoy está en régimen", señaló. El dirigente explicó que hoy existen cupos ya comprometidos para funcionarios rezagados —muchos de ellos con enfermedades terminales— además de asignaciones sectoriales previamente establecidas.

Bajo ese escenario, sostuvo que las cifras anunciadas por La Moneda no calzan con la estructura actual. "Si uno suma los rezagados y los cupos ya asignados, no nos da ese triplicar que dice el anuncio", afirmó. Pérez agregó que la principal inquietud está en el mecanismo legislativo o administrativo que utilizará el Ejecutivo para implementar la medida.

"¿Se va a modificar el reglamento? ¿Se va a cambiar la ley? Sería bueno que el Gobierno precise cuál será el diseño del proyecto", indicó.

Reacción de la CUT Más crítica fue la reacción de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La vicepresidenta nacional de la multisindical y coordinadora de las secretarías del sector público, Gabriela Farías, cuestionó el concepto de "movilidad" utilizado por el Ejecutivo. "La verdad es que no sabemos a qué se refiere con movilidad el Presidente en su discurso", dijo a Emol.

Según explicó, hasta 2025 la tasa de reposición asociada a estos planes era de dos retiros por una nueva contratación. En cambio, sostuvo que la propuesta actual endurece esa lógica. "Dentro de las medidas de austeridad informadas por el Gobierno no se contratará a nadie.

Por lo tanto, no hay movilidad", afirmó. A juicio de la dirigenta, ello podría traducirse en una mayor presión operativa sobre los servicios públicos, especialmente en áreas de atención directa. "Se sobrecarga al personal en todas las áreas del Estado, pero especialmente en salud y educación.

Esta medida es una forma encubierta de reducción y debilitamiento del Estado", sostuvo. Reacciones del Congreso En el Congreso, el diputado Stephan Schubert, del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Trabajo, respaldó la propuesta y aseguró que puede contribuir a renovar estructuras internas en la administración pública. "Es una muy buena noticia.

Va a permitir que personas más nuevas puedan subir a otros cargos, mejorar la eficiencia del aparato público y ojalá también achicar la cantidad de funcionarios que tiene el sistema público", señaló. En tanto, el diputado Patricio Briones (PDG), integrante de la Comisión de Economía, relativizó el alcance macroeconómico de la medida. Si bien reconoció que puede apuntar al ahorro fiscal, sostuvo que el estancamiento económico responde a factores de mayor escala y planteó que existen herramientas con efecto más inmediato sobre la actividad, como rebajas del IVA en medicamentos, pañales y productos de la canasta básica.

En tanto, la diputada Tamara Ramírez (PDG), integrante de la Comisión de Trabajo, dijo que "veo con buenos ojos esta medida. Esta es una herramienta que se ha aplicado en todos los gobiernos desde hace años porque funciona, y profundizarla hoy es, sin duda, el camino correcto". "Es una medida inteligente porque es gradual, elimina la duplicidad de funciones y permite una modernización real.

Hacemos más eficiente el aparato público sin pasar por encima de los derechos de los trabajadores. Es una forma responsable de renovar el Estado, ahorrando recursos que hoy Chile necesita para otras prioridades urgentes", añadió.