Cuando la violencia entra a la sala de clases

El lamentable caso ocurrido en Calama nos permite entender que la irrupción de la violencia en el ámbito escolar constituye un evento de profunda gravedad, que trasciende la dimensión individual de la tragedia para representar una ruptura simbólica de mayor envergadura y por ende de mayor profundidad, pues la presencia de la violencia en una institución educativa altera fundamentalmente uno de los espacios más cruciales de cualquier sociedad, aquel donde se gestan y proyectan las aspiraciones futuras. Antes de proceder a cualquier análisis o diagnóstico resulta imperativo detenerse en esta premisa. La escuela no se configura como un espacio cualquiera.

Por el contrario, debería ser un lugar protegido, una frontera social y moral donde ciertas manifestaciones de violencia debieran carecer de legitimidad. Cuando dicha frontera se diluye, no solo se ve comprometida la convivencia escolar, sino que se pone en entredicho la noción misma de comunidad. Sería un error concebir la actual situación como un fenómeno novedoso.

Las señales de violencia en el entorno escolar se han venido acumulando a lo largo de los años, con frecuencia sin recibir una respuesta estructural adecuada. La transformación observada no reside tanto en la existencia de la violencia, sino en su intensificación, en su desinhibición y normalización, que en algunos casos su aproximación a repertorios de violencia son más propios del ámbito callejero y delictivo que del mundo educativo. En este contexto, surge una incomodidad que nuestra sociedad debe asumir con responsabilidad.

Los eventos que ocurren dentro de las escuelas no se encuentran aislados de los que se desarrollan en el exterior. Durante años, en diversos espacios —incluyendo el político— la violencia ha sido tolerada, relativizada o incluso justificada como una forma de expresión. Si bien las consecuencias de esta tolerancia no siempre son inmediatas, dejan huellas imborrables.

Se genera una ambigüedad respecto de los límites, una ambigüedad que termina permeando a las nuevas generaciones que aprenden, como lo han hecho históricamente, a través de la observación e imitación. En el contexto actual, donde la narrativa sobre la criminalidad organizada y sus efectos ha dejado de ser percibida como una exageración mediática para instalarse como un fenómeno social tangible, la relación entre violencia escolar y crimen organizado debe abordarse con cautela, pero sin ser desestimada como una posible derivada futura. No todos los episodios de violencia en establecimientos educacionales responden a dinámicas delictuales estructuradas ni a la acción directa de organizaciones criminales.

Sin embargo, comienza a observarse una conexión indirecta y en ciertos contextos, creciente, entre ambos fenómenos. Esta relación no es lineal ni evidente en la superficie, pero se expresa en formas más sutiles y profundas. La presencia del crimen organizado en alguna zona no solo introduce economías ilícitas: también reconfigura códigos culturales, aspiraciones individuales y mecanismos de reconocimiento social.

En ese entorno, la violencia en ocasiones es un lenguaje válido de poder, pertenencia y validación. Diversos informes metodológicamente levantados en Ecuador y en Chile advierten esta transformación. Cuando el Estado se debilita o se percibe como distante emergen formas de gobernanza extralegal que propician el uso de una violencia que se normaliza progresivamente como herramienta de resolución de conflictos o de afirmación identitaria.

Es en ese ecosistema donde niños, niñas y adolescentes observan esas dinámicas y comienzan, en algunos casos, a reproducirlas. Las escuelas ubicadas en entornos vulnerables, no permanecen ajenas a estas dinámicas. Pueden convertirse en espacios de validación simbólica o, en situaciones más complejas, en puntos de captación temprana para organizaciones criminales, destacando que este reclutamiento no siempre se lleva a cabo mediante la coerción.

En muchos casos opera a través de la seducción, ofreciendo pertenencia, reconocimiento, ingresos rápidos o simplemente una narrativa de poder atractiva en contextos de fragilidad social. A este factor se suma la circulación de armas, la cual agrava cualquier escenario. Su presencia, si bien no genera violencia por sí misma, la transforma radicalmente.

Conflictos que anteriormente podían resolverse verbal o físicamente escalan a niveles de letalidad significativos. La violencia se vuelve más difícil de contener, más impredecible y más devastadora. Reducir este fenómeno a problemas individuales de salud mental sería, por lo tanto, insuficiente.

La violencia escolar es, ante todo, un fenómeno social. Refleja normas debilitadas, adultos desbordados o ausentes, comunidades fragmentadas y entornos donde la violencia se instala como forma de interacción. Sin embargo, no partimos desde cero.

En Chile existe un extraordinario y profesional conocimiento acumulado, desarrollado a lo largo de los años por especialistas en convivencia escolar, prevención del bullying y fortalecimiento de comunidades educativas. Este saber no solo está disponible, sino que ha demostrado ser valioso. El desafío reside en que, con frecuencia, no se le presta la atención que merece o se priorizan otros enfoques en la educación escolar.

El reclutamiento temprano de niños y adolescentes no constituye un desenlace inevitable; es un proceso susceptible de interrupción mediante una actuación anticipada, coherente y decidida. La defensa de la escuela en la actualidad representa una tarea de suma urgencia, que implica la recuperación de la autoridad pedagógica, la restitución de normas claras, la implementación de estrategias de prevención temprana, el fortalecimiento los equipos de convivencia, establecer protocolos claros para la detección de riesgos y mantener un trabajo sostenido con las familias, pero también, algo no menor, la protección de quienes sustentan el espacio educativo en el día a día. Si bien las medidas de seguridad pueden ser necesarias en contextos específicos, siempre obedecerán a la lógica de respuestas reactivas y las medidas simbólicas, su implementación sin un acompañamiento de la reconstrucción comunitaria resultará siempre insuficiente.

En esencia, lo que está en juego no se limita a la seguridad dentro de los establecimientos educativos. Se trata de un asunto de mayor profundidad: la capacidad de una sociedad para resguardar sus espacios de formación y remplazo social frente a la expansión de la violencia. Esta responsabilidad no puede seguir siendo postergada.