Cuando proteger ecosistemas únicos no es un capricho

El proyecto inmobiliario “Maratué”, de la familia Lería, contempla la construcción de 14 mil viviendas en la comuna de Puchuncaví, sobre uno de los últimos espacios costeros de la Región de Valparaíso que se encuentran libres de urbanización. Los Acantilados de Quirilluca, las quebradas boscosas que desembocan en esta zona costera y toda la red hídrica superficial, que incluye algunos humedales, forman parte de un entramado ecológico costero-terrestre que se verá profundamente alterado por la construcción de este proyecto de enormes dimensiones. Así las cosas, pareciera ser que el enorme valor ecológico, geológico, paleontológico, social y cultural de este lugar no bastó para revertir la reciente decisión del Comité de Ministros, que ratificó el pasado lunes 13 de abril el permiso ambiental (RCA) del proyecto Maratué y rechazó las fundadas y legítimas reclamaciones ciudadanas hacia este proyecto.

Los antecedentes existentes permiten afirmar que esta determinación política ignora que la escala de este proyecto es simplemente incompatible con la vocación de un territorio que no solo debe ser protegido por su elevado valor ecológico, sino que es imperativo disminuir la presión sobre sus ecosistemas a causa de años de sobrecarga por contaminación proveniente del complejo industrial Quintero-Puchuncaví. Al respecto, es importante señalar que el proyecto inmobiliario pretende construirse muy próximo a la Bahía de Quintero, zona de alta contaminación ambiental. Basta con examinar la evidencia disponible, la cual indica altos niveles de arsénico en estos suelos.

Por otra parte, con la aprobación del proyecto, la autoridad avala al titular a que los últimos bellotos del Norte costeros, así como las formaciones herbáceas de geófitas, los matorrales xerofíticos; además de toda la avifauna, que incluye a la colonia más grande de Piqueros de Humboldt continental, los chungungos y todo el registro fósil almacenado en los estratos que forman los acantilados (solo por mencionar algunos de los atributos de este maravilloso lugar), que estarán debidamente protegidos por un área de conservación de solo 125 hectáreas, como lo propone el titular, lo que es simplemente una miopía desde una visión territorial integral. Estos frágiles ecosistemas no son burbujas aisladas que funcionan en desconexión con el territorio circundante; todo lo contrario, dependen de napas subterráneas, corredores biológicos y extensas áreas naturales de amortiguación. Los diversos impactos de un proceso de construcción y urbanización constante por más de 40 años, como ruido extremo, vibraciones, rotura de sistemas hidrogeológicos, polución por polvo de diversos materiales y diversas formas de contaminación, pueden fácilmente diezmar el área de conservación propuesta.

¿La fauna que allí habite deberá vivir aislada en estos polígonos? ¿Es acaso eso viable en el tiempo? Y cuando toda esta nueva ciudadela esté activa ¿deberá el bosque recibir toda la polución urbana y vehicular, así como la presión de desagües y alcantarillados?

Así, esta resolución del Comité de Ministros, enmarcada en la dirección política de un gobierno obsesionado con “destrabar inversiones” y acelerar permisos, es una señal muy preocupante para nuestro patrimonio natural. Al priorizar proyectos de este tipo e ignorar la evidencia del valor ecológico, paisajístico, geológico, arqueológico y paleontológico de los Acantilados de Quirilluca y su entorno, así como la integridad socioambiental de la cual dependemos, el Comité de Ministros confirma lo que ya muchos sabíamos: otra vez más se posterga el cuidado de nuestro medio ambiente por intereses privados. En un contexto nacional donde la zona costera está críticamente antropizada y bajo el asedio de los eventos cada vez más extremos del cambio climático, proteger estos ecosistemas no es un capricho ambientalista, es un acto de resiliencia y de preocupación por las generaciones futuras.

Es inevitable recordar que, durante el último año de la administración Boric, la votación del Comité de Ministros fue postergada en tres ocasiones. Aquellas dilaciones pudieron haber sido el espacio para un examen técnico riguroso que derivara en el rechazo del proyecto, pero optaron por dejar esta decisión para la actual gestión, sabiendo cual sería la tónica de este gobierno. Sin embargo, este acto de aprobación administrativa no debe confundirse con resignación o con el fin de la defensa de este valioso lugar, todavía queda espacio de acción en sede judicial.

El compromiso férreo de las comunidades, organizaciones territoriales y ambientales es, ahora más que nunca, el último dique de contención, no solo para Quirilluca, sino que para otras áreas del país que están amenazadas por esta política de “agilización” de la inversión sin consideraciones ambientales, como si no estuvieran interconectadas.