Cuatro años de estado de excepción en El Salvador: Cómo se aprobó y por qué sigue vigente la medida impulsada por Bukele

¿Por qué se aprobó y por qué se mantiene el estado de excepción? Fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, como respuesta a un fin de semana con más de 80 homicidios. La escalada de asesinatos se atribuye, según investigaciones periodísticas, a la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las pandillas.

El Gobierno sostiene que la medida ha permitido combatir a las maras, recuperar territorios y reducir de forma significativa los homicidios en un país históricamente violento. Pese a que los asesinatos ya venían disminuyendo desde 2016, el régimen se consolidó como la principal estrategia de seguridad. La fuerte respuesta estatal generó amplio respaldo ciudadano y contribuyó a la reelección inmediata de Nayib Bukele, pese a restricciones constitucionales previas.

¿Qué implica el régimen de excepción y cómo ha evolucionado en estos cuatro años? Se ha mantenido vigente durante cuatro años mediante 48 prórrogas aprobadas por el Congreso a solicitud del Ejecutivo. El Gobierno asegura haber desarticulado a las pandillas con más de 91.

300 detenciones de presuntos miembros o colaboradores. Analistas advierten que su prolongación lo ha transformado en un mecanismo de "control social". Suspende derechos fundamentales, como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa.

Amplía la detención administrativa hasta 15 días sin cargos. Se han reformado leyes para permitir procesos penales masivos y colectivos contra grupos de pandillas. ¿Qué cuestionamientos existen sobre violaciones a derechos humanos?

Organizaciones humanitarias registran al menos 6. 889 denuncias de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen. En el 98% de los casos se denuncian detenciones arbitrarias.

El 75% de los atropellos señalados involucra a agentes de la policía. La política de detenciones masivas ha elevado la población carcelaria a más de 107. 000 personas.

El propio presidente Bukele ha reconocido que al menos 8. 000 detenidos serían "inocentes". Estas personas continúan vinculadas a procesos penales, incluso cuando han obtenido libertad condicional.

¿Qué nivel de apoyo tiene la medida y qué críticas internacionales enfrenta? Alrededor del 85% de la población respalda la continuidad del régimen, según diversas encuestas. Poco más del 10% de los ciudadanos se manifiesta en contra de su extensión.

La aprobación presidencial alcanzó un 91,9% a fines de 2025, impulsada principalmente por la mejora en seguridad. Un informe de expertos advierte que las violaciones a derechos humanos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El documento fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas por un grupo internacional de especialistas (GIPES).

Bukele criticó el informe y afirmó que exige liberar a todos los detenidos, aunque el texto plantea crear mecanismos para liberar a personas encarceladas sin pruebas.